viernes, 3 de octubre de 2008

Justicia, verdad y reparación, 40 años de demanda al Estado

México D.F., 2 de octubre de 2008 (Cencos).- La obligación del Estado
mexicano a reparar los daños causados por la masacre de estudiantes y
activistas el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco,
continúa vigente ya que cumplir con los derechos de los agraviados así como de
la sociedad mexicana en general es una deuda infranqueable para conseguir
justicia.
>
> Aunque los cientos de hombres y mujeres caídas cuando se manifestaban en esa
> plaza hace 40 años no pueden ser revividos, "el Estado tiene otras formas de
> reparar el daño, ya no sólo de forma económica, ya que lo puede hacer
> mediante una disculpa pública a la persona afectada o por medio de la
> construcción de escuelas o monumentos con el nombre de la víctima", dijo en
> 2004 en el Seminario sobre la Reparación de Daño a Víctimas del Delito y
> Reparación Integral del Daño a Víctimas de Violación a los Derechos Humanos,
> Juan Carlos Gutiérrez, entonces director general del Programa de Cooperación
> sobre Derechos Humanos entre México y la Comisión Europea de la Secretaria de
> Relaciones Exteriores.
>
> En primera instancia el Estado debe hacer público su reconocimiento de
> responsabilidad institucional por los hechos del 2 de octubre de 1968 y en
> consecuencia presentar una disculpa pública por su actuación represiva en
> aquella lamentable fecha.
>
> Otras acciones que ayudan a dar justicia a crímenes del pasado son la
> transparencia en los archivos de los cuerpos de seguridad pública y militares
> que actuaron en contra del movimiento estudiantil y la formación de Comisiones
> de la Verdad que ayuden a la reconstrucción histórica de un evento aún con
> muchas dudas por despejar.
>
> Estas comisiones, establecidas en otros casos de terrorismo de Estado en el
> mundo, "son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades
> que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a
> enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y
> traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el
> futuro cercano", se señala en el glosario de términos de derechos humanos
> publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la
> Universidad Iberoamericana.
>
> Otras obligaciones que el Estado debe cumplir son aquellas a las cuales este se
> comprometió en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
> Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el
> Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones
> resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 y
> que fue impulsada por nuestro país.
>
> Entre los adeudos del Estado con los estudiantes y activistas afectados en sus
> derechos desde hace 40 años, y firmados en estos Principios y Directrices
> destacan: el derecho a la restitución de los afectado a sus condiciones previas
> a la violación de sus derechos, cuando sea posible; derecho a la
> indemnización; a la rehabilitación; a la satisfacción y a obtener garantías
> de no repetición del hecho.
>
> El derecho de cualquier sociedad a conocer la verdad de su pasado es un bien
> que debe ser perseguido desde los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los
> medios de comunicación como parte de su responsabilidad social. Se trata de un
> bien global que debe ser simultáneamente disfrutado por las víctimas y sus
> familiares, por la sociedad en la que viven y por el conjunto de naciones
> civilizadas, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte
> Interamericana de Derechos Humanos.
>
> Confirmando su modo de actuar frente a este tipo de fenómenos sociales, el
> Estado mexicano nuevamente se muestra como impulsor de medidas internacionales
> que en su política interna están lejos de aplicarse. En casos como el del 2 de
> octubre de 1968 o el del halconazo el 10 de junio de 1971, o el posterior
> periodo de guerra sucia contra la población, se falla en garantizar el derecho
> a las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones.
> Incluso en el poder Legislativo se han alcanzado puntos de acuerdo como el
> presentado el 11 de junio de 2008, "sobre la situación de impunidad que
> prevalece en los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el
> pasado" emitido en el marco de los 37 años del halconazo. En este se asienta
> que "internacionalmente ha sido reconocido que en el caso de violaciones
> graves de los derechos humanos, el Estado tiene las siguientes obligaciones:
> obligación de investigar y dar a conocer los hechos que puedan establecer
> fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables
> (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales
> ocasionados (reparación); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad
> a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de
> fuerzas de seguridad dignas de un estado democrático)[...] Sin embargo, en
> México, nada de lo anterior ha sido impulsado, pero sí en muchas ocasiones
> retrasado y obstaculizado desde diversos sectores políticos y
> gubernamentales".
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> A 40 años, en la memoria social se suman a la falta de justicia por parte del
> Estado acciones que garantizan la impunidad de los culpables, en vez de los
> derechos de las victimas. Se recuerda en el actual sexenio actos de impunidad
> como la condecoración, por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional y con
> el apoyo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, a Arturo Acosta Chaparro,
> general responsable de violaciones de lesa humanidad durante la guerra sucia.
> También, la falta de juicios a los altos mandos responsables de la masacre en
> la plaza de las Tres Culturas, entre ellos el difunto ex presidente Díaz Ordaz,
> Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces secretario de Gobernación, y los
> altos mandos del Ejército mexicano implicados en la represión estudiantil.
>
> Centro Nacional de Comunicación Social AC

Justicia, verdad y reparación, 40 años de demanda al Estado

México D.F., 2 de octubre de 2008 (Cencos).- La obligación del Estado mexicano a reparar los daños causados por la masacre de estudiantes y activistas el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, continúa vigente ya que cumplir con los derechos de los agraviados así como de la sociedad mexicana en general es una deuda infranqueable para conseguir justicia.

Aunque los cientos de hombres y mujeres caídas cuando se manifestaban en esa plaza hace 40 años no pueden ser revividos, “el Estado tiene otras formas de reparar el daño, ya no sólo de forma económica, ya que lo puede hacer mediante una disculpa pública a la persona afectada o por medio de la construcción de escuelas o monumentos con el nombre de la víctima”, dijo en 2004 en el Seminario sobre la Reparación de Daño a Víctimas del Delito y Reparación Integral del Daño a Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, entonces director general del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos entre México y la Comisión Europea de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

En primera instancia el Estado debe hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por los hechos del 2 de octubre de 1968 y en consecuencia presentar una disculpa pública por su actuación represiva en aquella lamentable fecha.

Otras acciones que ayudan a dar justicia a crímenes del pasado son la transparencia en los archivos de los cuerpos de seguridad pública y militares que actuaron en contra del movimiento estudiantil y la formación de Comisiones de la Verdad que ayuden a la reconstrucción histórica de un evento aún con muchas dudas por despejar.

Estas comisiones, establecidas en otros casos de terrorismo de Estado en el mundo, “son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano”, se señala en el glosario de términos de derechos humanos publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana.

Otras obligaciones que el Estado debe cumplir son aquellas a las cuales este se comprometió en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 y que fue impulsada por nuestro país.

Entre los adeudos del Estado con los estudiantes y activistas afectados en sus derechos desde hace 40 años, y firmados en estos Principios y Directrices destacan: el derecho a la restitución de los afectado a sus condiciones previas a la violación de sus derechos, cuando sea posible; derecho a la indemnización; a la rehabilitación; a la satisfacción y a obtener garantías de no repetición del hecho.

El derecho de cualquier sociedad a conocer la verdad de su pasado es un bien que debe ser perseguido desde los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los medios de comunicación como parte de su responsabilidad social. Se trata de un bien global que debe ser simultáneamente disfrutado por las víctimas y sus familiares, por la sociedad en la que viven y por el conjunto de naciones civilizadas, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Confirmando su modo de actuar frente a este tipo de fenómenos sociales, el Estado mexicano nuevamente se muestra como impulsor de medidas internacionales que en su política interna están lejos de aplicarse. En casos como el del 2 de octubre de 1968 o el del halconazo el 10 de junio de 1971, o el posterior periodo de guerra sucia contra la población, se falla en garantizar el derecho a las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones.
Incluso en el poder Legislativo se han alcanzado puntos de acuerdo como el presentado el 11 de junio de 2008, “sobre la situación de impunidad que prevalece en los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado” emitido en el marco de los 37 años del halconazo. En este se asienta que “internacionalmente ha sido reconocido que en el caso de violaciones graves de los derechos humanos, el Estado tiene las siguientes obligaciones: obligación de investigar y dar a conocer los hechos que puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados (reparación); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignas de un estado democrático)[...] Sin embargo, en México, nada de lo anterior ha sido impulsado, pero sí en muchas ocasiones retrasado y obstaculizado desde diversos sectores políticos y gubernamentales”.

