martes, 15 de julio de 2008

Discriminación, entre los principales obstáculos para enfrentar al VIH-Sida

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Boletín de prensa

México D.F., 15 de julio de 2008 (Cencos).- Para el gobierno de México no son prioridad el gran número de personas infectadas por VIH-Sida, destacaron organizaciones de defensa de derechos humanos en conferencia de prensa rumbo a la 17 Conferencia Internacional de la ONU sobre el VIH-Sida a realizarse en México.

José Miguel Vivanco, director Ejecutivo para el continente americano de Human Rights Watch (HRW), aclaró que aunque sí hay acuerdos de los gobiernos para tratar y prevenir esta enfermedad, “en los hechos no se toman las medidas que corresponden para tener resultados efectivos”.

“Para un sector importante de la población y para los tomadores de decisiones [las y los infectados de VIH-Sida] somos la escoria de la sociedad. Para ellos [las y los encargados de implementar acciones] invertir en nuestra salud representa muy poca bonanza política”, dijo Anuar Luna Cadena, presidente de la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH-Sida, al explicar el por qué de la baja prioridad que tiene para el Estado esta problemática.

Durante su exposición, Anuar, y más adelante Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), hicieron un exhorto para que el Ejecutivo mexicano declare una emergencia nacional. Esta acción, aclaró el ombudsman local, serviría para vincular a los distintos sectores tanto del gobierno como de la sociedad para implementar acciones que significan avances reales en el tratamiento y prevención de esta enfermedad.

Las cifras plantean un panorama preocupante. Según datos del Censida, actualizado hasta el 15 de noviembre pasado, en México hay 115 mil 651 mujeres y hombres con Sida, además de 182 mil personas infectadas con VIH (que no se les ha presentado la enfermedad), y se estiman en 21 mil 226 los y las infectadas en el Distrito Federal, siendo la entidad con mayor número de personas en esta condición.

A estos datos ofrecidos por Álvarez Icazar se suma el alto número de personas infectadas en los estados de Quintana Roo, Baja California, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí, donde además los números revelan que mientras mayor es el índice de migración de los habitantes de estos estados hacia el norte, mayor también es el numero de casos de VIH-Sida en dichas entidades, sostuvo José Miguel Vivanco.

La discriminación implica la violación de los derechos de las mujeres y hombres infectados, debido que la mayoría de estas personas se encuentran dentro de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Otro problema del que se hizo énfasis tiene que ver con el abasto de medicamentos, ya que los sistemas de salud fallan en la distribución en tiempo de las medicinas, lo que representa para una persona infectada con VIH-Sida que la efectividad de los tratamientos disminuya alarmantemente, y en el caso específico del tratamiento con retrovirales, es aún peor ya que cuando se suspende el tratamiento por falta del acceso a medicinas las consecuencias suelen ser peores que si el o la persona enferma nunca se hubieran tratado. El acceso a tiempo y con bajos precios a las medicinas es fundamental para combatir al Sida, destacaron.

La cumbre mundial de VIH-Sida, que se realizará por primera vez en un país latinoamericano, tendrá una asistencia de más de 30 mil personas de distintas organizaciones y grupos a nivel mundial dedicados el combate de ésta enfermedad, este evento, dijeron los ponentes, será una gran ventana de oportunidad para que en México el debate publico en torno a este grave problema alcance mayores niveles de discusión y se ponga sobre la mesa la situación del VIH-Sida en nuestro país antes de que las cifras de esta enfermedad revelen un panorama realmente catastrófico como el que en la actualidad se vive ene África subsahariana.

Los principales obstáculos que enfrenta la prevención y el tratamiento del VIH-Sida son una “cadena sistemática de violaciones a los derechos humanos debido a la discriminación” que la sociedad y el Estado hacen hacia las personas infectadas, en un ambiente donde el Estado abdica de su responsabilidad y la sociedad continúa discriminando”, dijo el presidente de la CDHDF.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

viernes, 11 de julio de 2008

Ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, exponen abusos de minera canadiense


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México D.F., 10 de julio de 2008 (Cencos).- Campesinos del ejido Huizopa, en Chihuahua, acompañados por el escritor Carlos Montemayor, Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República, e integrantes del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), revelaron los abusos de la minera trasnacional canadiense que explota tierras en dicho ejido pese a la relación injusta e inequitativa que mantiene con los comuneros.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), David de la Rosa y David Peña, dos representantes de la Asamblea Permanente de Ejidatarios, expusieron la problemática que sufre su comunidad en el municipio de Maderas. Relataron que la compañía Minera Dolores, subsidiaria de la trasnacional canadiense Minefinders, instalada en el este lugar desde hace 14 años gracias a la concesión otorgada por la Secretaria de Economía, ha incurrido en un sin número de abusos contra la población y contra el medio ambiente.

