domingo, 31 de agosto de 2008

Apela el FPDT nuevas sentencias de detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006

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México D.F., 29 de agosto de 2008 (Cencos).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), así como familiares de las y los luchadores sociales detenidos en el Penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, y en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, expresaron su repudio ante las sentencias a los detenidos durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

El 21 de agosto pasado, el juez primero penal de primera instancia de Texcoco, sentenció a 11 activistas del FPDT a casi 32 años de prisión, así como a 45 años a Ignacio del Valle, con lo que este último, líder del Frente, suma más de 112 años de reclusión.

Días después, Patricia Romero Hernández, comerciante de Texcoco, así como su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías, fueron sentenciados por el juez tercero a más de 3 años por los delitos de “ultrajes y lesiones”, que podrán alcanzar una fianza de alrededor de 50 mil pesos, ya que el Ministerio Público desistió de a la revisión, por lo que saldrán en libertad tras cubrir la fianza decretada en la sentencia.

Acompañados por Juan de Dios Hernández Monje, abogado defensor integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, y Javier Enríquez Sam, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, hicieron notar la ironía de que se acuse a muchos de los detenidos de “secuestro equiparado” cuando en realidad los propios detenidos fueron los secuestrados a manos de los elementos de seguridad pública.

Maribel Ramos Rojas, familiar de Patricia Romero, Arturo Sánchez y Raúl Romero Macías, detenidos mientras comerciaban el día del operativo policial en el mercado de Texcoco, pidió ser escuchada en sus quejas al igual que lo fue el empresario Alejandro Marti por el secuestro de su hijo, “él por ser un gran empresario y tener el dinero para poder hacerse escuchar. De la misma manera yo pido castigo para esos verdaderos secuestradores que matan, asesinan y torturan” dijo refiriéndose a “los policías protegidos por los altos mandos”.

Ante estos fallos del poder Judicial, la defensa de los detenidos, encabezada por Hernández Monje, dio a conocer que ya han apelado las sentencias a Del Valle y los otros 11 detenidos, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sin embargo, aunque siguen los procedimientos legales, aclaró que no confían en lo absoluto en el poder judicial e incluso explicó que en el Estado de México “hay una dependencia absoluta del poder Judicial respecto del Ejecutivo… de hecho si ustedes van a cualquier juzgado del Estado de México encontrarán que las oficinas de los jueces las presiden fotografías del pequeño dictador”, dijo refiriéndose a Enrique Peña Nieto, gobernador de dicha entidad.

Por su parte Enríquez Sam, recordó que los procesos a los y las luchadores sociales detenidos en San Salvador Atenco son “procesos plagados de irregularidades, de pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los derechos fundamentales plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México”. 

Los caminos que se siguen por la vía jurídica derivados de la represión a las movilizaciones sociales en la región Atenco-Texcoco, son parte de una estrategia de criminalización de la protesta social, “las sentencias se deben interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado. No se acepta la disidencia política y social en este país; en este sentido, [las sentencias] siguen la mima lógica de la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, la tortura procura intimidad y castigar a los detenidos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes”.

Aunado a la apelación de las sentencias, Nelly Gochicoa, madre de Héctor Galindo, detenido en El Altiplano, anunció que demandó a Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “puesto que a más de dos años de la represión argumentó que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Hernández al haber ordenado su traslado y permanencia al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano; sin embargo, no le dio efectos resolutivos a su resolución solicitando el traslado de los presos a un penal estatal lo que contraviene los principios para lo que fue creada esa institución”.

Ante la situación, el FPDT, a través de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, llamó a la movilización social ya que estos dos años de pasividad poco han servido para que se haga justicia ante la sistemática violación de derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

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