A 40 años, en la memoria social se suman a la falta de justicia por parte del Estado acciones que garantizan la impunidad de los culpables, en vez de los derechos de las victimas. Se recuerda en el actual sexenio actos de impunidad como la condecoración, por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional y con el apoyo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, a Arturo Acosta Chaparro, general responsable de violaciones de lesa humanidad durante la guerra sucia. También, la falta de juicios a los altos mandos responsables de la masacre en la plaza de las Tres Culturas, entre ellos el difunto ex presidente Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces secretario de Gobernación, y los altos mandos del Ejército mexicano implicados en la represión estudiantil.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

domingo, 31 de agosto de 2008

OSC reclaman exclusión de los derechos humanos en el tema de Seguridad Pública

Boletines de Prensa | Difusión Cencos 

México D.F., 28 de agosto de 2008 (Cencos).- Representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos urgieron a que se identifique el tema de la seguridad pública con el del respeto a los derechos humanos ya que estos son necesariamente complementarios. 

“El tema de la seguridad publica hoy no se identifica con los grupos de derechos humanos, son otros los sectores sociales que lo encabezan y son dirigentes visibles; para nosotros es importante abrir un proceso de diálogo con estas otras organizaciones”, dijo Edgar Cortez Morales, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos, que integra a 52 organismos.

En conferencia de prensa donde también estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., el director de este último, Miguel Concha Malo, aclaró que “estamos preocupados en primer lugar porque el tema de derechos humanos quedó muy relegado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad la Legalidad y la Justicia, solamente hay dos menciones”.

En el punto XXVII del acuerdo firmado por representantes del Ejecutivo a nivel federal y estatal así como por otros actores con fuerte presencia política y económica, sólo se identifica el tema de derechos humanos cuando se comprometen a “incluir en los programas de estudio [de los cuerpos de seguridad] la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia”, y la otra mención corresponde al punto LXVI donde las asociaciones religiosas deberán fomentar los mismos temas.

En La seguridad que queremos, documento redactado por las OSC defensoras de Derechos Humanos, se señala que “el tema de la seguridad pública ha dado lugar a la percepción de que las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos son contrarias a los intereses de las víctimas de delitos” y que el enfoque y definición de seguridad pública que se da en el Acuerdo y en acciones como las próximas megamarchas “manifiesta la concepción de seguridad como un instrumento de limitación de derechos, algo de eso ya aparece en la reforma constitucional penal publicada en el Diario Oficial el 18 de junio pasado”.

Edgar Cortes también abundó en que “la preocupación [de la sociedad civil organizada] está en la ausencia de el tema y la perspectiva de los derechos humanos y no sólo en la reunión [del Consejo Nacional de Seguridad Pública]; a fin de cuentas, la reunión marca un plan o programa de trabajo [el Acuerdo] y lo que preocupa es que en ese plan el tema de derechos humanos está ausente, y está ausente en asuntos en los que hay numerosos instrumentos internacionales que el gobierno mexicano a suscrito y ratificado y que lo obligan, entre otras muchas cosas a garantizar acceso a la justicia en el caso de las víctimas, reparación del daño, cambios necesarios para que esto no continúe sucediendo”, subrayó.

Esta postura donde se aísla a los derechos humanos como parte inseparable y condicionante de la seguridad pública se suma a “una característica del actual gobierno federal en relación al tema de los derechos humanos que ha sido la de minimizar el tema, no darle relevancia”.

También, Rocío Culebro Bahena, del IMDHD, dijo al respecto de la propuesta para integrar un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Ciudad de México que las OSC de derechos humanos “si queremos participar, sí tenemos cosas que decir”.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Apela el FPDT nuevas sentencias de detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006

Boletines de Prensa | Comunicados Cencos | ultimas 

México D.F., 29 de agosto de 2008 (Cencos).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), así como familiares de las y los luchadores sociales detenidos en el Penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, y en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, expresaron su repudio ante las sentencias a los detenidos durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

El 21 de agosto pasado, el juez primero penal de primera instancia de Texcoco, sentenció a 11 activistas del FPDT a casi 32 años de prisión, así como a 45 años a Ignacio del Valle, con lo que este último, líder del Frente, suma más de 112 años de reclusión.

Días después, Patricia Romero Hernández, comerciante de Texcoco, así como su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías, fueron sentenciados por el juez tercero a más de 3 años por los delitos de “ultrajes y lesiones”, que podrán alcanzar una fianza de alrededor de 50 mil pesos, ya que el Ministerio Público desistió de a la revisión, por lo que saldrán en libertad tras cubrir la fianza decretada en la sentencia.

Acompañados por Juan de Dios Hernández Monje, abogado defensor integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, y Javier Enríquez Sam, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, hicieron notar la ironía de que se acuse a muchos de los detenidos de “secuestro equiparado” cuando en realidad los propios detenidos fueron los secuestrados a manos de los elementos de seguridad pública.

Maribel Ramos Rojas, familiar de Patricia Romero, Arturo Sánchez y Raúl Romero Macías, detenidos mientras comerciaban el día del operativo policial en el mercado de Texcoco, pidió ser escuchada en sus quejas al igual que lo fue el empresario Alejandro Marti por el secuestro de su hijo, “él por ser un gran empresario y tener el dinero para poder hacerse escuchar. De la misma manera yo pido castigo para esos verdaderos secuestradores que matan, asesinan y torturan” dijo refiriéndose a “los policías protegidos por los altos mandos”.

Ante estos fallos del poder Judicial, la defensa de los detenidos, encabezada por Hernández Monje, dio a conocer que ya han apelado las sentencias a Del Valle y los otros 11 detenidos, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sin embargo, aunque siguen los procedimientos legales, aclaró que no confían en lo absoluto en el poder judicial e incluso explicó que en el Estado de México “hay una dependencia absoluta del poder Judicial respecto del Ejecutivo… de hecho si ustedes van a cualquier juzgado del Estado de México encontrarán que las oficinas de los jueces las presiden fotografías del pequeño dictador”, dijo refiriéndose a Enrique Peña Nieto, gobernador de dicha entidad.

Por su parte Enríquez Sam, recordó que los procesos a los y las luchadores sociales detenidos en San Salvador Atenco son “procesos plagados de irregularidades, de pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los derechos fundamentales plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México”. 

Los caminos que se siguen por la vía jurídica derivados de la represión a las movilizaciones sociales en la región Atenco-Texcoco, son parte de una estrategia de criminalización de la protesta social, “las sentencias se deben interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado. No se acepta la disidencia política y social en este país; en este sentido, [las sentencias] siguen la mima lógica de la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, la tortura procura intimidad y castigar a los detenidos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes”.

Aunado a la apelación de las sentencias, Nelly Gochicoa, madre de Héctor Galindo, detenido en El Altiplano, anunció que demandó a Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “puesto que a más de dos años de la represión argumentó que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Hernández al haber ordenado su traslado y permanencia al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano; sin embargo, no le dio efectos resolutivos a su resolución solicitando el traslado de los presos a un penal estatal lo que contraviene los principios para lo que fue creada esa institución”.

Ante la situación, el FPDT, a través de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, llamó a la movilización social ya que estos dos años de pasividad poco han servido para que se haga justicia ante la sistemática violación de derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

jueves, 21 de agosto de 2008

Dan a Ignacio del Valle 45 años más de prisión; a otros 10 integrantes del FPDT, más de 30


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México D.F., 21 de agosto de 2008 (Cencos).- El juez Jorge Alberto Cervantes del Juzgado Primero de lo Penal ubicado en el Reclusorio Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, por el delito de secuestro y ataque a las vías de comunicación. Con esta nueva sentencia, suman ya 112 años de prisión para el luchador social recluido en el penal de alta seguridad de Altiplano.