En la actualidad los ejidatarios han emprendido acciones de resistencia pacífica y exigen la revisión del contrato de usufructo que firmaron con la Minera, planteando tres necesidades primordiales: un plan de desarrollo comunitario para que al salir la minera haya otras actividades económicas que permitan subsistir a las mujeres y hombres de Huizopa, la integración de una comisión mixta para el cuidado del medio ambiente, y un plan de desarrollo económico que permita al pueblo cobrar una renta anual a la minera por el uso de las tierras.

Este último punto pretende corregir la situación que se ha mantenido hasta la actualidad ya que en un principio Minefinders sólo pagó 39 millones de pesos por el derecho a explotar la zona durante 16 años, engañando a los ejidatarios ya que las ganancias estimadas por Mark Bailey, presidente de esta trasnacional, con la explotación de estas tierras –que luego quedarán inservibles– se calculan en más de 3 mil millones de dólares. El total de reservas de la Mina Dolores es de 2.4 millones de onzas de oro y 126 millones de onzas de plata.

Otro de los abusos cometidos por la empresa consiste en la apropiación de facto de más de 2 mil hectáreas de terreno. Originalmente tenía permitido trabajar en mil 200 hectáreas, pero a la fecha se ha detectado que realizan actividades en un total de 3 mil 498 hectáreas. Ante esta situación la comunidad ha solicitado que se mida con peritos oficiales la cantidad de superficie en que desarrollan sus actividades para constatar dicho abuso pero sólo han recibido negativas de la compañía.

Las actividades mineras, por la cercanía de los minerales (oro y plata) a la superficie del terreno, se realizan bajo la forma de explotación a cielo abierto lo cual modifica drásticamente las tierras del ejido. El método utilizado se denomina de piletas de lixiviación, las cuales para ser accionadas requieren de cianuro de sodio; dicho compuesto resulta altamente riesgoso para la salud de los y las campesinas de Huizopa, además de afectar gravemente al medio ambiente provocando la desaparición de flora y fauna de la zona además de la posibilidad de contaminación de los mantos acuíferos a través de la filtración.

Debido a esto, los ejidatarios han solicitado los inicios de diálogo respetuoso con la empresa pero ante la falta de escuchas iniciaron el 26 de mayo pasado un plantón pacífico el cual fue reprimido por el Ejército y la Policía Federal Preventiva. Integrantes de esta resistencia fueron atacados con gases lacrimógenos y dos de ellos fueron detenidos. Tras esto, el 4 de junio se iniciaron negociaciones pero éstas no han significado una respuesta positiva de parte de la minera a las demandas de la población.

Gracias al acompañamiento del Prodesc, los comuneros y comuneras han identificado la violación a su derecho a estar informados, el derecho a un medio ambiente sano y su derecho a la salud sólo por mencionar algunas violaciones ocurridas. Ante esta situación no han dudado en organizarse para exigir el pleno respeto de sus derechos frente a instancias gubernamentales así como también frente a organismos internacionales como es el caso de la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y representantes de la embajada canadiense en la ciudad de México.

Aunado al caso de abuso de Minefider el escritor Carlos Montemayor recordó que otros casos, en San Luis Potosí (con la subsidiaria Minera San Javier) y próximamente en Chiapas, donde el gobierno acaba de autorizar la explotación de más de 5 mil hectáreas por parte de otras 3 compañías canadienses, cuentan con “varios rasgos que podríamos llamar característicos de un modus operandi de estas compañías: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobreexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico en miles de hectáreas por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación”.

Ante esta situación, continuó Montemayor, resulta “imposible comprender que esta depredación del país, esta destrucción de las trasnacionales canadienses… este despojo, robo brutal a la nación, pueda ser visto por autoridades federales y estatales como parte del progreso económico de nuestra nación”.

