martes, 11 de marzo de 2008

Los cuerpos policiacos violan los derechos humanos en México: EU

Según el documento, en México se cometen violaciones a los derechos humanos, sobre todo por parte de los cuerpos policiacos.

La Jornada On Line

Publicado: 11/03/2008 13:29

México, D.F. Un informe global sobre las violaciones a los derechos humanos elaborado por el departamento de Estado de los Estados Unidos, difundido este martes, consideró a México como un país en el que a pesar de promover el respeto a los derechos humanos, existen impunidad y corrupción, sobre todo a nivel estatal, y particularmente dentro de los cuerpos de seguridad, quienes, según el informe, llegan a actuar con independencia de la autoridad del gobierno.

Según el documento, en México se han reportado asesinatos por parte de elementos de seguridad, abuso psicológico, arrestos arbitrarios, corrupción, ineficiencia, falta de transparencia en el sistema judicial, intimidación contra periodistas, corrupción en todos los niveles de gobierno, violencia doméstica contra la mujer, tráfico de personas y discriminación social y económica contra indígenas.

La instancia estadunidense informó que como un primer pasó hacia la solución de estos problemas, el gobierno mexicano relevó a 284 mandos de la policía federal, incluyendo a los 34 jefes de las policías estatales, e implementó un riguroso entrenamiento y evaluación de los cuerpos policiacos.

 
 

Paramilitar y con rasgos neofascistas, el gobierno de Uribe: Comisión Intereclesial

México D.F. Martes 5 de agosto de 2003

Medios e Iglesia católica avalan la "mano dura" del mandatario colombiano

El Poder Ejecutivo y las fuerzas militares, fuertes; Legislativo y Judicial, debilitados

CARLOS FAZIO ENVIADO

Santafe de Bogota. La violencia y el terror no cesan y lo impregnan todo. La mención de los "violentos" y su contraparte "salvadora", las fuerzas armadas, es cotidiana en los medios masivos con un sentido uniforme y unidireccional en su manejo maniqueo: gobierno "víctima", guerrilla "culpable". Unanimidad peligrosa, de mercadeo de imagen y guerra sicológica, de culto al jefe del Ejecutivo, concentrada, sin disonancias, manipuladora. Que cuestiona al que protesta y lo estigmatiza como "izquierdista" o "subversivo", para luego aislarlo, anularlo o silenciarlo.

Sacrificados en el altar de la seguridad nacional, el desmonte de los derechos humanos es ostensible. Pero de eso no se habla y mucho menos se informa. Como tampoco tiene rango de noticia la destrucción cotidiana del tejido social. Una realidad con un alto saldo sonante y contable en víctimas de carne y hueso; de asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados de manera forzosa. De pérdidas, despojos y rupturas. De cifras escalofriantes que dibujan el escenario de una catástrofe humanitaria: 68 por ciento de la población (30 millones) vive en condiciones de pobreza absoluta y más de 11 millones bajo la línea de indigencia, es decir, no dispone del ingreso de un dólar diario. A ello se suma el desplazamiento forzoso de 2 millones 900 mil personas, no sólo como producto de la guerra, sino también de una estrategia oficial inscrita en una dinámica de control de población y territorial, como forma de concentración violenta de la tierra en manos de un puñado de terratenientes (1.3 por ciento de propietarios posee 48 por ciento de la tierra) y corporaciones multinacionales.

Todo eso forma parte de la otra guerra detrás de la guerra. La de la propaganda. Una guerra oculta que ha permitido al bloque de poder en Colombia, el Grupo Santo Domingo, emporio cervecero con ramificaciones en Perú y Panamá; el Grupo Sudamericana, propietario de los principales bancos con fuertes intereses en las industrias alimenticia, textilera y cementera, y al Grupo Aval, cuyo propietario, Luis Carlos Sarmiento, posee 25 por ciento del capital financiero del país, ir desarrollando una opinión pública contrainsurgente. Y, finalmente, poner en el puesto de mando al hombre que está concentrando todos sus esfuerzos en la promoción de la guerra y su ejercicio, y que prometió acabar con la insurgencia armada en 18 meses: Alvaro Uribe Vélez, el "aliado de Washington", a quien muchos definen ya como "presidente de los paramilitares".

Fujimorismo desembozado

Portadora de un pasado con aroma a narcotráfico, la gestión presidencial de Uribe (Medellín, 1952) nació en agosto del año pasado bajo el signo de un autoritarismo de nuevo tipo que él no tiene empacho en exhibir. En tan corto lapso ha sido, el suyo, un gobierno de "mano dura" que no permite presagiar nada bueno para los colombianos y que podría derivar en lo que algunas voces de la llamada sociedad civil no dudan en tipificar como un "Estado fascista" en ciernes.

Partidario de la "guerra total" contra los alzados de izquierda, Uribe persigue el exterminio o la derrota militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del debilitado Ejército de Liberación Nacional (ELN), o su rendición incondicional en una mesa de negociaciones. En forma paralela, y con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local, hace unas semanas firmó un acuerdo para la presunta desmovilización y regularización de los grupos armados derechistas integrados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que incluye a sus principales jefes militares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, prototipos del narcoparamilitarismo, cuya extradición ha sido pedida por Estados Unidos.

El gobierno de "manos libres" de Uribe, que no puede disimular cierto tufillo fujimorista, ha venido dando pasos firmes y constantes hacia un objetivo bien definido: la centralización del poder en el Ejecutivo, la potenciación de la fuerza militar, el debilitamiento progresivo de los poderes Legislativo y Judicial y la creación de un clima de miedo y terror permanentes. Apoyado en el estado de conmoción interna, una medida constitucional de carácter excepcional que recorta las garantías civiles y políticas y a cuyo amparo se ha venido legislando, Uribe busca trascender ahora hacia un régimen de seguridad permanente, el estatuto antiterrorista, que lo provea de las herramientas jurídicas y operativas para la guerra contrainsurgente y que a la vez salvaguarde la impunidad de las fuerzas armadas. Como botón de muestra, la iniciativa, que busca el fortalecimiento del fuero militar, convierte en actos de servicio cualquier delito cometido por integrantes del estamento castrense.