Además, sentenció con más de 30 años a otros 10 integrantes del FPDT, todos ellos recluidos en el penal de Molino de Flores desde su detención tras los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Antes del fallo se dio un despliegue policiaco en los alrededores del penal, en la carretera que lleva al mismo así como en la comunidad de San Salvador Atenco y en el campamento permanente del FPDT afuera del penal, donde llegará en próximas horas una marcha de la organización.

Ante esta delicada situación, los integrantes del FPDT han asegurado que esta injusticia no los hará callar y seguirán denunciando la falta de justicia para sus compañeros así como la violación a los derechos humanos de los hombres y mujeres que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad publica de todos los niveles de gobierno, afirmó Maria Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle,

La condena de 67 años que actualmente purga Ignacio del Valle en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se debió al delito de secuestro equiparado por la retención de funcionarios de gobierno entre febrero y abril de 2006 y fue imputada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El FPDT surgió en 2001 cuando el entonces presidente de la República, Vicente Fox, intento expropiar las tierras ejidales de dicho municipio para la construcción de un aeropuerto internacional sin consultar a la población de la zona Texcoco-Atenco que serían afectados y esgrimiendo argumentos como “se sacaron la lotería”.

Ante este intento de despojo por parte del gobierno mexicano los y las pobladoras de la región se organizaron en el FPDT e impidieron el avance del proyecto. Más tarde, en mayo de 2006, la organización apoyó las protestas de un grupo de floricultores y cerró una carretera federal. Ante esto hubo una reacción desmedida por parte de las fuerzas de seguridad pública que tuvo como desenlace la muerte de dos estudiantes, la detención, tortura (física y psicológica) de hombres y mujeres, activistas y defensores de derechos humanos.

En un marco de discusión pública sobre la crisis de la seguridad y el acceso a la imparticion de justicia en México, este hecho deja claro que la justicia no ésta diseñada para aquellos y aquellas que disienten de las decisiones de gobierno, y que son castigados y castigadas utilizando el marco del estado de derecho desde el cual se vulneran los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

El uso de seguridad privada en infraestructura estratégica violaría derechos humanos: CESP


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México D.F., 21 de julio de 2008 (Cencos).- Poner en manos de compañías privadas la seguridad pública, implica la violación del derecho humano a la seguridad, sostuvieron expertos del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde se presentó el estudio La invasión de empresas militares privadas como parte de la privatización petrolera.

“La seguridad es un derecho fundamental del ser humano, y la seguridad nacional es la conjunción de ese derecho individual transformado en colectivo, nosotros no podemos poner en riesgo el derecho de la seguridad para convertirlo en una mercancía” dijo José Suárez del Real, integrante del consejo consultivo del CESP durante el evento donde también se dio a conocer al CESP como organismo de la sociedad civil.

Adolfo Miranda, presidente del CESP, presentó dos escenarios posibles bajo los cuales se podría privatizar la seguridad publica en México. El primero supone la llegada de las compañías contratistas en su mayoría estadounidenses (Blakwater, Kellogh, Brown and Roth, Globlal Risk, Skycoleman, Dincorp, también llamadas de mercenarios) para asumir la protección de infraestructura estratégica vinculada al petróleo de aprobarse la reforma energética actualmente en discusión, para después ocupar otros ámbitos de la seguridad publica mexicana; el segundo y menos probable, es que se implantará un modelo como el que actualmente opera en Ecuador donde la trasnacional española Repsol contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano para que asumiera la función de vigilar sus instalaciones desvirtuando así el propósito de la institución militar en aquel país debido a que responden a las órdenes de la empresa petrolera extranjera y no a los intereses de su nación.

Ninguno de estos escenarios “son compatibles con el estado democrático de derecho”, aclaró Miranda, “por que no es legítimo que un ciudadano de un país interfiera militarmente en otro país sin el control del gobierno, es decir, hay una discusión en el escenario público de qué se hace con la fuerza civil, la fuerza la usa y la utiliza quien la puede pagar y así se protegen los intereses privados sin respetar la ley”.

Bajo ese escenario ya se pueden identificar casos de actividades de este tipo de empresas en nuestro país. Este mes se expuso en medios de comunicación el entrenamiento en tortura que recibían cuerpos de la policía de León, Guanajuato, por parte de la empresa Global Risk, y en agosto de 2007 un diputado veracruzano filtró que se pretendía contratar a las empresas Skycoleman Co. y Blakwater para vigilar infraestructura en el puerto de Veracruz. Además, este último grupo de seguridad militar privada inició el mes pasado operaciones de adiestramiento de un equipo Swat en San Diego, Estados Unidos, a sólo 500 metros de la frontera con México.

A estos casos se suman la contratación para la vigilancia de algunos ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por parte de la Compañía Logística de Hidrocarburos, cuya casa matriz se localiza en España, sin importar que según la Ley de Seguridad Nacional se designe esta función a los cuerpos de seguridad nacional y que de hecho la Gerencia de Seguridad Física de la paraestatal esté a cargo tradicionalmente del Ejercito Mexicano.

Esto resulta preocupante además por que México tampoco cuenta con leyes que puedan regular esta actividad mercenaria internacional “está mucho menos regulada de lo que está en EU. En México no tenemos absolutamente ninguna disposición en materia de compañías privadas de seguridad militar […], no hay ningún control o mecanismo con respecto a estas empresas”, aclaró Victoria Unzueta, asesora del CESP y coautora del primer informe de este centro.

Alfonso Miranda recordó que sí “hay un consenso internacional para inhibir y frenar esta acción” de empresas privadas de seguridad militar, pero México no lo ha adoptado. Se trata del establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1989 en la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

En el convenio se cataloga como delito las actividades de mercenarios y también prohíbe a los Estados Parte a contratar este tipo de servicios y los obliga a tomar medidas factibles para que se eviten este tipo de actividades dentro de sus fronteras, esto debido a “que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos”, como lo establece la declaración de la Convención que nuestro país no ha ratificado y por tanto desprotegido.

“Estas empresas están avanzando de forma importante hacia México” y el petróleo es sólo la punta de la madeja, advirtieron los integrantes del CESP.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

El TLA expondrá diez casos de conflictos hídricos en México


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México D.F., 29 de julio de 2008 (Cencos).- Como una forma de justicia alternativa serán expuestos mañana, 30 de julio, diez casos de conflictos sociales por el agua que resultan representativos en nuestro país. Entre ellos destacan la contaminación de la bahía de Zihuatanejo, el caso del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, y la amenaza de contaminación de los recursos hídricos en San Luis Potosí (SLP) por la Minera San Javier.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia internacional autónoma, dibuja un México conflictivo para el acceso al agua. Coloca a los conflictos por el agua en su dimensión jurídica y política dejando en claro que los problemas de los hombres y mujeres para ejercer su derecho al agua, tanto en México como en toda Latinoamérica, se centran en la mala gestión de ésta y no en su escasez. Utilizando este espacio, en el ex templo de Corpus Cristo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, representantes y defensores de los distintos conflictos hídricos que ya inundan la geografía nacional dejarán oír sus reclamos.

Los niveles de agua disponible en México son bastante buenos comparados con los de más países del mundo, dijo Javier Bogantes, director del TLA, en conferencia de prensa. El agua dulce que corresponde a cada mexicano y mexicana en un año asiente a los 4 mil 416 metros cúbicos; sin embargo, hace 50 años le correspondían 18 mil 35 metros cúbicos de agua dulce a cada uno de los 50 millones de habitantes. Esta disminución revela, tomando en cuenta la gran diferencia demográfica, que el agua está siendo sobreexplotada, dijo Bogantes, lo cual revela que los problemas de agua se ubican más en la arena política y de su adecuada gestión.

De los 653 acuíferos localizados en territorio mexicano, la sexta parte (104 acuíferos) presentan altos niveles de sobreexplotación, de ellos se extrae el 60% del agua que se usa en el país.

El agua no es una política prioritaria y se está dejando su gestión a empresas privadas, apuntó refiriéndose a los negocios de gestión de los sistemas de agua públicos y a las grandes compañías embotelladoras de agua. Esta última actividad es en extremo exitosa para las compañías que tienen funciones en México, de todo el mercado latinoamericano de agua embotellada en México está el 52%, es el mejor negocio que podemos encontrar.