A modo de colofón, doña Rosario Ibarra de Piedra señaló que más que mediador entre los ejidatarios y la compañía minera, el gobierno juega un papel “más bien de alcahuete a favor de éstas”.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

SCJN resuelve acciones de inconstitucionalidad de Minipartidos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la multa que se pretendía aplicar a ciudadanos, empresas y partidos políticos por violar la prohibición de contratar espacios para propaganda política y electoral en los medios de comunicación electrónicos tras la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión el pasado mes de noviembre.

 Esta multa consistía en una cantidad equivalente al doble del costo del espacio contratado en un medio electrónico y la justificación para desecharla fue precisamente la mala redacción de ésta ya que no indica un mínimo o máximo de dinero a pagar. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 254 inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), dónde se señala la multa, sí podrá ser corregida por los legisladores sin embargo esta corrección ya no aplicará para las elecciones de 2009 debido a que el tiempo para realizar cambios a la reforma electoral venció el  29 de junio.

 Las demás multas reformadas en el Cofipe si fueron validadas por la Corte con 10 votos a favor y uno en contra. De estas queda establecida una multa hasta por 100 mil salarios mínimos para los concesionarios de medios electrónicos (televisoras y radiodifusoras) que accedan a transmitir spots comprados por ciudadanos, empresas y partidos políticos.

 Esta acción de inconstitucionalidad resuelta forma parte de las cinco presentadas hace 6 meses por los denominados “minipartidos” (Partido del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Social Democracia).

 La SCJN ya ha resuelto la mayoría de éstas y el día de hoy es muy probable que se pronuncie sobre los criterios para distribuir los  tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y la prohibición  para que estos contraten tiempos en dichos medios; así también, se espera que se pronuncien sobre el impedimento para que ciudadanos, empresas o cualquier otra persona (física o moral) pueda contratar tiempos en los medios electrónicos con fines electorales. Con estos dos pronunciamientos daría por resueltas las acciones presentadas por “minipartidos”.

 La otra declaratoria de incostitucionalidad emitida ayer por los magistrado de la Suprema Corte se refiere a que en los requisitos de elegibilidad en los estatutos de los partidos políticos no se deja en claro a quién van dirigidas las obligaciones, si a los aspirantes a candidaturas o a los simpatizantes, por lo que esta porción normativa del Cofipe también fue desechada por su mala redacción.

 Las demás resoluciones presentadas en la sesión de 4 horas de duración desecharon las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los “minipartidos”. Entre ellas destacan la modificación para que grupos políticos que aspiran a registrarse como partidos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) sólo puedan presentar la petición cada 6 años y no cada 3 como se planteaba previo a la reforma electoral. También se confirmó que ninguna persona puede fungir como observador electoral si se presentó como candidato a algún puesto de elección popular en los tres años anteriores.

 Los “minipartidos” quedan desfavorecidos con las decisiones adoptadas por el Poder Judicial y estas se suman a la prohibición, también de este poder de la Unión, para que el PRI, PAN y PRD “transfieran” votos a los partidos menores con la finalidad de mantener su registro ante el IFE.

miércoles, 2 de julio de 2008

Informe AI 2008

Liliana Velásquez, presidenta de Amnistía Internacional (AI) en México, resaltó que “hay una negación de los gobiernos ha impartir igualdad y justicia”, esto durante la presentación del informe de AI del “estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, presentado en el Club de Periodistas.

 

AI resaltó internacionalmente su preocupación por los casos de violación a los Derechos Humanos en México por la impunidad en los casos de Atenco, Oaxaca, las muertas de Juárez () y las constantes faltas cometidas por los militares contra la población civil, y pidió “al gobierno mexicano que formulen un nuevo compromiso de emprender acciones concretas”.

 

“México sigue esperando que se manifieste el liderazgo de Felipe Calderón en materia de Derechos Humanos” dijó la presidenta de la organización de derechos humanos y reiteró su preocupaciñon por el “uso de los militares que en este caso no es una solución a largo plazo,[cómo dijo Calderón Hinojosa a la presidenta de AI, Irene Kahn en su visita a inicios de año] y ya van 18 meses.

 

Otros casos resaltados en el informe fueron los de Darfur en Sudan, el de China, Myanmar, el conflicto Israelí-palestino, y el de Estados Unidos que  “a seguido desafiando el marco internacional de los derechos humanos en su guerra contra el terror” apuntó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de AI en México  al tiempo que pidió “que se cierre ahora y para siempre el campo de Guantánamo”. Otro caso señalado como preocupante fue la complicidad de la Unión Europea en las “entregas extraordinarias” de supuestos terroristas a las autoridades estadounidenses.