La lógica que permea la nueva política de "seguridad democrática" gubernamental, con eje en el "enemigo interno", tiene sustento en la vieja doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional y empata ciento por ciento con la "guerra al terrorismo" de la administración Bush. Hace unas semanas el Senado aprobó una iniciativa de reforma constitucional que permite a las fuerzas militares hacer arrestos y allanamientos, así como interceptar comunicaciones y correspondencia, sin orden judicial. A su vez, remedo de la ley patriótica estadunidense a la colombiana, el estatuto antiterrorista está dirigido a la construcción de una superestructura estatal de neto corte autoritario que busca consolidar la militarización de la sociedad.

Mano dura con agua bendita

Pero Alvaro Uribe no es un improvisado. Heredero de una de las familias de terratenientes más acaudaladas de Antioquia, fue alcalde de Medellín cuando el capo Pablo Escobar era el rey de la región y también gobernador de su estado natal, periodo en el cual organizó una red de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, identificada por los observadores locales como una forma encubierta de las autodefensas o grupos paramilitares de extrema derecha, adscritas a la lucha contrainsurgente bajo el patrocinio y control del ejército.

Para Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe está abocado a "la construcción de un Estado militar neofascista", en el marco de "un proyecto de guerra contrainsurgente" que abarca a toda la sociedad. En ese escenario, dice, el acuerdo firmado entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia forma parte de un plan para "normalizar" la estrategia irregular del "Estado paramilitar" que el mismo Uribe ayudó a crear hace varios años.

Por eso, a su juicio, "no se trata de una negociación. Negociación supone un diálogo entre dos partes. Pero esto es un monólogo. El Ejecutivo colombiano actual y las AUC son parte de un mismo cuerpo". Añade que el paramilitarismo constituye hoy un "poder político" con representación en el Congreso nacional (35 por ciento de los legisladores) y que tiene en el propio mandatario a su máximo exponente. Pero también constituye un "poder social", ya que con base en una dinámica de matanzas y violencia terrorista, seguida de políticas de "participación comunitaria" en los territorios "conquistados" bajo cobertura oficial, los paramilitares lograron "cooptar" sindicatos obreros y organizaciones campesinas, imponiendo finalmente "su ley y orden".

"Un poder paramilitar que también abarca la espiritualidad", dice Rueda, ya que con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local se viene impulsando desde el gobierno una política "de reconciliación con fórmulas de reparación del daño sui generis: el genocida pide perdón, estrecha la mano de su víctima y le pide trabajar juntos por el progreso. Esa es la reconciliación". De esa forma, "el alma, con sus anhelos y utopías, de quienes luchan por un proyecto de vida frente al proyecto de muerte gubernamental, es apropiada por una estrategia macabra dirigida contra toda la sociedad".

Una estrategia de "seguridad democrática" que fue bendecida por el cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal, el 7 de agosto de 2002, cuando tras su visita protocolar al Palacio de Nariño en el periodo de la transmisión de mando sentenció: "El país necesita mano dura". Monseñor Rubiano no hacía sino ratificar la posición de Roma, simbolizada en la misa de acción de gracias que celebró el cardenal Darío Castrillón, prefecto de una congregación vaticana, con la familia de Alvaro Uribe en Medellín, tras la victoria electoral del antioqueño.

Convertir a paramilitares en "soldados campesinos", la nueva fórmula de Uribe

México D.F. Miércoles 6 de agosto de 2003

Los acuerdos del presidente con las Autodefensas, otra fase del conflicto en Colombia

De escuadrones de la muerte, los paras pasaron a ser verdaderos ejércitos locales

CARLOS FAZIO ENVIADO

Bogota. Los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que actúan en Colombia los llaman la "contra" en alusión a los grupos campesinos irregulares entrenados, armados y financiados por Washington que operaron en Nicaragua contra el gobierno sandinista en los años 80. Ellos se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Son los paramilitares, vieja arma eficaz del terrorismo de Estado, que en este país evolucionaron de escuadrones de la muerte a verdaderos ejércitos locales que controlan territorios, haciendas, vidas y conciencias.

Hace dos semanas, el gobierno de Alvaro Uribe anunció la concreción de un acuerdo con las AUC, como un primer paso para iniciar una negociación con miras a desmovilizar a cerca de 13 mil paramilitares antes de 2005. Los paras han sido acusados de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, y varios de sus jefes militares, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, tienen pedido de extradición de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que, en principio, plantea un serio problema al plan "normalizador" de Uribe.

Sin embargo, existen elementos que indican que el presidente colombiano viene actuando con el consenso de Washington. No sólo porque desde un principio la embajadora saliente de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, anunció que su país financiará durante los dos primeros años la desmovilización de los paramilitares, sino porque en el origen mismo de las negociaciones aparece la mano de la central de inteligencia estadunidense. Entre marzo y mayo pasados, en una misión clasificada bajo el rótulo de "ultrasecreta", tres emisarios realizaron contactos directos con los principales jefes de las AUC a nombre de la CIA. El objetivo de la operación encubierta fue lograr una fórmula de acuerdo para desmovilizar a los principales grupos irregulares; la entrega de información sobre el negocio del narcotráfico (rutas de la droga, lavado de activos y nuevos jefes de la organización delictiva), y datos sobre la guerrilla de las FARC. A cambio de ello ofrecieron trasladar a Estados Unidos a los principales jefes "contras" y a sus familias.