La obligación del Estado mexicano de garantizar y respetar el derecho humano al agua de todas las y los mexicanos se ve cada vez más desplazada y abandonada con el objetivo de dejar que las compañías privadas administren en acceso, uso y usufructo de este liquido necesario para que se cumplan el Derecho a la vida, a una vida digna, el derecho a la salud y a la alimentación así como a un medio ambiente sano. Las compañías privadas no se atienen a ninguna legislación, a nivel local o internacional, que les obligue garantizar estos derechos a la población y sus actividades son causa, entre muchas otras, del estallido de conflictos sociales de pobladores que se ven diezmados en estos derechos.

Así, en México se encuentran múltiples casos en que las actividades de empresas privadas provocan conflictos relativos al uso del agua. En América Latina, según datos presentados por el TLA, el primer causante de conflictos relativos a este recurso estratégico es la industria minera con 18%, a ésta le siguen la construcción de embalses y trasvases con 17% (caso La Parota). La vulneración de acuíferos 13%, afectación costero-marina, principalmente por la industria del Turismo, 8% (caso de Zihuatanejo), contaminación por empresas petroleras 5% (contaminación de playas y el río Coatzacoalcos en Veracruz), y la privatización del agua con 3%, entre otros muchas causas de conflictos registrados entre los años 2000 y 2007.

Además de los casos mencionados, el TLA también ha trabajado con movimientos en Morelos (contaminación del pozo El Calvario en Cuautla), contra el deterioro de la región del río Lerma-Chapala-Santiago, la contaminación industrial del río Atoyac, daños a la salud en pobladores del Salto y Juanacatlán por la excesiva contaminación del río Santiago en Jalisco, y el caso de las comunidades mazahuas y otras Ecocomunidades por el trasvase del sistema Cutzamala en el Estado de México.

Durante el foro Sustentablidad hídrica en México: los casos atendidos por el TLA, se abrirá un espacio de dialogo para exponer qué se está haciendo por parte de distintas organizaciones y movimientos civiles y se hará un recuento de los instrumentos jurídicos que se pueden utilizar para exigir al Estado la solución de estos problemas.

Centro Nacional de Comunicación Social AC.

La falta de actuación del Estado mexicano, principal causa de la violencia de género: AI


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México D.F., 1 de agosto de 2008 (Cencos).- La situación de indefensión de las mujeres por parte del Estado resulta alarmante según un informe presentado por Amnistía Internacional (AI) sobre la lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Aunque México a firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, desde que entró en vigor en 1981, esta grave violación a los derechos humanos persiste, según se apunta en las conclusiones del informe.

El Estado falta a sus obligaciones adquiridas en el artículo dos de la Convención en donde los Estados firmantes adquieren la obligaciones de tomar medidas de carácter legislativo, político y administrativo o de otra índole que resulten necesarias para el logro de igualdad de los derechos de las mujeres dijo María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El informe recoge investigaciones de AI en Morelos, Oaxaca, Chiapas y Sonora dónde se asientan testimonios de 20 casos de violencia familiar y se analiza las acciones que se han realizado para el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

A pesar que desde al año pasado fue promulgada una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta no ha significado que a nivel estatal se reproduzcan leyes similares ya que solamente 16 de las 32 entidades federativas han publicado sus leyes para prevenir la violencia contra las mujeres y sólo tres, Yucatán, San Luis Potosí y Aguascalientes, cuentan con reglamentos para aplicarlas.

Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos AC., expuso la situación que viven las mujeres en el estado de Morelos donde al igual que en otros, las mujeres se encuentran desprotegidas cuando intentan denunciar que han sido violentadas sobretodo al interior de sus familias.

La creciente violencia de genero no sólo no esta siendo detenida por el gobierno estatal sino que su falta de actuación sobre los casos hace que el clima sea ideal para el crecimiento de este tipo de violencia, hay una insistente presión para que no mantengan su denuncia, explicó Quintanilla al exponer la situación a la que se enfrentan las morelenses al momento de acudir con las autoridades. Esta impunidad, es especialmente notoria al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado.

La Procuraduría integran de manera raquítica los expedientes, no investigan, dejan huellas sueltas, el lugar donde son los hallazgos de los cuerpos de mujeres no se revisan con puntualidad[…] a pesar de que tiene una fiscalía para atender homicidios contra mujeres no hace como debiera hacer el trabajo. Eso ha permitido que los agresores sigan actuando con coba, protegiéndose con algunos conocidos de la Procuraduría, con algunos ministerios públicos… la corrupción impera en materia de justicia. Sólo de 2005 a la fecha se han registrado 122 homicidios de mujeres en el estado, 19 en 2006, 29 en 2007 y lamentablemente para lo que va de este año ya se han registrado 22 casos, superando al promedio de la entidad.

Ante esta situación por parte del Estado y el gobernador [se ] a minimizado, se ha ridiculizado, se a negado que exista esa violencia.
Esto contribuye a las conclusiones del informe de AI donde se muestra que muchas autoridades de alto nivel, especialmente en el ámbito estatal, todavía no entienden o no reconocen suficientemente que la violencia contra las mujeres constituye una violación grave a los derechos humanos y que el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas adecuadas para prevenirla

Centro Nacional de Comunicación Social AC.

A siete años del encarcelamiento de los hermanos Cerezo, continúan siendo hostigados

http://cinoticias.com/2008/08/20/a-siete-anos-del-encarcelamiento-de-los-cerezo-sus-defensores-continuan-siendo-hostigados/

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México D.F., 19 de agosto de 2008 (Cencos).- Faltando 178 días (menos de seis meses), para la liberación de Antonio y Héctor Cerezo Contreras, presos políticos del sexenio foxista, y tras siete años de su confinamiento en el reclusorio de alta seguridad del Altiplano, por crímenes de los cuales ya han sido exonerados, la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México continúa resistiendo frente a las continuas amenazas, agresiones y hostigamientos a los cuales se ven expuestos por sus labores de resistencia según informaron en conferencia de prensa.

Durante el acto de recuerdo por los 7 años que los hermanos Cerezo llevan presos desde el 13 de agosto de 2001 en que fueron detenidos, torturados e inculpados de detonar unos petardos en una sucursal de Banamex, Paco Ignacio Taebo II, escritor y activista, recordó que “hasta la fecha no hay ninguna evidencia que sustente que los hermanos cerezo hayan incurrido en ningún tipo de acción [delictiva]; ergo, la suposición de que los hermanos Cerezo sean guerrilleros [hecha por el Estado mexicano] sólo parte de que en su casa se encontró propaganda”.

Estos datos salen luego de que, gracias a la colaboración de los “Cerezos de afuera”, como llama Taebo II a los hermanos libres, el escritor de novelas policiacas pudo revisar todo el expediente del caso en el cual encontró 75 incoherencias, lo cual es el mayor indicativo de la presunta construcción del caso inculpatorio por el cual se detuvo a los también estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De entre las varias incoherencias y contradicciones encontradas resaltó que hay un testimonio dado por una “señora” no identificada, “la señora es una especie de ente metafísico como de los creados para las amañadas elecciones panistas”, bromeó el escritor ante la falta de mayores datos sobre la testigo.

Además aclaró que de ser cierta la afirmación de que los hermanos Cerezo son militantes de un grupo guerrillero, “su vida guerrillera debió ser una vida guerrillera pinchisima, discúlpenme”, ya que ambos hermanos eran estudiantes dedicados de tiempo completo, incluso uno de ellos llevaba dos carreras profesionales y poco tiempo le hubiera quedado para dedicar a la guerrilla.

A decir del Comité Cerezo México, Antonio y Héctor (y en su momento Alejandro Cerezo contreras y Pablo Alvarado Flores, también detenidos pero ahora en libertad), forman junto con otros presos políticos como Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y Flavio Sosa, de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, y los cuando menos 23 presos políticos del calderonismo (Contralinea, segunda quincena junio de 2008), parte del ciclo de criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos.

