lunes, 30 de agosto de 2010

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viernes, 3 de octubre de 2008

Justicia, verdad y reparación, 40 años de demanda al Estado

México D.F., 2 de octubre de 2008 (Cencos).- La obligación del Estado
mexicano a reparar los daños causados por la masacre de estudiantes y
activistas el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco,
continúa vigente ya que cumplir con los derechos de los agraviados así como de
la sociedad mexicana en general es una deuda infranqueable para conseguir
justicia.
>
> Aunque los cientos de hombres y mujeres caídas cuando se manifestaban en esa
> plaza hace 40 años no pueden ser revividos, "el Estado tiene otras formas de
> reparar el daño, ya no sólo de forma económica, ya que lo puede hacer
> mediante una disculpa pública a la persona afectada o por medio de la
> construcción de escuelas o monumentos con el nombre de la víctima", dijo en
> 2004 en el Seminario sobre la Reparación de Daño a Víctimas del Delito y
> Reparación Integral del Daño a Víctimas de Violación a los Derechos Humanos,
> Juan Carlos Gutiérrez, entonces director general del Programa de Cooperación
> sobre Derechos Humanos entre México y la Comisión Europea de la Secretaria de
> Relaciones Exteriores.
>
> En primera instancia el Estado debe hacer público su reconocimiento de
> responsabilidad institucional por los hechos del 2 de octubre de 1968 y en
> consecuencia presentar una disculpa pública por su actuación represiva en
> aquella lamentable fecha.
>
> Otras acciones que ayudan a dar justicia a crímenes del pasado son la
> transparencia en los archivos de los cuerpos de seguridad pública y militares
> que actuaron en contra del movimiento estudiantil y la formación de Comisiones
> de la Verdad que ayuden a la reconstrucción histórica de un evento aún con
> muchas dudas por despejar.
>
> Estas comisiones, establecidas en otros casos de terrorismo de Estado en el
> mundo, "son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades
> que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a
> enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y
> traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el
> futuro cercano", se señala en el glosario de términos de derechos humanos
> publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la
> Universidad Iberoamericana.
>
> Otras obligaciones que el Estado debe cumplir son aquellas a las cuales este se
> comprometió en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
> Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el
> Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones
> resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 y
> que fue impulsada por nuestro país.
>
> Entre los adeudos del Estado con los estudiantes y activistas afectados en sus
> derechos desde hace 40 años, y firmados en estos Principios y Directrices
> destacan: el derecho a la restitución de los afectado a sus condiciones previas
> a la violación de sus derechos, cuando sea posible; derecho a la
> indemnización; a la rehabilitación; a la satisfacción y a obtener garantías
> de no repetición del hecho.
>
> El derecho de cualquier sociedad a conocer la verdad de su pasado es un bien
> que debe ser perseguido desde los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los
> medios de comunicación como parte de su responsabilidad social. Se trata de un
> bien global que debe ser simultáneamente disfrutado por las víctimas y sus
> familiares, por la sociedad en la que viven y por el conjunto de naciones
> civilizadas, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte
> Interamericana de Derechos Humanos.
>
> Confirmando su modo de actuar frente a este tipo de fenómenos sociales, el
> Estado mexicano nuevamente se muestra como impulsor de medidas internacionales
> que en su política interna están lejos de aplicarse. En casos como el del 2 de
> octubre de 1968 o el del halconazo el 10 de junio de 1971, o el posterior
> periodo de guerra sucia contra la población, se falla en garantizar el derecho
> a las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones.
> Incluso en el poder Legislativo se han alcanzado puntos de acuerdo como el
> presentado el 11 de junio de 2008, "sobre la situación de impunidad que
> prevalece en los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el
> pasado" emitido en el marco de los 37 años del halconazo. En este se asienta
> que "internacionalmente ha sido reconocido que en el caso de violaciones
> graves de los derechos humanos, el Estado tiene las siguientes obligaciones:
> obligación de investigar y dar a conocer los hechos que puedan establecer
> fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables
> (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales
> ocasionados (reparación); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad
> a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de
> fuerzas de seguridad dignas de un estado democrático)[...] Sin embargo, en
> México, nada de lo anterior ha sido impulsado, pero sí en muchas ocasiones
> retrasado y obstaculizado desde diversos sectores políticos y
> gubernamentales".
>
> A 40 años, en la memoria social se suman a la falta de justicia por parte del
> Estado acciones que garantizan la impunidad de los culpables, en vez de los
> derechos de las victimas. Se recuerda en el actual sexenio actos de impunidad
> como la condecoración, por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional y con
> el apoyo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, a Arturo Acosta Chaparro,
> general responsable de violaciones de lesa humanidad durante la guerra sucia.
> También, la falta de juicios a los altos mandos responsables de la masacre en
> la plaza de las Tres Culturas, entre ellos el difunto ex presidente Díaz Ordaz,
> Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces secretario de Gobernación, y los
> altos mandos del Ejército mexicano implicados en la represión estudiantil.
>
> Centro Nacional de Comunicación Social AC