Otra clave del asunto tiene que ver con la función que han cumplido hasta ahora esos grupos de violencia privada, como herramienta eficaz en las tareas de contrarreforma agraria, control de población y territorios y de la guerra sucia contrainsurgente dirigida por las fuerzas armadas contra el "enemigo interno". En ese sentido, grupos humanitarios y de la sociedad civil consideran que los "acuerdos" de Uribe con las AUC apuntan a una "legalización" y reconfiguración de los paramilitares como "soldados campesinos", la nueva fórmula impulsada por el mandatario colombiano con claras reminiscencias fujimoristas. El proceso abarcaría además una "normalización" de la estrategia irregular del Estado paramilitar en tránsito hacia un Estado militar de rasgos fascistas.

Reingeniería castrense made in USA

Lo anterior embona a su vez con los avances registrados por el Pentágono en sus labores de reingeniería militar en las fuerzas armadas locales, bajo la cobertura del Plan Colombia y con fondos millonarios de la Defensa y del Congreso estadunidenses. Estas actividades comprenden la formación bajo asesoría estadunidense y de empresas de "contratistas" (mercenarios) de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geoeconómica previstas para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrolera, hidroeléctricas, canal interoceánico, agroindustrias); la restructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio; el suministro de equipos militares, armamento, helicópteros, aparatos e infraestructura de aviación para apoyar vuelos de naves espías y de combate, provistas de radares aire a aire y de modernos equipos de comunicación y sistemas de imagen infrarroja (FLIR, por sus siglas en inglés) para operaciones nocturnas, así como el emplazamiento de una red de radares en tierra diseminados por todo el territorio colombiano.

El contexto se complementa con el presupuesto para la "guerra total" solicitado por Uribe al Congreso, como parte de un plan que comprende duplicar el número de soldados profesionales, el llamado a filas de reservistas y la vinculación de un millón de informantes pagos para actividades de inteligencia y lucha contra la "subversión"; los denominados "soldados campesinos", remedo de las "rondas campesinas" institucionalizadas por Alberto Fujimori en el Perú, con estatuto de "fuerzas complementarias" de las instituciones castrenses en la lucha contrainsurgente.

Es en ese contexto que se entiende la presunta desmovilización de parte de los paramilitares de las AUC, que habrán de disolverse en el millón de "amigos" de las fuerzas armadas, obteniendo impunidad por sus numerosos crímenes de lesa humanidad, con el agravante de que su actividad militar irregular estará legalizada.

Génesis del paramilitarismo

En la pasada coyuntura electoral colombiana, la red alternativa de comunicación Vientos del Sur formulaba una sugerente pregunta: "¿Cómo llegaron los escuadrones de la muerte al poder en Colombia?" La alusión implícita a Alvaro Uribe y a la adopción del paramilitarismo como programa de gobierno no dejaba lugar a dudas. ¿Pero cómo se dio ese fenómeno?

Existen varios estudios sobre el proceso de paramilitarización del actual Estado colombiano, pero muy pocos recogen un dato significativo: el origen de los paramilitares hay que buscarlo en 1962, dos años antes de la formación de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ese año, un análisis de inteligencia del Pentágono "identificó al Macizo Andino colombiano (eje del actual Plan Colombia) como un territorio clave. Y ya entonces, incluso antes de que surgiera la insurgencia armada en la región -dice el investigador Hernando Gómez-, el estudio recomendaba al ejército local la instalación allí de grupos de sabotaje y paramilitares".

Pero además, el surgimiento del paramilitarismo como una necesidad del Estado colombiano para el mantenimiento del statu quo en tiempos de guerra, está conectado con las políticas de seguridad diseñadas para América Latina por el presidente estadunidense John F. Kennedy, precisamente en 1962. En un discurso en la academia militar de Westpoint, Kennedy concluía: "Contrainsurgencia son aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, sicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva".

La práctica posterior del paramilitarismo, vía los escuadrones de la muerte y otras formaciones irregulares armadas, vino a demostrar que es una modalidad de guerra sucia de la contrainsurgencia clásica o su variable de guerra de baja intensidad. En Malasia y Kenia los ingleses crearon los Homes Guards; en Vietnam los estadounidenses utilizaron a los Boinas Verdes en su estrategia de guerra irregular dirigida a "ganar la mente y los corazones" de la población local; la región latinoamericana conoció los escuadrones de la muerte tipo la Triple A de Argentina o el Comando Caza Tupamaros de Uruguay en los 60, que fueron reconvertidos más tarde en Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala y El Salvador, pasando por la autodefensa popular en el Perú de Fujimori, institucionalizadas luego como Rondas Campesinas y Urbanas, del que se nutren las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta llegar a los grupos paramilitares de Chiapas (México), Máscara Roja, Paz y Justicia y Los Chinchulines.

Una definición más reciente de este accionar encubierto del Estado, indica que "paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de lo militar pero que al mismo tiempo la deforma, desvía o desnaturaliza. En su raíz más honda, el paramilitarismo se sustenta en la difumación de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias: el uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares subespecie civil sustentadas en la necesidad de oscurecer, encubrir, esconder, ocultar, de eludir responsabilidades, fingir identidades, disfrazar acciones, falsificar realidades, poner murallas a las investigaciones, imposibilitar esclarecimientos, confundir, engañar y obstruir la búsqueda de la verdad y obstaculizar la justicia; en otros términos, es de su esencia como ocurrió en la Alemania nazi establecer un imperio de Noche y Niebla" (red alternativa Viento del Sur).