Este ciclo se compone de los mexicanos y mexicanas que viven debajo de las líneas de pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio, 19, 25.7 y 48.9 millones de hombres y mujeres respectivamente (casi 90 por ciento de la población), que al ser violentados por el Estado con el incumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recurren, cada vez con mayor frecuencia, a ejercer su derecho de protesta (parte de los derechos civiles y políticos) y frente a esta ebullición de conflictividad social el Estado construye un imaginario social basado en la inseguridad para legitimar ante la opinión pública y la misma sociedad mexicana la suspensión de los derechos humanos en pos de la seguridad.

Así, encuentran justificación y cierto grado de legitimidad las modificaciones a las leyes secundarias y nuestra constitución, como sucedió con la reciente reforma judicial, lo cual permite la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos. La judicialización de las protestas y la sistemática violación a los derechos humanos de los luchadores sociales, como es el caso de los hermanos Cerezo, implican a gran escala una gradual descomposición del tejido social y el ciclo se reproduce de nueva cuenta, explica el Comité Cerezo en el documento “Criminalización de la protesta social”.

Basado en la búsqueda de la justicia y la verdad histórica el Comité, dijo Francisco Cerezo Contreras, continuará sus trabajos de defensa de presos políticos y de conciencia, dijo en la conferencia dónde también mostraron su solidaridad Dolores González Sarabia, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y Miguel Ángel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Centro Nacional de comunicación Social AC

lunes, 18 de agosto de 2008

Desaparición forzada de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz: Comisión de Mediación


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México D.F., 14 de agosto de 2008 (Cencos).- La Comisión de Mediación entre el Gobierno Federal y el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), presentó su informe con los principales avances de sus actividades así como las primeras conclusiones que surgen tras el análisis de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz ambos militantes del PDPR-EPR.

En dicho informe se confirma que si bien no se puede identificar a los autores materiales de estas desapariciones, sí se puede concluir que en ambos casos fueron “forzadas” y por lo tanto la responsabilidad recae en el Estado mexicano.

Poco antes de la presentación de este informe, la Secretaria de Gobernación emitió el boletín de prensa No. 216 en el cuál informa que la “Procuraduría General de la República desarrolla sus investigaciones sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona” con lo cual se descartan otras hipotesis de la desaparición.

Cabe destacar que en el boletín de la Secretaría de Gobernación se reconoce por primera vez la existencia y labor de la Comisión de Mediación.

Las conclusiones detallan que, según asentó la Comisión de Mediación en el documento Análisis de Desaparición Forzada de Personas entregado el pasado 13 de junio al Gobierno Federal, “las características de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integran los elementos constitutivos del delito de lesa humanidad tipificado en las Convenciones Internacionales como desaparición forzada”.

Agrega también dentro de sus conclusiones el proceso de mediación “necesita ahora aclaren con toda nitidez la actitud que están dispuestas a asumir las dos partes interesadas: el Gobierno Federal y el PDPR-EPR. Necesitamos una reconfirmación de la tregua del PDPR-EPR y una real voluntad política del Gobierno Federal que se refleje en la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y que en adelante permita el diálogo directo de la Comisión de Mediación con Sedena, el CISEN y la PGR”.

Asimismo, en su anexo técnico destaca cinco puntos que señalan la posición de la Comisión de Mediación frente a los delitos delesa humanidad y la obligación del Estado a respetar los derechos y hacer cumplir los tratados internacionales en la materia:

1.- La desaparición forzada de personas es unos de los crímenes más infames que puede cometerse, porque es en sí mismo causante de tortura para la víctima directa y para su familia.

2.- Existe una tendencia internacional a investigar y sancionar severamente a los criminales de lesa humanidad, conocidos como perpetradores.

3.- La Comunidad Internacional ha pugnado durante décadas porque se establezcan normas coactivas de orden internacional, para obligar a los Estados a sancionar a los culpables de detenciones - desapariciones y a establecer normas e instituciones que aseguren que nunca vuelva a repetirse ese terrible fenómeno.

4.- México es signatario de numerosos instrumentos jurídicos internacionales que tienden a abolir la práctica de la desaparición. Paradójicamente, no ha habido en el país una sola sentencia por tortura, ni mucho menos por desaparición forzada. Esta impunidad propicia la repetición de la inhumana práctica.

5.- Para la Comisión de Mediación, la solución positiva del conflicto que ocasionó la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, podría abrir caminos para avanzar en la tarea por construir una cultura de respeto a los Derechos Humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

En informe, Misión Internacional da cuenta de los obstáculos a la libertad de prensa en México


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México D.F., 18 de agosto de 2008 (Cencos).- La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentran en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura. La responsabilidad directa de esta situación recae en el gobierno mexicano, apunta la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación en el informe Libertad de prensa en México: la sombra de la impunidad y la violencia.

Tras entrevistarse con víctimas, familiares, autoridades a nivel federal y estatal, y organizaciones de derechos humanos en cinco ciudades de la República, la Misión Internacional relata que como principales obstáculos a la libertad de prensa se encuentran “el crimen organizado que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra periodistas y garantizar su seguridad”.

Los tres ejes en que articulan los resultados de la misión incluyen análisis sobre la seguridad y protección, autocensura y la impunidad, de tal forma que primero se expone el contexto y la situación en que las agresiones a los y las periodistas, así como a los propios medios de comunicación, suceden; y más adelante, se detallan el grado de autocensura por parte de los propios comunicadores y comunicadoras como “medida de autoprotección” así como una evaluación sobre la impunidad en que se perpetran los crímenes contra la libertad de prensa, ya sea por los distintos gobiernos o por el crimen organizado y otros actores sociales.

Dentro del eje “seguridad y protección” se evalúa que buena parte de las agresiones a medios de comunicación comunitarios o de poco alcance se dan en primer lugar por que el gobierno ni siquiera los considera medios de comunicación y por lo tanto los deja desprotegidos, “una de las formas de poner en riesgo a los medios de comunicación es marginarlos y restarles legitimidad” dice el informe frente a casos como el de Radio Bemba, medio que ha sido acosado y atacado por el crimen organizado.

Los mecanismos de acción para proteger a los periodistas por parte del gobierno parten de un sistemático despojo de la protección, ya que “las indagaciones se centran en confirmar que el periodista no cumple con los requisitos legales que lo acreditan como tal, en vez de emprender acciones positivas para prevenir los ataques o investigar las causas de estos”. Entre otros problemas que identifican es la falta de organización dentro del sector de los medios de comunicación para proteger a sus trabajadores así como el insuficiente número de denuncias realizadas por los comunicadores agredidos frente al creciente número de agresiones.

Tras la relatoría sistematizada de las experiencias que la Misión pudo recoger entre el 19 y el 26 de abril de 2008, en el Informe se dan observaciones y recomendaciones que, dirigidas al Estado Mexicano, buscan presionar para que se tomen medidas urgentes que frenen al acelerado deterioro de las condiciones de los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en nuestro país y se den condiciones para evitar la violación a la libertad de prensa que afecta no sólo a los y las trabajadoras de los medios de comunicación sino a la sociedad que deja de recibir la información o que la recibe distorsionada también por el fenómeno de la autocensura.

En éstas, la Misión Internacional, pide al Estado, la comunidad de periodistas y medios de comunicación, así como a la sociedad civil organizada, que se promueva “un ambiente abierto, diverso y pluralista para el ejercicio de la libertad de prensa”, se impulse “el ejercicio de un periodismo independiente, profesional y objetivo” que empodere a la sociedad mexicana, que se adopten medidas para “poner un alto a las amenazas, hostigamientos, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales”, así como también se investigue efectiva y transparentemente las agresiones (asesinatos, desapariciones, amenazas, etcétera) a los y las periodistas; y finalmente afirma que sin importar el origen de las violaciones ala libertad de prensa, el responsable de “prevenir, investigar y castigar a los autores materiales a intelectuales” es el Estado mexicano.