Justicia, verdad y reparación, 40 años de demanda al Estado

México D.F., 2 de octubre de 2008 (Cencos).- La obligación del Estado mexicano a reparar los daños causados por la masacre de estudiantes y activistas el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, continúa vigente ya que cumplir con los derechos de los agraviados así como de la sociedad mexicana en general es una deuda infranqueable para conseguir justicia.

Aunque los cientos de hombres y mujeres caídas cuando se manifestaban en esa plaza hace 40 años no pueden ser revividos, “el Estado tiene otras formas de reparar el daño, ya no sólo de forma económica, ya que lo puede hacer mediante una disculpa pública a la persona afectada o por medio de la construcción de escuelas o monumentos con el nombre de la víctima”, dijo en 2004 en el Seminario sobre la Reparación de Daño a Víctimas del Delito y Reparación Integral del Daño a Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, entonces director general del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos entre México y la Comisión Europea de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

En primera instancia el Estado debe hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por los hechos del 2 de octubre de 1968 y en consecuencia presentar una disculpa pública por su actuación represiva en aquella lamentable fecha.

Otras acciones que ayudan a dar justicia a crímenes del pasado son la transparencia en los archivos de los cuerpos de seguridad pública y militares que actuaron en contra del movimiento estudiantil y la formación de Comisiones de la Verdad que ayuden a la reconstrucción histórica de un evento aún con muchas dudas por despejar.

Estas comisiones, establecidas en otros casos de terrorismo de Estado en el mundo, “son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano”, se señala en el glosario de términos de derechos humanos publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana.

Otras obligaciones que el Estado debe cumplir son aquellas a las cuales este se comprometió en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 y que fue impulsada por nuestro país.

Entre los adeudos del Estado con los estudiantes y activistas afectados en sus derechos desde hace 40 años, y firmados en estos Principios y Directrices destacan: el derecho a la restitución de los afectado a sus condiciones previas a la violación de sus derechos, cuando sea posible; derecho a la indemnización; a la rehabilitación; a la satisfacción y a obtener garantías de no repetición del hecho.

El derecho de cualquier sociedad a conocer la verdad de su pasado es un bien que debe ser perseguido desde los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los medios de comunicación como parte de su responsabilidad social. Se trata de un bien global que debe ser simultáneamente disfrutado por las víctimas y sus familiares, por la sociedad en la que viven y por el conjunto de naciones civilizadas, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Confirmando su modo de actuar frente a este tipo de fenómenos sociales, el Estado mexicano nuevamente se muestra como impulsor de medidas internacionales que en su política interna están lejos de aplicarse. En casos como el del 2 de octubre de 1968 o el del halconazo el 10 de junio de 1971, o el posterior periodo de guerra sucia contra la población, se falla en garantizar el derecho a las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones.
Incluso en el poder Legislativo se han alcanzado puntos de acuerdo como el presentado el 11 de junio de 2008, “sobre la situación de impunidad que prevalece en los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado” emitido en el marco de los 37 años del halconazo. En este se asienta que “internacionalmente ha sido reconocido que en el caso de violaciones graves de los derechos humanos, el Estado tiene las siguientes obligaciones: obligación de investigar y dar a conocer los hechos que puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados (reparación); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignas de un estado democrático)[...] Sin embargo, en México, nada de lo anterior ha sido impulsado, pero sí en muchas ocasiones retrasado y obstaculizado desde diversos sectores políticos y gubernamentales”.

A 40 años, en la memoria social se suman a la falta de justicia por parte del Estado acciones que garantizan la impunidad de los culpables, en vez de los derechos de las victimas. Se recuerda en el actual sexenio actos de impunidad como la condecoración, por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional y con el apoyo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, a Arturo Acosta Chaparro, general responsable de violaciones de lesa humanidad durante la guerra sucia. También, la falta de juicios a los altos mandos responsables de la masacre en la plaza de las Tres Culturas, entre ellos el difunto ex presidente Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces secretario de Gobernación, y los altos mandos del Ejército mexicano implicados en la represión estudiantil.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

domingo, 31 de agosto de 2008

OSC reclaman exclusión de los derechos humanos en el tema de Seguridad Pública

Boletines de Prensa | Difusión Cencos 

México D.F., 28 de agosto de 2008 (Cencos).- Representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos urgieron a que se identifique el tema de la seguridad pública con el del respeto a los derechos humanos ya que estos son necesariamente complementarios. 