Un elemento que hermana a todas las expresiones del paramilitarismo latinoamericano es que surgieron en el contexto de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, con eje en el "enemigo interno", lo que evidencia su conexión ideológica (ayer contra la "subversión comunista", hoy contra el "terrorismo") y operativa como miembros adscritos a las fuerzas armadas locales, ya sea que se proclamen paramilitares, autodefensas o grupos de justicia privadas. En todos los casos su función es confundir, ocultar o encubrir la responsabilidad del Estado y sus cuerpos de seguridad, de manera que su clandestinidad evite cualquier enjuiciamiento legal o ético del accionar gubernamental.

Atravesada por una guerra civil de 40 años, Colombia no es la excepción. Pero tal vez aquí, incluso con mayores grados de violencia y barbarie, es donde el paramilitarismo responde a una instrumentación intencional y planeada del Estado como modelo de desarrollo de carácter desintegrador de la sociedad. Un modelo que combina transformaciones de tipo económico fundamental en el agro, con una "reforma agraria" reaccionaria hecha desde el poder dominante y al servicio de sus intereses. Ahí deben incluirse los megaproyectos de las multinacionales amparados por el Plan Colombia, primos hermanos de los que están previstos en el Plan Puebla-Panamá para México y Centroamérica.


 

El conflicto colombiano, a un paso de la vietnamización

MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000

* Estados Unidos refuerza la ayuda antiguerrillera

* Por la vía de los hechos se intensifica la lucha contra la insurgencia

Carlos Fazio * Apenas arrancaba 1998, cuando el diario The Washington Post dijo que la Casa Blanca creía que el ejército colombiano podía perder la guerra contra la insurgencia. Analistas estadunidenses aseguraron entonces que la guerrilla controlaba 40 por ciento del territorio colombiano.

Durante un seminario organizado por la embajada estadunidense en Colombia, el coronel austriaco Edwin Micewsky, experto en liderazgo militar, expresó que ante la diversificación de grupos armados ese país podría quedar dividido en tres. La visión sobre el peligro de una fragmentación del Estado colombiano, en caso de que las autoridades no pudieran recuperar el monopolio de la fuerza, fue compartida por el general Paul Valleley, ex subcomandante del ejército de Estados Unidos en el Pacífico.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró que Colombia representaba "una amenaza mayor que Bosnia, pero recibe menos atención. Luego, la política (hacia Colombia) se define por residuo". Según el diagnóstico que entregó entonces al Congreso el jefe del Comando Sur, general Charles Wilhem, los militares colombianos care- cían de estrategia y liderazgo, no tenían moral, afrontaban problemas de indisciplina en sus filas y contaban con una inteligencia "terrible". Esa ev aluación estaba en la base del memorando de cooperación militar suscrito en diciembre de 1998 por el secretario de Defensa, William Cohen, y su homólogo colombiano, Rodrigo Lloreda.

En este contexto se inscribe el viaje que este miércoles comenzará en Colombia el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien desde 1997 comenzó a diseñar su propia agenda para esa nación sudamericana. Quizá el componente más significativo de la gira fue que el mandatario incluyó en su delegación a nueve congresistas, algo que rara vez suele hacer.

En la lista aparece el presidente del Congreso, Dennis Hastert, el tercer hombre más poderoso de Estados Unidos, a quien se le sumarán los republicanos Porter Goss, Bob Graham, Mike de Wine, Doug Bereutr y los demócratas Bill Delahunt, Jim Moran, Ruben Hinojosa y Joseph Biden. Ellos expresan el sello de la continuidad del proyecto intervencionista.

Desde 1997 Washington echó mano de la socorrida estrategia imperial del garrote y la zanahoria. En el plano diplomático apoyó las negociaciones de paz gobierno-guerrilla en Colombia y al presidente Andrés Pastrana. Pero en forma paralela el Pentágono fue alistando las condiciones para la guerra y colocando al conflicto interno colombiano al borde de una vietnamización.

Halcones y palomas

En diciembre de ese año, la "reunión secreta" entre emisarios del Departamento de Estado y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Costa Rica, exhibió esa doble vía que en Estados Unidos enfrenta a halcones y palomas. Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, dijo entonces que Washington no permitiría una Farclandia en los 42 mil kilómetros cuadrados de la zona desmilitarizada por el gobierno y la guerrilla, y condicionó la ayuda para el programa de erradicación de drogas la parte formal del Plan Colombia, que intenta encubrir sus fines contrainsurgentes a una "reinserción" de las FARC a la vida civil.

Romero encarna a los partidarios de la "zanahoria", que insisten en darle una oportunidad a la vía negociada. Allí alinean funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca que están a favor de mantener contacto directo con los diversos actores del conflicto armado y de participar de modo activo en las negociaciones, con algunas condiciones como la continuidad de la lucha antinarcóticos, resolver la situación de los ciudadanos estadunidenses secuestrados en Colombia y la obtención de garantías para las empresas e inversiones de aquéllos en ese país.

El grupo "guerrerista" lo integran republicanos de ultraderecha y la Secretaría de Defensa, y promueven la derrota militar de la guerrilla. A comienzos 1998, cuando Washington decidió convertir a Colombia en el tercer receptor mundial de ayuda militar, detrás de Israel y China, con 420 millones de dólares ese año, los estrategas del Pentágono avanzaron un paso más en su plan de recuperar la capacidad operativa del ejército colombiano.

Adam Isaacson, especialista en política de seguridad de la Universidad de Yale, afirmó que entre 1995 y 1999 la ayuda del Pentágono al ejército colombiano se había multiplicado por ocho. Dijo que 95 por ciento de la ayuda se destinó a ese cuerpo y a la Policía. Sólo 5 por ciento se aportó a desarrollo y otros rubros. Washington "está financiando la guerra en Colombia. Se optó por las armas en vez del desarrollo", concluyó. Pero James Zackrison, analista del Pentágono, argumentó que si no hay fuerzas armadas fuertes o "garrote en mano", se le está regalando el país a la guerrilla. Para él, la guerra o el "garrote" es el último instrumento de la diplomacia o la "zanahoria". Zackrison avala la teoría de la narcoguerrilla, que sirve para justificar el desvío de la ayuda antinarcóticos a la guerra contrainsurgente, lo que está prohibido por el Congreso.