Se solicita también al jefe del Ejecutivo mexicano, Felipe Calderón, por parte de las organizaciones que integran la misión, Article 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Comité para la Protección de Perioditas (CPJ), Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), la Fundación Rory Peck Trust, Instituto Internacional de la Prensa (IPI), International Media Support (IMS), Open Society Foundation (OSF), Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la UNESCO, “una explicación oficial y una disculpa” porque durante su visita, integrantes de la misión fueron confrontados por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, cuando se reunieron con él 21 de abril pasado.

Otra de las aristas del informe recoge tangencialmente una reflexión de la Misión provocada a propósito de la regulación de los medios de comunicación en México donde se puntualiza la importancia de que prospere una nueva legislación en materia de medios, tema que aún se mantiene vigente tras la caída de la ley Televisa.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

martes, 15 de julio de 2008

Discriminación, entre los principales obstáculos para enfrentar al VIH-Sida

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Boletín de prensa

México D.F., 15 de julio de 2008 (Cencos).- Para el gobierno de México no son prioridad el gran número de personas infectadas por VIH-Sida, destacaron organizaciones de defensa de derechos humanos en conferencia de prensa rumbo a la 17 Conferencia Internacional de la ONU sobre el VIH-Sida a realizarse en México.

José Miguel Vivanco, director Ejecutivo para el continente americano de Human Rights Watch (HRW), aclaró que aunque sí hay acuerdos de los gobiernos para tratar y prevenir esta enfermedad, “en los hechos no se toman las medidas que corresponden para tener resultados efectivos”.

“Para un sector importante de la población y para los tomadores de decisiones [las y los infectados de VIH-Sida] somos la escoria de la sociedad. Para ellos [las y los encargados de implementar acciones] invertir en nuestra salud representa muy poca bonanza política”, dijo Anuar Luna Cadena, presidente de la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH-Sida, al explicar el por qué de la baja prioridad que tiene para el Estado esta problemática.

Durante su exposición, Anuar, y más adelante Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), hicieron un exhorto para que el Ejecutivo mexicano declare una emergencia nacional. Esta acción, aclaró el ombudsman local, serviría para vincular a los distintos sectores tanto del gobierno como de la sociedad para implementar acciones que significan avances reales en el tratamiento y prevención de esta enfermedad.

Las cifras plantean un panorama preocupante. Según datos del Censida, actualizado hasta el 15 de noviembre pasado, en México hay 115 mil 651 mujeres y hombres con Sida, además de 182 mil personas infectadas con VIH (que no se les ha presentado la enfermedad), y se estiman en 21 mil 226 los y las infectadas en el Distrito Federal, siendo la entidad con mayor número de personas en esta condición.

A estos datos ofrecidos por Álvarez Icazar se suma el alto número de personas infectadas en los estados de Quintana Roo, Baja California, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí, donde además los números revelan que mientras mayor es el índice de migración de los habitantes de estos estados hacia el norte, mayor también es el numero de casos de VIH-Sida en dichas entidades, sostuvo José Miguel Vivanco.

La discriminación implica la violación de los derechos de las mujeres y hombres infectados, debido que la mayoría de estas personas se encuentran dentro de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Otro problema del que se hizo énfasis tiene que ver con el abasto de medicamentos, ya que los sistemas de salud fallan en la distribución en tiempo de las medicinas, lo que representa para una persona infectada con VIH-Sida que la efectividad de los tratamientos disminuya alarmantemente, y en el caso específico del tratamiento con retrovirales, es aún peor ya que cuando se suspende el tratamiento por falta del acceso a medicinas las consecuencias suelen ser peores que si el o la persona enferma nunca se hubieran tratado. El acceso a tiempo y con bajos precios a las medicinas es fundamental para combatir al Sida, destacaron.

La cumbre mundial de VIH-Sida, que se realizará por primera vez en un país latinoamericano, tendrá una asistencia de más de 30 mil personas de distintas organizaciones y grupos a nivel mundial dedicados el combate de ésta enfermedad, este evento, dijeron los ponentes, será una gran ventana de oportunidad para que en México el debate publico en torno a este grave problema alcance mayores niveles de discusión y se ponga sobre la mesa la situación del VIH-Sida en nuestro país antes de que las cifras de esta enfermedad revelen un panorama realmente catastrófico como el que en la actualidad se vive ene África subsahariana.

Los principales obstáculos que enfrenta la prevención y el tratamiento del VIH-Sida son una “cadena sistemática de violaciones a los derechos humanos debido a la discriminación” que la sociedad y el Estado hacen hacia las personas infectadas, en un ambiente donde el Estado abdica de su responsabilidad y la sociedad continúa discriminando”, dijo el presidente de la CDHDF.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

viernes, 11 de julio de 2008

Ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, exponen abusos de minera canadiense


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México D.F., 10 de julio de 2008 (Cencos).- Campesinos del ejido Huizopa, en Chihuahua, acompañados por el escritor Carlos Montemayor, Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República, e integrantes del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), revelaron los abusos de la minera trasnacional canadiense que explota tierras en dicho ejido pese a la relación injusta e inequitativa que mantiene con los comuneros.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), David de la Rosa y David Peña, dos representantes de la Asamblea Permanente de Ejidatarios, expusieron la problemática que sufre su comunidad en el municipio de Maderas. Relataron que la compañía Minera Dolores, subsidiaria de la trasnacional canadiense Minefinders, instalada en el este lugar desde hace 14 años gracias a la concesión otorgada por la Secretaria de Economía, ha incurrido en un sin número de abusos contra la población y contra el medio ambiente.

En la actualidad los ejidatarios han emprendido acciones de resistencia pacífica y exigen la revisión del contrato de usufructo que firmaron con la Minera, planteando tres necesidades primordiales: un plan de desarrollo comunitario para que al salir la minera haya otras actividades económicas que permitan subsistir a las mujeres y hombres de Huizopa, la integración de una comisión mixta para el cuidado del medio ambiente, y un plan de desarrollo económico que permita al pueblo cobrar una renta anual a la minera por el uso de las tierras.

Este último punto pretende corregir la situación que se ha mantenido hasta la actualidad ya que en un principio Minefinders sólo pagó 39 millones de pesos por el derecho a explotar la zona durante 16 años, engañando a los ejidatarios ya que las ganancias estimadas por Mark Bailey, presidente de esta trasnacional, con la explotación de estas tierras –que luego quedarán inservibles– se calculan en más de 3 mil millones de dólares. El total de reservas de la Mina Dolores es de 2.4 millones de onzas de oro y 126 millones de onzas de plata.

Otro de los abusos cometidos por la empresa consiste en la apropiación de facto de más de 2 mil hectáreas de terreno. Originalmente tenía permitido trabajar en mil 200 hectáreas, pero a la fecha se ha detectado que realizan actividades en un total de 3 mil 498 hectáreas. Ante esta situación la comunidad ha solicitado que se mida con peritos oficiales la cantidad de superficie en que desarrollan sus actividades para constatar dicho abuso pero sólo han recibido negativas de la compañía.

Las actividades mineras, por la cercanía de los minerales (oro y plata) a la superficie del terreno, se realizan bajo la forma de explotación a cielo abierto lo cual modifica drásticamente las tierras del ejido. El método utilizado se denomina de piletas de lixiviación, las cuales para ser accionadas requieren de cianuro de sodio; dicho compuesto resulta altamente riesgoso para la salud de los y las campesinas de Huizopa, además de afectar gravemente al medio ambiente provocando la desaparición de flora y fauna de la zona además de la posibilidad de contaminación de los mantos acuíferos a través de la filtración.

Debido a esto, los ejidatarios han solicitado los inicios de diálogo respetuoso con la empresa pero ante la falta de escuchas iniciaron el 26 de mayo pasado un plantón pacífico el cual fue reprimido por el Ejército y la Policía Federal Preventiva. Integrantes de esta resistencia fueron atacados con gases lacrimógenos y dos de ellos fueron detenidos. Tras esto, el 4 de junio se iniciaron negociaciones pero éstas no han significado una respuesta positiva de parte de la minera a las demandas de la población.

Gracias al acompañamiento del Prodesc, los comuneros y comuneras han identificado la violación a su derecho a estar informados, el derecho a un medio ambiente sano y su derecho a la salud sólo por mencionar algunas violaciones ocurridas. Ante esta situación no han dudado en organizarse para exigir el pleno respeto de sus derechos frente a instancias gubernamentales así como también frente a organismos internacionales como es el caso de la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y representantes de la embajada canadiense en la ciudad de México.