“El tema de la seguridad publica hoy no se identifica con los grupos de derechos humanos, son otros los sectores sociales que lo encabezan y son dirigentes visibles; para nosotros es importante abrir un proceso de diálogo con estas otras organizaciones”, dijo Edgar Cortez Morales, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos, que integra a 52 organismos.

En conferencia de prensa donde también estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., el director de este último, Miguel Concha Malo, aclaró que “estamos preocupados en primer lugar porque el tema de derechos humanos quedó muy relegado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad la Legalidad y la Justicia, solamente hay dos menciones”.

En el punto XXVII del acuerdo firmado por representantes del Ejecutivo a nivel federal y estatal así como por otros actores con fuerte presencia política y económica, sólo se identifica el tema de derechos humanos cuando se comprometen a “incluir en los programas de estudio [de los cuerpos de seguridad] la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia”, y la otra mención corresponde al punto LXVI donde las asociaciones religiosas deberán fomentar los mismos temas.

En La seguridad que queremos, documento redactado por las OSC defensoras de Derechos Humanos, se señala que “el tema de la seguridad pública ha dado lugar a la percepción de que las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos son contrarias a los intereses de las víctimas de delitos” y que el enfoque y definición de seguridad pública que se da en el Acuerdo y en acciones como las próximas megamarchas “manifiesta la concepción de seguridad como un instrumento de limitación de derechos, algo de eso ya aparece en la reforma constitucional penal publicada en el Diario Oficial el 18 de junio pasado”.

Edgar Cortes también abundó en que “la preocupación [de la sociedad civil organizada] está en la ausencia de el tema y la perspectiva de los derechos humanos y no sólo en la reunión [del Consejo Nacional de Seguridad Pública]; a fin de cuentas, la reunión marca un plan o programa de trabajo [el Acuerdo] y lo que preocupa es que en ese plan el tema de derechos humanos está ausente, y está ausente en asuntos en los que hay numerosos instrumentos internacionales que el gobierno mexicano a suscrito y ratificado y que lo obligan, entre otras muchas cosas a garantizar acceso a la justicia en el caso de las víctimas, reparación del daño, cambios necesarios para que esto no continúe sucediendo”, subrayó.

Esta postura donde se aísla a los derechos humanos como parte inseparable y condicionante de la seguridad pública se suma a “una característica del actual gobierno federal en relación al tema de los derechos humanos que ha sido la de minimizar el tema, no darle relevancia”.

También, Rocío Culebro Bahena, del IMDHD, dijo al respecto de la propuesta para integrar un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Ciudad de México que las OSC de derechos humanos “si queremos participar, sí tenemos cosas que decir”.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Apela el FPDT nuevas sentencias de detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006

Boletines de Prensa | Comunicados Cencos | ultimas 

México D.F., 29 de agosto de 2008 (Cencos).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), así como familiares de las y los luchadores sociales detenidos en el Penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, y en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, expresaron su repudio ante las sentencias a los detenidos durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

El 21 de agosto pasado, el juez primero penal de primera instancia de Texcoco, sentenció a 11 activistas del FPDT a casi 32 años de prisión, así como a 45 años a Ignacio del Valle, con lo que este último, líder del Frente, suma más de 112 años de reclusión.

Días después, Patricia Romero Hernández, comerciante de Texcoco, así como su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías, fueron sentenciados por el juez tercero a más de 3 años por los delitos de “ultrajes y lesiones”, que podrán alcanzar una fianza de alrededor de 50 mil pesos, ya que el Ministerio Público desistió de a la revisión, por lo que saldrán en libertad tras cubrir la fianza decretada en la sentencia.

Acompañados por Juan de Dios Hernández Monje, abogado defensor integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, y Javier Enríquez Sam, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, hicieron notar la ironía de que se acuse a muchos de los detenidos de “secuestro equiparado” cuando en realidad los propios detenidos fueron los secuestrados a manos de los elementos de seguridad pública.