El punto nodal del Plan Colombia como parte de la cooperación militar estadunidense que incluye armas, infraestructura de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente fue la creación de una fuerza de tarea aerotransportada para combatir a la guerrilla. Analistas de asuntos de inteligencia señalaron que las FARC no intervenían en el narcotráfico, pero permitían los cultivos ilícitos y el transporte de la mercancía. Por eso, congresistas y oficiales del Pentágono propusieron dejar de disfrazar la ayuda militar a Colombia bajo el rubro de "antinarcóticos" y declararla como ayuda contrainsurgente, por ser la guerrilla un "enemigo" para la seguridad nacional estadunidense. Esa posición no obtuvo un consenso inicial, pero se fue instrumentando por la vía de los hechos.

En enero de 1998, el diario colombiano El Espectador reveló que en breve llegarían al país 300 instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, un número indeterminado de expertos en sofisticados aparatos de "inteligencia electrónica" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y centenares de toneladas de equipo de artillería, transporte y guerra tecnológica.

Los diagnósticos sobre la guerra en Colombia coincidían en determinar que el ejército local no tenía capacidad para localizar al enemigo ni prevenir sus ataques debido a su poca movilidad y a la falta de equipo de "inteligencia electrónica" que le permitieran advertir la movilización de guerrilleros. Por eso, el paquete de ayuda militar incluye la utilización de aviones espías y vigilancia por satélite a las selvas de la Orinoquia y la Amazonia, que podrán proveer imágenes de calor e infrarrojas en las cuales se podrán identificar las concentraciones de combatientes de las FARC en la jungla y monitorear sus comunicaciones, incluyendo su localización.

Los integrantes del primero de los tres batallones de elite fueron seleccionados entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta con sede en la recuperada base militar de Tres Esquinas, en Caquetá, donde fueron instalados los receptores de señales que envíen los satélites, los aviones y las tropas de tierra, para constituir un comando de inteligencia que proporcionará información inmediata para y sobre el desarrollo de las operaciones.

Los asesores, "objetivo militar"

El entrenamiento de esa fuerza estuvo destinado a formar una unidad que tuviera capacidad para proteger desde tierra las operaciones aéreas de fumigación de cultivos ilícitos . Eso implicó consolidar posiciones en lo más profundo de la selva y fortalecer el control del ejército sobre el tránsito en los ríos amazónicos, actualmente en poder de las FARC. Tras dos años de preparativos, la tropa tiene una localización exacta de los guerrilleros en la selva, pero tendrá que enfrentarse en combate de tierra con ellos cuando busquen reagruparse o huir por los ríos, previo el ataque aéreo de aviones OV-10 Bronco o de helicópteros artillados Blackhawk, y serán recibidos en el río por lanchas de combate artilladas.

Hace dos años, un vocero de las FARC declaró al noticiero Caracol que los asesores norteamericanos eran considerados "objetivos militares". El 23 de julio de 1999, la caída del avión militar de espionaje estadunidense, Havilland RC-7, en la zona de Putumayo, en el sur colombiano, demostró que el Pentágono estaba interviniendo directamente en el conflicto. Desde marzo de ese año existían informes del Government Accounting Office (GAO, brazo investigativo del Congreso de Estados Unidos) sobre el suministro de inteligencia militar de Washington, vinculada con las actividades guerrilleras, a las fuerzas armadas colombianas.

Analistas de la Universidad Nacional dijeron que el involucramiento de Estados Unidos llevará a una vietnamización del conflicto interno colombiano. Según Adam Isaacson, el Pentágono quiere repetir el modelo de El Salvador. "Estados Unidos empezó a dar ayuda militar a ese país en 1979 (un millón de dólares diarios durante 1984) y la guerra terminó 13 años después. El gobierno no recuperó el área guerrillera, murieron 80 mil personas y hubo un millón de refugiados. Fue un empate en desangre. El Salvador es un mal ejemplo a seguir".

La Casa Blanca utilizó en El Salvador la política del garrote y la zanahoria. La doble vía política y militar. Tras el derrumbe del Muro de Berlín se han reducido de modo sustancial los conflictos de interés estratégico para Estados Unidos. A medida que otras guerras se solucionan, el conflicto colombiano adquiere importancia para el Pentágono, que justifica su enorme presupuesto en función de las guerras en que pueda participar. Sobre todo si se toma en cuenta que el Pentágono tiene la obligación de decirle al Congreso cuánto gasta, pero no en qué emplea el dinero.

domingo, 9 de marzo de 2008

Se escribe Uribe, se lee petróleo

Guillermo Almeyra

Una breve declaración de la Shell, la compañía petrolera angloholandesa, una de las Siete Hermanas, que fue publicada en Estados Unidos para los especialistas, nos da la clave de interpretación del ataque criminal contra el territorio ecuatoriano lanzado por el ejército de Colombia. Según ella, dada la previsible disminución constante de la producción petrolera mexicana, es esencial para la seguridad de Estados Unidos contar permanentemente con el abastecimiento en petróleo venezolano. Ahora bien, precisamente ése es el que está en peligro ante los intentos repetidos del gobierno de Washington de desestabilizar y derribar al de Hugo Chávez. Éste, en efecto, declaró ya con todas las letras –y no es hombre de fanfarronear– que si la agresión continuase y se agravese podría cortar el suministro petrolero a su principal cliente actual –Estados Unidos–, que es, además, el que ofrece más ventajas (un gran mercado, diferencias en los fletes, por ejemplo) que los demás.