Se pone en marcha la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial


 

La Asamblea Transnacional de Remitentes y Familias, que tuvo lugar del 12 al 15 de mayo en la ciudad de México, concluyó con el lanzamiento formal de la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial que pondrá en marcha las propuestas e inquietudes trabajadas durante la asamblea que reunió a líderes migrantes y organizaciones de personas migrantes de todos los rincones del mundo.

 

El encuentro desarrollado en el Club de Periodistas  rescató la visión de más de 300 mujeres y hombres migrantes de 30 países y 66 ciudades de los Estados Unidos, que se reunieron para dar a conocer las principales problemáticas que enfrentan y qué líneas de acción tomarán organizadamente para resolverlas, a través de la Liga. La información recolectada se organizó en tres líneas de trabajo: la identidad transnacional, seguridad económica y participación política.

 

Las propuestas vaciadas durante los 4 días de trabajo de las mesas buscarán aprovechar el escenario en el que se encuentran los más de 200 millones de migrantes internacionales del mundo para lograr alcanzar los objetivos planteados. Los números estadísticos que arrojan las actividades de personas migrantes en todo el mundo reflejan la importancia que tendrían las decisiones y acciones emprendidas si contaran con un alto nivel de organización y convocatoria tal como se hizo en este encuentro organizado por TIGRA (Instituto Trasnacional de Investigación y Acción de Base), SEDEREC (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades) y CENCOS (Centro Nacional de Comunicación Social).

 

En la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial las propuestas y decisiones tendrán mayor peso y serán más factibles de volverse realidad a un nivel más amplio que el que podría lograr cualquiera de las organizaciones o grupos de personas migrantes actuando individualmente. Por su parte TIGRA, una de las organizaciones convocantes, mantiene una red de más de 180 organizaciones migrantes en los Estados Unidos.

 

Durante 2007 la comunidad migrante mundial generó 300 mil millones de dólares, aumentando en 30% desde el 2000, lo que habla de su rápido crecimiento. Esta misma cantidad es tres veces mayor que la ayuda económica oficial que los países en desarrollo como México, destinan al combate a la pobreza. Además, todas las mujeres y los hombres que envían sus sueldos a sus comunidades de origen llegan a sumar el 10% del Producto Interno Bruto de los países en desarrollo dónde residen sus familias.

 

Cuando las personas que han decidido migrar se dan cuenta de lo que representan como minoría en el escenario global pueden entonces organizarse para exigir el respeto a sus derechos, tanto económicos como sociales y culturales y conseguir mejores condiciones de vida.

 

La Asamblea concluye formando una agenda estratégica que será atendida por la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial, órgano que representa a la comunidad migrante ante el mundo.

 Hombres y mujeres migrantes de todo el mundo se enfrentan a la inmovilidad  provocada por su situación legal. Los flujos de la migración internacional se caracterizan porque en su mayoría se conforman por personas sin documentos y eso complica sus posibilidades de movilidad mientras que el dinero que generan es asimilado sin problema alguno por el sistema financiero internacional cuando lo envían a sus familias en sus comunidades de origen a través de empresas multimillonarias de envío de dinero.

Encuentro internacional de líderes migrantes

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Difusión Cencos México D.F., 12 de mayo de 2008

Boletín de prensa

• Asamblea Transnacional de Remitentes y Familias para la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial

• El monto mundial de recursos de las remesas representa tres veces la ayuda económica que dan países en desarrollo para combatir la pobreza

Grupos internacionales de personas migrantes sostendrán la Asamblea Transnacional de Remitentes y Familias en el Club de Periodistas en el centro de la ciudad de México. El propósito es dar cuenta del desarrollo que se puede conseguir en sus comunidades de origen si se usan a las remesas como motor para el desarrollo social.

Hoy en día las personas migrantes constituyen un verdadero poder tanto a nivel económico como político y se han convertido en el epicentro de la lucha contra la pobreza mundial al ser los principales redistribuidores de dinero proveniente de los países donde laboran a sus comunidades de origen. Este hecho convoca a varios líderes de las comunidades internacionales de migrantes al encuentro organizado por TIGRA (Instituto Trasnacional de Investigación y Acción de Base), SEDEREC (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades) y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).