Aunado al caso de abuso de Minefider el escritor Carlos Montemayor recordó que otros casos, en San Luis Potosí (con la subsidiaria Minera San Javier) y próximamente en Chiapas, donde el gobierno acaba de autorizar la explotación de más de 5 mil hectáreas por parte de otras 3 compañías canadienses, cuentan con “varios rasgos que podríamos llamar característicos de un modus operandi de estas compañías: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobreexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico en miles de hectáreas por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación”.

Ante esta situación, continuó Montemayor, resulta “imposible comprender que esta depredación del país, esta destrucción de las trasnacionales canadienses… este despojo, robo brutal a la nación, pueda ser visto por autoridades federales y estatales como parte del progreso económico de nuestra nación”.

A modo de colofón, doña Rosario Ibarra de Piedra señaló que más que mediador entre los ejidatarios y la compañía minera, el gobierno juega un papel “más bien de alcahuete a favor de éstas”.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

SCJN resuelve acciones de inconstitucionalidad de Minipartidos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la multa que se pretendía aplicar a ciudadanos, empresas y partidos políticos por violar la prohibición de contratar espacios para propaganda política y electoral en los medios de comunicación electrónicos tras la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión el pasado mes de noviembre.

 Esta multa consistía en una cantidad equivalente al doble del costo del espacio contratado en un medio electrónico y la justificación para desecharla fue precisamente la mala redacción de ésta ya que no indica un mínimo o máximo de dinero a pagar. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 254 inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), dónde se señala la multa, sí podrá ser corregida por los legisladores sin embargo esta corrección ya no aplicará para las elecciones de 2009 debido a que el tiempo para realizar cambios a la reforma electoral venció el  29 de junio.

 Las demás multas reformadas en el Cofipe si fueron validadas por la Corte con 10 votos a favor y uno en contra. De estas queda establecida una multa hasta por 100 mil salarios mínimos para los concesionarios de medios electrónicos (televisoras y radiodifusoras) que accedan a transmitir spots comprados por ciudadanos, empresas y partidos políticos.

 Esta acción de inconstitucionalidad resuelta forma parte de las cinco presentadas hace 6 meses por los denominados “minipartidos” (Partido del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Social Democracia).

 La SCJN ya ha resuelto la mayoría de éstas y el día de hoy es muy probable que se pronuncie sobre los criterios para distribuir los  tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y la prohibición  para que estos contraten tiempos en dichos medios; así también, se espera que se pronuncien sobre el impedimento para que ciudadanos, empresas o cualquier otra persona (física o moral) pueda contratar tiempos en los medios electrónicos con fines electorales. Con estos dos pronunciamientos daría por resueltas las acciones presentadas por “minipartidos”.

 La otra declaratoria de incostitucionalidad emitida ayer por los magistrado de la Suprema Corte se refiere a que en los requisitos de elegibilidad en los estatutos de los partidos políticos no se deja en claro a quién van dirigidas las obligaciones, si a los aspirantes a candidaturas o a los simpatizantes, por lo que esta porción normativa del Cofipe también fue desechada por su mala redacción.

 Las demás resoluciones presentadas en la sesión de 4 horas de duración desecharon las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los “minipartidos”. Entre ellas destacan la modificación para que grupos políticos que aspiran a registrarse como partidos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) sólo puedan presentar la petición cada 6 años y no cada 3 como se planteaba previo a la reforma electoral. También se confirmó que ninguna persona puede fungir como observador electoral si se presentó como candidato a algún puesto de elección popular en los tres años anteriores.

 Los “minipartidos” quedan desfavorecidos con las decisiones adoptadas por el Poder Judicial y estas se suman a la prohibición, también de este poder de la Unión, para que el PRI, PAN y PRD “transfieran” votos a los partidos menores con la finalidad de mantener su registro ante el IFE.

miércoles, 2 de julio de 2008

Informe AI 2008

Liliana Velásquez, presidenta de Amnistía Internacional (AI) en México, resaltó que “hay una negación de los gobiernos ha impartir igualdad y justicia”, esto durante la presentación del informe de AI del “estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, presentado en el Club de Periodistas.

 

AI resaltó internacionalmente su preocupación por los casos de violación a los Derechos Humanos en México por la impunidad en los casos de Atenco, Oaxaca, las muertas de Juárez () y las constantes faltas cometidas por los militares contra la población civil, y pidió “al gobierno mexicano que formulen un nuevo compromiso de emprender acciones concretas”.

 

“México sigue esperando que se manifieste el liderazgo de Felipe Calderón en materia de Derechos Humanos” dijó la presidenta de la organización de derechos humanos y reiteró su preocupaciñon por el “uso de los militares que en este caso no es una solución a largo plazo,[cómo dijo Calderón Hinojosa a la presidenta de AI, Irene Kahn en su visita a inicios de año] y ya van 18 meses.

 

Otros casos resaltados en el informe fueron los de Darfur en Sudan, el de China, Myanmar, el conflicto Israelí-palestino, y el de Estados Unidos que  “a seguido desafiando el marco internacional de los derechos humanos en su guerra contra el terror” apuntó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de AI en México  al tiempo que pidió “que se cierre ahora y para siempre el campo de Guantánamo”. Otro caso señalado como preocupante fue la complicidad de la Unión Europea en las “entregas extraordinarias” de supuestos terroristas a las autoridades estadounidenses.

Se pone en marcha la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial


 

La Asamblea Transnacional de Remitentes y Familias, que tuvo lugar del 12 al 15 de mayo en la ciudad de México, concluyó con el lanzamiento formal de la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial que pondrá en marcha las propuestas e inquietudes trabajadas durante la asamblea que reunió a líderes migrantes y organizaciones de personas migrantes de todos los rincones del mundo.

 

El encuentro desarrollado en el Club de Periodistas  rescató la visión de más de 300 mujeres y hombres migrantes de 30 países y 66 ciudades de los Estados Unidos, que se reunieron para dar a conocer las principales problemáticas que enfrentan y qué líneas de acción tomarán organizadamente para resolverlas, a través de la Liga. La información recolectada se organizó en tres líneas de trabajo: la identidad transnacional, seguridad económica y participación política.

 

Las propuestas vaciadas durante los 4 días de trabajo de las mesas buscarán aprovechar el escenario en el que se encuentran los más de 200 millones de migrantes internacionales del mundo para lograr alcanzar los objetivos planteados. Los números estadísticos que arrojan las actividades de personas migrantes en todo el mundo reflejan la importancia que tendrían las decisiones y acciones emprendidas si contaran con un alto nivel de organización y convocatoria tal como se hizo en este encuentro organizado por TIGRA (Instituto Trasnacional de Investigación y Acción de Base), SEDEREC (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades) y CENCOS (Centro Nacional de Comunicación Social).

 

En la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial las propuestas y decisiones tendrán mayor peso y serán más factibles de volverse realidad a un nivel más amplio que el que podría lograr cualquiera de las organizaciones o grupos de personas migrantes actuando individualmente. Por su parte TIGRA, una de las organizaciones convocantes, mantiene una red de más de 180 organizaciones migrantes en los Estados Unidos.

 

Durante 2007 la comunidad migrante mundial generó 300 mil millones de dólares, aumentando en 30% desde el 2000, lo que habla de su rápido crecimiento. Esta misma cantidad es tres veces mayor que la ayuda económica oficial que los países en desarrollo como México, destinan al combate a la pobreza. Además, todas las mujeres y los hombres que envían sus sueldos a sus comunidades de origen llegan a sumar el 10% del Producto Interno Bruto de los países en desarrollo dónde residen sus familias.

 

Cuando las personas que han decidido migrar se dan cuenta de lo que representan como minoría en el escenario global pueden entonces organizarse para exigir el respeto a sus derechos, tanto económicos como sociales y culturales y conseguir mejores condiciones de vida.

 

La Asamblea concluye formando una agenda estratégica que será atendida por la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial, órgano que representa a la comunidad migrante ante el mundo.