Por eso, si el presidente derechista colombiano Álvaro Uribe provoca una situación bélica con Ecuador no es tanto para golpear militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino para dar un fuerte golpe político a la oposición de izquierda colombiana, que crece sin cesar, que no se identifica con las FARC ni con los métodos de éstas, que ya ha ganado las elecciones en Bogotá, Medellín, Cali, y que repudia los lazos de Uribe y del ejército con los paramilitares y, por medio de éstos, con el narcotráfico. Una de las razones de la incursión militar en Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, es la necesidad de cortar de raíz el movimiento por la liberación de los rehenes (incluidos entre éstos los que tiene en sus manos el gobierno, que ascienden a más de 500) y por un acuerdo político de paz entre el gobierno y las FARC. Este movimiento es mucho más peligroso que la fuerza militar del enemigo, tanto para los fascistas militares respaldados por Estados Unidos que quieren continuar la guerra y esperan ganarla utilizando una mayor represión, como también para los aventureros militaristas en las propias FARC.

Pero la razón esencial reside en el acatamiento a la voz del amo, la del gobierno de Estados Unidos. Porque el equipo estadunidense gobernante no puede entrar en una fase de recesión, que provocará inquietud social, con el abastecimiento petrolero dependiente del radicalismo de Chávez y con la perspectiva de que el precio del combustible sea cada vez más caro y no disminuya ni siquiera en el caso de que cayese el consumo. Además, la combinación de su crisis de hegemonía (el empantanamiento en Irak), de su crisis económica y de la crisis política (posibilidad de triunfo de los demócratas) crea una mezcla explosiva que la chispa venezolana podría ayudar a detonar. La Casa Blanca no se cansa de repetir en todos los tonos delenda est Caracas, delenda est La Habana. Como Catón, con su Carthaginem est delenda, no hay discurso de Bush en el que no hable de la necesidad de destruir la revolución cubana y, ahora, la bolivariana. Uribe es simplemente el instrumento de esa política provocadora y busca crear una situación de guerra en la región para justificar golpes de mano fronterizos, bombardeos (de aviones estadunidenses disfrazados de colombianos) e infiltraciones de saboteadores con el objetivo de ayudar a la burguesía venezolana, incluida la boliburguesía nueva y a la derecha de las fuerzas armadas de Venezuela para que den un golpe contra Chávez. Independientemente de los errores de la política económica de Caracas, las dificultades que enfrenta Venezuela, desde el desabastecimiento hasta el mercado negro y el aumento de la delincuencia, tienen su principal base en la desestabilización provocada e inducida, tal como sucedió desde la Revolución Francesa hasta hoy en todo proceso revolucionario.

En la OEA –¡nada menos que en esa organización que siempre ha sido el ministerio de colonias latinoamericanas de Washington!– el repudio al dúo Bush titiritero-Uribe marioneta descascarada ha sido demasiado grande como para que Bogotá pueda seguir adelante con sus matanzas y provocaciones. En lo inmediato, al hacer imposible la liberación de Ingrid Betancourt, ya resuelta por las FARC, Bogotá incluso se opone al gobierno francés, que es de derecha, pero de la derecha nacionalista, y su oposición al intercambio de rehenes alimentará la protesta militante de la oposición. Washington, que ha aplaudido el bombardeo a Ecuador, se mantiene incluso con una política de perfil bajo y podría dejar a Uribe como chivo expiatorio, contentándose con el reforzamiento del ala fascista del ejército colombiano. Una guerra en la que éste debiese combatir a la vez contra las FARC, contra Venezuela y contra el ejército ecuatoriano, fogueado hace poco en los combates victoriosos contra Perú, es muy poco probable. En cambio es previsible que siga la desestabilización del gobierno de Chávez (y también de los de Evo Morales y Rafael Correa) con otros medios más sutiles, y que el interlocutor de Washington en Colombia, mucho más que un Uribe desenmascarado y debilitado, sea la alianza militar-paramilitar-narcotraficantes, que es el factor de poder real en Bogotá. La lucha de la oposición civil colombiana por la paz, por una solución política al problema de los secuestrados por las FARC y de los presos políticos que tiene el gobierno en su poder, al concentrarse contra Uribe, podría permitir un recambio en el gobierno, para que todo siga igual, o sea, para que el bloque de clase político y social que hoy es representado por Uribe pueda seguir en el poder incluso sin éste, si las papas quemasen demasiado.