La Asamblea plantea el estado de las realidades a las que se enfrentan las personas migrantes y las mismas que se han creado por este movimiento a nivel global ya que la relación entre ellas y ellos y sus comunidades generan nuevas posibilidades para combatir la pobreza a través del flujo de remesas y su adecuado uso como catalizador del desarrollo sustentable.

Líderes migrantes y expertos en la investigación de éste fenómeno mundial se darán cita del 12 al 15 de mayo para desarrollar temáticas en torno a la seguridad económica, la participación política y la identidad transnacional.

El encuentro en el Club de Periodistas iniciará el lunes, donde las temáticas que serán ampliadas durante esta semana de actividades dan cuenta de la importancia de organizar y dar voz a las personas migrantes.

La ayuda económica que ellas y ellos envían a sus familias representa actualmente más del doble que en el año 2000 y llegó en 2007 a sumar 300 mil millones de dólares a nivel mundial, cifra que representa más de tres veces la ayuda económica oficial que dan los países en desarrollo para combatir la pobreza. El 10% del Producto Interno Bruto de 15 países en desarrollo corresponde a las remesas.

Una de las agravantes que frena este enorme flujo redistributivo, y que también será expuesta, es el alto margen de utilidad de la industria multimillonaria de envío de dinero que llega a absorber hasta el 30% de cada envío. Si los grupos de personas migrantes se conformaran en sociedades anónimas para la administración de los propios recursos que su trabajo genera podrían plantear y llevar a cabo una serie de estrategias que se reflejen en el mejoramiento de sus propias comunidades y en economías de países como México.

Otro de los enfoques que ocuparán las mesas de discusión del encuentro internacional es la capacidad que tiene este grupo emergente en el escenario global para cambiar las políticas que les afectan impidiendo el goce de sus derechos. Una de cada 35 personas en el mundo es un migrante; la gran mayoría de ellos y ellas carecen de seguridad social y derechos individuales, por tanto, la organización es fundamental para garantizar su acceso a sus derechos fundamentales.

Durante la Asamblea se hará el lanzamiento oficial de la Liga de Sustentadores de la Comunidad Mundial, una red transnacional que será representativa de la comunidad migrante en la escena global y que será un primer paso para aplicar los planteamientos de este encuentro.

Contacto:

Guadalupe Gómez:
045 22 25 27 39 84
044 55 39 85 93 28

Francisco Barrón:
55 33 64 75 ext.104
044 55 31 90 75 40

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

Corrupción y contubernio entre Estado débil y crimen organizado: Carlos Flores


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México D.F., 7 de junio de 2008 (Cencos).- La delincuencia organizada no sería posible de no ser por los vínculos de contubernio entre los miembros de ésta y el ámbito del Estado. Para combatirla adecuadamente “hay que pegarle a la estructura de protección política, hay que pegarle a la estructura de lavado de dinero, hay que pegarle a las ganancias ilícitas que obtengan y hay que contener a la violencia. Aquí [en México] solamente se está tratando de contener la violencia [...] pero además con métodos ineficientes”, explicó Carlos Flores, doctor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

En otras palabras, la delincuencia organizada es fuerte por que el Estado sólo combate a la violencia que ésta genera y no a todos los frentes del problema como la corrupción y los lazos que el gobierno y estos grupos delictivos mantienen, y “la gravedad [de la corrupción] se empieza a incrementar conforme se empieza a subir la escala de los puestos corruptos al interior del gobierno hasta llegar a la corrupción en los cargos más altos”, continuó el ponente al presentar sus Modelos teóricos de análisis de los vínculos de contubernio entre delincuencia organizada y el ámbito del poder en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la critica del investigador a la forma en la que el gobierno esta enfrentando el problema de las organizaciones delictivas en nuestro país hizo hincapié en que incluso el control de la violencia que se genera por los negocios ilícitos, como el tráfico de drogas, no es la adecuada, “aunque las autoridades quieran señalar que es una guerra, pues es una guerra muy problemática ya que una guerra se da entre bandos diferenciados, el bando malo y el bando bueno” pero en este caso “el problema es que parte de la población civil es la que está en disputa con el ejército organizado”, por lo cual no se puede emplear una estrategia como si se tratara de una guerra.