 Hombres y mujeres migrantes de todo el mundo se enfrentan a la inmovilidad  provocada por su situación legal. Los flujos de la migración internacional se caracterizan porque en su mayoría se conforman por personas sin documentos y eso complica sus posibilidades de movilidad mientras que el dinero que generan es asimilado sin problema alguno por el sistema financiero internacional cuando lo envían a sus familias en sus comunidades de origen a través de empresas multimillonarias de envío de dinero.

Encuentro internacional de líderes migrantes

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Difusión Cencos México D.F., 12 de mayo de 2008

Boletín de prensa

• Asamblea Transnacional de Remitentes y Familias para la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial

• El monto mundial de recursos de las remesas representa tres veces la ayuda económica que dan países en desarrollo para combatir la pobreza

Grupos internacionales de personas migrantes sostendrán la Asamblea Transnacional de Remitentes y Familias en el Club de Periodistas en el centro de la ciudad de México. El propósito es dar cuenta del desarrollo que se puede conseguir en sus comunidades de origen si se usan a las remesas como motor para el desarrollo social.

Hoy en día las personas migrantes constituyen un verdadero poder tanto a nivel económico como político y se han convertido en el epicentro de la lucha contra la pobreza mundial al ser los principales redistribuidores de dinero proveniente de los países donde laboran a sus comunidades de origen. Este hecho convoca a varios líderes de las comunidades internacionales de migrantes al encuentro organizado por TIGRA (Instituto Trasnacional de Investigación y Acción de Base), SEDEREC (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades) y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).

La Asamblea plantea el estado de las realidades a las que se enfrentan las personas migrantes y las mismas que se han creado por este movimiento a nivel global ya que la relación entre ellas y ellos y sus comunidades generan nuevas posibilidades para combatir la pobreza a través del flujo de remesas y su adecuado uso como catalizador del desarrollo sustentable.

Líderes migrantes y expertos en la investigación de éste fenómeno mundial se darán cita del 12 al 15 de mayo para desarrollar temáticas en torno a la seguridad económica, la participación política y la identidad transnacional.

El encuentro en el Club de Periodistas iniciará el lunes, donde las temáticas que serán ampliadas durante esta semana de actividades dan cuenta de la importancia de organizar y dar voz a las personas migrantes.

La ayuda económica que ellas y ellos envían a sus familias representa actualmente más del doble que en el año 2000 y llegó en 2007 a sumar 300 mil millones de dólares a nivel mundial, cifra que representa más de tres veces la ayuda económica oficial que dan los países en desarrollo para combatir la pobreza. El 10% del Producto Interno Bruto de 15 países en desarrollo corresponde a las remesas.

Una de las agravantes que frena este enorme flujo redistributivo, y que también será expuesta, es el alto margen de utilidad de la industria multimillonaria de envío de dinero que llega a absorber hasta el 30% de cada envío. Si los grupos de personas migrantes se conformaran en sociedades anónimas para la administración de los propios recursos que su trabajo genera podrían plantear y llevar a cabo una serie de estrategias que se reflejen en el mejoramiento de sus propias comunidades y en economías de países como México.

Otro de los enfoques que ocuparán las mesas de discusión del encuentro internacional es la capacidad que tiene este grupo emergente en el escenario global para cambiar las políticas que les afectan impidiendo el goce de sus derechos. Una de cada 35 personas en el mundo es un migrante; la gran mayoría de ellos y ellas carecen de seguridad social y derechos individuales, por tanto, la organización es fundamental para garantizar su acceso a sus derechos fundamentales.

Durante la Asamblea se hará el lanzamiento oficial de la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial, una red transnacional que será representativa de la comunidad migrante en la escena global y que será un primer paso para aplicar los planteamientos de este encuentro.

Contacto:

Guadalupe Gómez:
045 22 25 27 39 84
044 55 39 85 93 28

Francisco Barrón:
55 33 64 75 ext.104
044 55 31 90 75 40

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

Corrupción y contubernio entre Estado débil y crimen organizado: Carlos Flores


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México D.F., 7 de junio de 2008 (Cencos).- La delincuencia organizada no sería posible de no ser por los vínculos de contubernio entre los miembros de ésta y el ámbito del Estado. Para combatirla adecuadamente “hay que pegarle a la estructura de protección política, hay que pegarle a la estructura de lavado de dinero, hay que pegarle a las ganancias ilícitas que obtengan y hay que contener a la violencia. Aquí [en México] solamente se está tratando de contener la violencia [...] pero además con métodos ineficientes”, explicó Carlos Flores, doctor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

En otras palabras, la delincuencia organizada es fuerte por que el Estado sólo combate a la violencia que ésta genera y no a todos los frentes del problema como la corrupción y los lazos que el gobierno y estos grupos delictivos mantienen, y “la gravedad [de la corrupción] se empieza a incrementar conforme se empieza a subir la escala de los puestos corruptos al interior del gobierno hasta llegar a la corrupción en los cargos más altos”, continuó el ponente al presentar sus Modelos teóricos de análisis de los vínculos de contubernio entre delincuencia organizada y el ámbito del poder en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la critica del investigador a la forma en la que el gobierno esta enfrentando el problema de las organizaciones delictivas en nuestro país hizo hincapié en que incluso el control de la violencia que se genera por los negocios ilícitos, como el tráfico de drogas, no es la adecuada, “aunque las autoridades quieran señalar que es una guerra, pues es una guerra muy problemática ya que una guerra se da entre bandos diferenciados, el bando malo y el bando bueno” pero en este caso “el problema es que parte de la población civil es la que está en disputa con el ejército organizado”, por lo cual no se puede emplear una estrategia como si se tratara de una guerra.

Además, “también son hombres y mujeres las que están en el fuego cruzado así que no puedes aplicar la lógica de guerra porque entonces estas cercenando al país”, explicó ante la estrategia del Ejecutivo de combatir al narcotráfico con el Ejército.

Durante esta ponencia organizada por la Cátedra UNESCO transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, Carlos Flores expuso un modelo teórico que permite entender el fenómeno de corrupción por parte de elementos del Estado y cómo estos entran en contubernio con el crimen organizado.

Señaló que “la delincuencia organizada se encuentra presente en todo tipo de Estado o régimen” pero encuentra un mejor clima para subsistir frente a un Estado débil que permite una mayor corrupción y la existencia de una delincuencia organizada más difícil de controlar.

En la categoría teórica de Estado débil Flores ubicó al actual gobierno mexicano que se caracteriza “porque no garantiza el monopolio de la violencia, tiene una soberanía mermada, legitimidad cuestionada, una aplicación diferencial de las leyes, se ve un ejercicio patrimonial y clientelar del gobierno [para favorecer a ciertos grupos], reproduce condiciones de inequidad en el acceso a los bienes deseados por la sociedad y cuenta con una incapacidad crónica para traducir los recursos gubernamentales en metas concretas”.

Aunado a esto, el investigador presentó una serie de testimonios que recopiló durante su investigación de campo para comprobar los modelos teóricos, uno de ellos pertenece a un agente de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y que en los años 90 del siglo pasado se encontraba en operaciones encubiertas en México y nos sirve para entender los grados de corrupción que se presentaban en el país:

“Se sabe que un subprocurador federal, nombrado por el propio presidente de la República, vendía las plazas de delegado por dinero, algunas plazas costando tres millones de dólares, como las plazas de Juárez y Tijuana. Para pagar por el prestigio de representar a la Procuraduría General de la República (PGR) como delegado en estos lugares, el delegado tenía que pagar los tres millones al subprocurador a través de los subordinados de él, tal como el director de la Policía Judicial Federal. También, el subprocurador exigía una cuota mensual y esta cuota era juntada cada mes por los subordinados más fieles usando una avioneta de la PGR. Si el subprocurador enviaba remesas de dinero a su jefe (el presidente) no se sabe, pero se cree que hubo regalos o beneficios pasados al jefe. Hoy día, el asistente del subprocurador, quien coordinaba la recolecta de cuotas, anda prófugo”, enfatizó.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

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