viernes, 7 de marzo de 2008

Aprueba el Senado la reforma judicial

■ Visto bueno a modificación de los diputados
■ El proceso en San Lázaro estuvo “viciado de inconstitucionalidad”, denuncia Rosario Ibarra
■ Es una “regresión en materia de derechos humanos”, acusan legisladores perredistas
Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Ampliar la imagen Los legisladores Gustavo Madero, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Melquiades Morales durante la sesión del Senado en la que se aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Antes de la votación, la senadora Rosario Ibarra denunció: aun cuando todavía no se aprueba esta ley, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a un jovencito que salió a comprar tortillas y a otros dos con los que se puso a platicar se los llevó la policía, acusándolos de delincuencia organizada Foto: Carlos Cisneros
El Senado aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia con la modificación que le hicieron los diputados, quienes eliminaron los allanamientos sin orden judicial.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una moción suspensiva para que la minuta no se discutiera porque, argumentó, “el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados está viciado de inconstitucionalidad por su deficiente tramitación”.
Insistió ante el pleno que en San Lázaro sólo se debió haber discutido sobre los cambios que se hizo al dictamen en Xicoténcatl; es decir, sobre la modificación del párrafo séptimo del artículo 16, pero “suprimió la totalidad del párrafo séptimo de dicho numeral. Con ello se viola lo dispuesto en el artículo 72 constitucional”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México rechazaron la moción.
“Crítica en serio”
El perredista Pablo Gómez advirtió en tribuna que con la aprobación de esas reformas “nos colocamos en contra del mundo en materia de inviolabilidad de los derechos fundamentales.
“Esto es un asunto muy grave, y nos va a llover la crítica muy en serio. Lo que está a punto de consumar esta reforma no es un asunto secundario.
“Este país va a penar como Estado, y la comunidad internacional va a preguntar dónde está la sociedad mexicana, que permite a su Parlamento ofender de esa manera derechos fundamentales, que ya se consideran inviolables en el mundo.”
Lo que se votaba, detalló, “no es una reforma producto de un proyecto general de seguridad pública y justicia, sino de algo que yo pudiera calificar como pliegos petitorios de las autoridades. La autoridad necesita aprehender sin orden de un juez, lo pide, y se le ha dado.
“El Ministerio Público, la autoridad policiaca, quiere meterse en cualquier parte sin orden judicial, y ese fue el punto que no se le concedió. La autoridad quiere poner en la Constitución el arraigo, que es el secuestro de posibles delincuentes para mantenerlos hasta por 80 días bajo interrogación e incomunicación, y se le concede.”
Con esa reforma, abundó el perredista, “el Ministerio Público, puesto de acuerdo con un juez, le puede suspender a cualquiera sus garantías, acusándolo de delincuencia organizada, y asociándolo con otras dos personas. Los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, y que son negados en la misma, de acuerdo con el arbitrio de la autoridad, constituyen una regresión, un paso atrás en la lucha en favor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos”.
El también senador perredista Ricardo Monreal aseveró: “estos cambios son una regresión en materia de derechos humanos, es una reforma incompleta, totalmente persecutoria de los derechos ciudadanos y de los individuos”.
Otro tema delicado es el de la extradición, “porque renunciamos a nuestra soberanía. Con la aprobación de esta reforma, los países con los que hemos suscrito convenios de extradición podrán solicitar a personas vinculadas con el crimen organizado para que sean juzgadas antes que en este país”, expresó.
La senadora del PT Rosario Ibarra denunció en tribuna que “aun cuando todavía no se aprueba esta ley, hoy jueves por la mañana me hablaron de Monterrey, de la colonia San Bernabé, en el municipio de San Nicolás de los Garza, adonde llegó el Ejército, la Policía Judicial en un operativo antinarco, y a un jovencito que, dijo su madre, salió a comprar tortillas y en el camino se puso a platicar con dos jóvenes, se los llevó la policía, como delincuencia organizada.
“Y se llevaron a 154 menores después, y también a adultos sin orden de aprehensión. Y cuando iba la familia a buscarlos, la policía les decía: ‘sí se los lleva, si paga 500 pesos de multas’”.
Por Acción Nacional, el senador Ulises Ramírez subió a la tribuna para justificar la reforma.
Expuso: “¿por qué en el PAN estamos en favor? Primero, porque señalamos que estábamos dispuestos a ir a una reforma constitucional que diera mayores facultades al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada, a los cuerpos policiacos, al Ministerio Público, y lo hicimos, pero siempre bajo la premisa de no violentar las garantías individuales de los mexicanos”.
El PRI no se atrevió a ir a la tribuna, sólo votó en favor.

Uribe sabía que las FARC iban a liberar a Ingrid Betancourt y a 11 rehenes: Correa

■ El presidente nicaragüense Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Colombia

■ El mandatario ecuatoriano pide en Managua al grupo insurgente liberar sin condiciones a los rehenes
Afp, Dpa, Pl y Reuters
Ampliar la imagen Los mandatarios Daniel Ortega y Rafael Correa, después de una reunión en la casa presidencial de Managua Foto: Reuters
Ampliar la imagen Hugo Chávez recibe en la residencia oficial de Caracas a la presidenta Cristina Fernández Foto: Reuters
Managua, 6 de marzo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó hoy que su par colombiano Álvaro Uribe “sabía” que en marzo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iban a liberar a 12 rehenes, entre ellos a Ingrid Betancourt, y calificó de “bajeza” su operativo militar en suelo ecuatoriano, en el que fue abatido el líder guerrillero Raúl Reyes.
Correa hizo estas declaraciones durante una visita de cuatro horas a Nicaragua, en la que el presidente Daniel Ortega anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, en solidaridad con Ecuador y ante las “amenazas” de Bogotá en una disputa marítima que mantienen en el Caribe por la soberanía de las islas San Andrés.
“Lo sabía y utiliza esos contactos para montar esta tramoya y hacer creer al mundo que esos contactos eran de tipo político y de apoyo a las FARC, y con eso justificar y tirar una cortina de humo sobre su acción injustificable”, explicó Correa en conferencia previa a su encuentro con el presidente nicaragüense, en la que también demandó a las FARC liberar sin condiciones a los rehenes que pretende canjear por 500 rebeldes presos.
Más aún, el gobernante ecuatoriano señaló que su país “no limita con el Estado colombiano sino con las FARC”, en alusión a que esa organización guerrillera controla vastas regiones del territorio sur de Colombia.
Francia confirmó que estaba al tanto de tales contactos de Ecuador con las FARC para liberar a un grupo de 12 rehenes, incluida la colombo-francesa, admitió el embajador francés en Quito, Didier Lopinot.
En ese contexto, mientras el ejército ecuatoriano sumaba 23 víctimas del ataque colombiano al campamento de las FARC tras el hallazgo de otro cadáver, Quito ratificó que se trató de una matanza y sostuvo que al menos 20 de los cuerpos muestran evidencias de haber sido rematados con tiros en la espalda.
Colombia usó al menos cinco “bombas inteligentes” de las que empleó Estados Unidos para matar en Ecuador al número dos de las FARC, Raúl Reyes, lanzadas con aviones a gran velocidad y sin descartar la intervención de alguna agencia estadunidense, dijo el ministro ecuatoriano de Defensa, Wellington Sandoval.
Ortega, tras conversar y almorzar con Correa, sorprendió con su “solidaridad incondicional” con el ecuatoriano al anunciar que “estamos rompiendo con la política terrorista del gobierno de Álvaro Uribe, no con el pueblo colombiano”.
El mandatario nicaragüense, quien dijo no estar satisfecho con la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) por no darse una “condena clara” en torno al tema, afirmó sin embargo que “los latinoamericanos estamos dispuestos a contribuir” en favor de la paz, abogando por una iniciativa regional al estilo del Grupo Contadora de la década de los años 80 en Centroamérica.
Añadió que para el restablecimiento de relaciones con Nicaragua, Colombia deberá abstenerse de incursionar en países vecinos, y además respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación al diferendo marítimo bilateral.
Correa agradeció “profundamente al gobierno y al pueblo nicaragüense” por este gesto, y antes de proseguir su gira a Panamá exigió una “condena clara” de la OEA y del Grupo de Río, que se reunirá en República Dominicana este viernes, y reiteró su llamado a las FARC a liberar a los rehenes sin condiciones.
En medio de esta disputa, en la que Ecuador afirma que desde 2004 su ejército ha destruido unos 117 campamentos de las FARC, el gobierno ecuatoriano consideró absurdo que Estados Unidos dé crédito a la denuncia de Colombia de implicar a Quito en lazos con la citada guerrilla cuando Washington debería actuar “con equidad” en esta crisis.
En Caracas, el presidente venezolano Hugo Chávez recibió a su colega argentina Cristina Fernández, y ambos pidieron acciones a la OEA para que no se repitan incursiones como la ocurrida contra la soberanía e integridad de Ecuador. Además, abogaron por la liberación de los cautivos en poder de las FARC.
Chávez negó haber hecho una llamada a Reyes, que habría permitido su localización para aniquilarlo, y calificó de “risible” la pretensión de Bogotá de acusarlo de apoyo a “genocidas” ante la Corte Penal Internacional. Dijo que le hubiera gustado tener comunicación directa con la guerrilla, pero no era el caso.