Maribel Ramos Rojas, familiar de Patricia Romero, Arturo Sánchez y Raúl Romero Macías, detenidos mientras comerciaban el día del operativo policial en el mercado de Texcoco, pidió ser escuchada en sus quejas al igual que lo fue el empresario Alejandro Marti por el secuestro de su hijo, “él por ser un gran empresario y tener el dinero para poder hacerse escuchar. De la misma manera yo pido castigo para esos verdaderos secuestradores que matan, asesinan y torturan” dijo refiriéndose a “los policías protegidos por los altos mandos”.

Ante estos fallos del poder Judicial, la defensa de los detenidos, encabezada por Hernández Monje, dio a conocer que ya han apelado las sentencias a Del Valle y los otros 11 detenidos, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sin embargo, aunque siguen los procedimientos legales, aclaró que no confían en lo absoluto en el poder judicial e incluso explicó que en el Estado de México “hay una dependencia absoluta del poder Judicial respecto del Ejecutivo… de hecho si ustedes van a cualquier juzgado del Estado de México encontrarán que las oficinas de los jueces las presiden fotografías del pequeño dictador”, dijo refiriéndose a Enrique Peña Nieto, gobernador de dicha entidad.

Por su parte Enríquez Sam, recordó que los procesos a los y las luchadores sociales detenidos en San Salvador Atenco son “procesos plagados de irregularidades, de pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los derechos fundamentales plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México”. 

Los caminos que se siguen por la vía jurídica derivados de la represión a las movilizaciones sociales en la región Atenco-Texcoco, son parte de una estrategia de criminalización de la protesta social, “las sentencias se deben interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado. No se acepta la disidencia política y social en este país; en este sentido, [las sentencias] siguen la mima lógica de la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, la tortura procura intimidad y castigar a los detenidos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes”.

Aunado a la apelación de las sentencias, Nelly Gochicoa, madre de Héctor Galindo, detenido en El Altiplano, anunció que demandó a Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “puesto que a más de dos años de la represión argumentó que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Hernández al haber ordenado su traslado y permanencia al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano; sin embargo, no le dio efectos resolutivos a su resolución solicitando el traslado de los presos a un penal estatal lo que contraviene los principios para lo que fue creada esa institución”.

Ante la situación, el FPDT, a través de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, llamó a la movilización social ya que estos dos años de pasividad poco han servido para que se haga justicia ante la sistemática violación de derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

jueves, 21 de agosto de 2008

Dan a Ignacio del Valle 45 años más de prisión; a otros 10 integrantes del FPDT, más de 30


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México D.F., 21 de agosto de 2008 (Cencos).- El juez Jorge Alberto Cervantes del Juzgado Primero de lo Penal ubicado en el Reclusorio Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, por el delito de secuestro y ataque a las vías de comunicación. Con esta nueva sentencia, suman ya 112 años de prisión para el luchador social recluido en el penal de alta seguridad de Altiplano.

Además, sentenció con más de 30 años a otros 10 integrantes del FPDT, todos ellos recluidos en el penal de Molino de Flores desde su detención tras los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Antes del fallo se dio un despliegue policiaco en los alrededores del penal, en la carretera que lleva al mismo así como en la comunidad de San Salvador Atenco y en el campamento permanente del FPDT afuera del penal, donde llegará en próximas horas una marcha de la organización.

Ante esta delicada situación, los integrantes del FPDT han asegurado que esta injusticia no los hará callar y seguirán denunciando la falta de justicia para sus compañeros así como la violación a los derechos humanos de los hombres y mujeres que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad publica de todos los niveles de gobierno, afirmó Maria Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle,

La condena de 67 años que actualmente purga Ignacio del Valle en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se debió al delito de secuestro equiparado por la retención de funcionarios de gobierno entre febrero y abril de 2006 y fue imputada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El FPDT surgió en 2001 cuando el entonces presidente de la República, Vicente Fox, intento expropiar las tierras ejidales de dicho municipio para la construcción de un aeropuerto internacional sin consultar a la población de la zona Texcoco-Atenco que serían afectados y esgrimiendo argumentos como “se sacaron la lotería”.

Ante este intento de despojo por parte del gobierno mexicano los y las pobladoras de la región se organizaron en el FPDT e impidieron el avance del proyecto. Más tarde, en mayo de 2006, la organización apoyó las protestas de un grupo de floricultores y cerró una carretera federal. Ante esto hubo una reacción desmedida por parte de las fuerzas de seguridad pública que tuvo como desenlace la muerte de dos estudiantes, la detención, tortura (física y psicológica) de hombres y mujeres, activistas y defensores de derechos humanos.