lunes, 3 de marzo de 2008

Ecuador expulsa al embajador colombiano y despliega tropas en la frontera norte


■ Rechaza el presidente Correa las disculpas de Uribe por la violación de su espacio aéreo
Ecuador expulsa al embajador colombiano y despliega tropas en la frontera norte
■ Tres guerrilleras sobrevivientes del ataque del sábado, bajo resguardo de Quito; una es mexicana
Afp, Reuters, Dpa y Pl

Quito, 2 de marzo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció esta noche la expulsión del embajador colombiano Carlos Holguín, el retiro de su representante diplomático en Bogotá, Francisco Suescum, y el traslado de tropas a la frontera norte, tras rechazar la disculpa del vecino país por la violación de su territorio y espacio áereos, el sábado, en un operativo militar que cegó la vida del dirigente guerrillero Raúl Reyes.
En un mensaje televisado a la nación, Correa informó que su gobierno pidió la convocatoria inmediata del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
“En esta ocasión no será suficiente una disculpa diplomática del gobierno de Bogotá. Exigimos compromisos firmes y formales ante la comunidad internacional, que garanticen que no se repetirán estos inaceptables hechos”, sostuvo Correa.
Correa habló durante el día con sus homólogos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de los secretarios de la OEA y de la CAN.
“He compartido con ellos la gravedad de la situación y he planteado la elaboración conjunta de una propuesta dirigida a impedir la internacionalización del conflicto colombiano”, precisó.
Más temprano, fuentes militares ecuatorianas informaron del rescate de tres guerrilleras de las FARC –una de ellas mexicana, estudiante de filosofía, cuyo nombre no fue revelado– en la zona de la incursión, en la provincia amazónica de Sucumbíos. La línea limítrofe tiene una extensión de casi 600 kilómetros.
Las tres combatientes, vestidas con ropa deportiva, están “heridas, pero estables” y fueron llevadas a instalaciones médicas militares en Lago Agrio, capital de la provincia, y posteriormente a Quito.
Las decisiones del gobierno de Correa no significan la ruptura bilateral, según explicó una fuente diplomática ecuatoriana, pero llevaron las relaciones a su nivel más bajo. En las primeras horas de este domingo, Quito señaló que su embajador sólo había sido llamado a consultas, pero por la tarde la cancillería rectificó y señaló que Suescum fue retirado por tiempo indefinido.
De forma paralela a las acciones diplomáticas, una comisión ministerial acudió a Sucumbíos para evaluar lo sucedido.
Los ministros de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y de Defensa, Wellington Sandoval, dijeron que uno de los asuntos de relevancia es “saber con exactitud qué tipo de armas” se utilizaron en la operación.
Sandoval informó que en el momento del ataque no había patrullas del ejército en esa zona “muy recóndita de la selva” y describió el hecho como “el atentado más grave contra la soberanía ecuatoriana cometido por Colombia, al menos en lo que va del siglo”.
Desde enero de 2007, al inicio del gobierno de Correa, Quito se ha quejado en dos ocasiones por las fumigaciones antidrogas en la zona limítrofe y otras dos veces por la incursión de tropas en territorio ecuatoriano.
Larrea indicó a su vez que los 15 cadáveres hallados en la zona del bombardeo, conocida como Angostura, fueron trasladados a la localidad amazónica de Sucumbíos. Ahí mismo, los soldados ecuatorianos encontraron 25 fusiles.

MAPA GEOPOLÍTICO del OLAG

MEDIATICO

PRENSA LATINA