En un marco de discusión pública sobre la crisis de la seguridad y el acceso a la imparticion de justicia en México, este hecho deja claro que la justicia no ésta diseñada para aquellos y aquellas que disienten de las decisiones de gobierno, y que son castigados y castigadas utilizando el marco del estado de derecho desde el cual se vulneran los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

El uso de seguridad privada en infraestructura estratégica violaría derechos humanos: CESP


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México D.F., 21 de julio de 2008 (Cencos).- Poner en manos de compañías privadas la seguridad pública, implica la violación del derecho humano a la seguridad, sostuvieron expertos del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde se presentó el estudio La invasión de empresas militares privadas como parte de la privatización petrolera.

“La seguridad es un derecho fundamental del ser humano, y la seguridad nacional es la conjunción de ese derecho individual transformado en colectivo, nosotros no podemos poner en riesgo el derecho de la seguridad para convertirlo en una mercancía” dijo José Suárez del Real, integrante del consejo consultivo del CESP durante el evento donde también se dio a conocer al CESP como organismo de la sociedad civil.

Adolfo Miranda, presidente del CESP, presentó dos escenarios posibles bajo los cuales se podría privatizar la seguridad publica en México. El primero supone la llegada de las compañías contratistas en su mayoría estadounidenses (Blakwater, Kellogh, Brown and Roth, Globlal Risk, Skycoleman, Dincorp, también llamadas de mercenarios) para asumir la protección de infraestructura estratégica vinculada al petróleo de aprobarse la reforma energética actualmente en discusión, para después ocupar otros ámbitos de la seguridad publica mexicana; el segundo y menos probable, es que se implantará un modelo como el que actualmente opera en Ecuador donde la trasnacional española Repsol contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano para que asumiera la función de vigilar sus instalaciones desvirtuando así el propósito de la institución militar en aquel país debido a que responden a las órdenes de la empresa petrolera extranjera y no a los intereses de su nación.

Ninguno de estos escenarios “son compatibles con el estado democrático de derecho”, aclaró Miranda, “por que no es legítimo que un ciudadano de un país interfiera militarmente en otro país sin el control del gobierno, es decir, hay una discusión en el escenario público de qué se hace con la fuerza civil, la fuerza la usa y la utiliza quien la puede pagar y así se protegen los intereses privados sin respetar la ley”.

Bajo ese escenario ya se pueden identificar casos de actividades de este tipo de empresas en nuestro país. Este mes se expuso en medios de comunicación el entrenamiento en tortura que recibían cuerpos de la policía de León, Guanajuato, por parte de la empresa Global Risk, y en agosto de 2007 un diputado veracruzano filtró que se pretendía contratar a las empresas Skycoleman Co. y Blakwater para vigilar infraestructura en el puerto de Veracruz. Además, este último grupo de seguridad militar privada inició el mes pasado operaciones de adiestramiento de un equipo Swat en San Diego, Estados Unidos, a sólo 500 metros de la frontera con México.

A estos casos se suman la contratación para la vigilancia de algunos ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por parte de la Compañía Logística de Hidrocarburos, cuya casa matriz se localiza en España, sin importar que según la Ley de Seguridad Nacional se designe esta función a los cuerpos de seguridad nacional y que de hecho la Gerencia de Seguridad Física de la paraestatal esté a cargo tradicionalmente del Ejercito Mexicano.

Esto resulta preocupante además por que México tampoco cuenta con leyes que puedan regular esta actividad mercenaria internacional “está mucho menos regulada de lo que está en EU. En México no tenemos absolutamente ninguna disposición en materia de compañías privadas de seguridad militar […], no hay ningún control o mecanismo con respecto a estas empresas”, aclaró Victoria Unzueta, asesora del CESP y coautora del primer informe de este centro.

Alfonso Miranda recordó que sí “hay un consenso internacional para inhibir y frenar esta acción” de empresas privadas de seguridad militar, pero México no lo ha adoptado. Se trata del establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1989 en la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

En el convenio se cataloga como delito las actividades de mercenarios y también prohíbe a los Estados Parte a contratar este tipo de servicios y los obliga a tomar medidas factibles para que se eviten este tipo de actividades dentro de sus fronteras, esto debido a “que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos”, como lo establece la declaración de la Convención que nuestro país no ha ratificado y por tanto desprotegido.

“Estas empresas están avanzando de forma importante hacia México” y el petróleo es sólo la punta de la madeja, advirtieron los integrantes del CESP.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

MAPA GEOPOLÍTICO del OLAG

MEDIATICO

PRENSA LATINA