Además, “también son hombres y mujeres las que están en el fuego cruzado así que no puedes aplicar la lógica de guerra porque entonces estas cercenando al país”, explicó ante la estrategia del Ejecutivo de combatir al narcotráfico con el Ejército.

Durante esta ponencia organizada por la Cátedra UNESCO transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, Carlos Flores expuso un modelo teórico que permite entender el fenómeno de corrupción por parte de elementos del Estado y cómo estos entran en contubernio con el crimen organizado.

Señaló que “la delincuencia organizada se encuentra presente en todo tipo de Estado o régimen” pero encuentra un mejor clima para subsistir frente a un Estado débil que permite una mayor corrupción y la existencia de una delincuencia organizada más difícil de controlar.

En la categoría teórica de Estado débil Flores ubicó al actual gobierno mexicano que se caracteriza “porque no garantiza el monopolio de la violencia, tiene una soberanía mermada, legitimidad cuestionada, una aplicación diferencial de las leyes, se ve un ejercicio patrimonial y clientelar del gobierno [para favorecer a ciertos grupos], reproduce condiciones de inequidad en el acceso a los bienes deseados por la sociedad y cuenta con una incapacidad crónica para traducir los recursos gubernamentales en metas concretas”.

Aunado a esto, el investigador presentó una serie de testimonios que recopiló durante su investigación de campo para comprobar los modelos teóricos, uno de ellos pertenece a un agente de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y que en los años 90 del siglo pasado se encontraba en operaciones encubiertas en México y nos sirve para entender los grados de corrupción que se presentaban en el país:

“Se sabe que un subprocurador federal, nombrado por el propio presidente de la República, vendía las plazas de delegado por dinero, algunas plazas costando tres millones de dólares, como las plazas de Juárez y Tijuana. Para pagar por el prestigio de representar a la Procuraduría General de la República (PGR) como delegado en estos lugares, el delegado tenía que pagar los tres millones al subprocurador a través de los subordinados de él, tal como el director de la Policía Judicial Federal. También, el subprocurador exigía una cuota mensual y esta cuota era juntada cada mes por los subordinados más fieles usando una avioneta de la PGR. Si el subprocurador enviaba remesas de dinero a su jefe (el presidente) no se sabe, pero se cree que hubo regalos o beneficios pasados al jefe. Hoy día, el asistente del subprocurador, quien coordinaba la recolecta de cuotas, anda prófugo”, enfatizó.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

La Audiencia Nacional española pide al Estado mexicano responder por violaciones a derechos de la ciudadana Cristina Valls


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México D.F., 13 de mayo de 2008 (Cencos).- El estado mexicano debe responder a la petición del juez Fernando Grande-Marlaska, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional española, en relación a la denuncia que presentó la ciudadana de dicho país Cristina Valls, por las violaciones a sus derechos humanos en San Salvador Atenco, Estado de México, entre el 3 y el 5 de mayo de 2006.

El 25 de enero de 2008 Cristina Valls, a través de la organización no gubernamental Women´s Link Worldwide interpuso una querella ante la Audiencia Nacional española en la que se denuncia el delito de tortura, incluidas la agresión sexual y la violación que sufrió junto con otras mujeres a manos de elementos de la policía durante la represión en Atenco.

Al respecto, el pasado 3 de marzo y antes de pronunciarse sobre la admisión de la querella, el juez Grande-Marlaska dictó un auto en el que solicita que las autoridades mexicanas le informen, a la brevedad posible, sobre los procesos judiciales abiertos por estos mismos hechos y sobre la situación procesal y migratoria de Cristina Valls, a quien se le expulsó del país con prohibición de regresar en un plazo de cinco años sin garantizarle el derecho a debido proceso, como al resto de las mujeres detenidas.

A dos meses de la comunicación del auto dictado por el juez Grande-Marlaska, Cristina Valls a través de Women´s Link reclama a las autoridades mexicanas que atiendan la petición de colaboración judicial española. Cabe destacar que el sentido de la respuesta de las autoridades mexicanas no es condicionante al proceso de la demanda.

De visita en México Viviana Waisman directora ejecutiva de Women`s Link, Paloma Soria abogada litigante de la organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres a través del derecho internacional, los derechos humanos y litigio estratégico, Jacqueline Saénz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Bárbara Italia, testigo de la querella presentada en España y peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron la falta de justicia para las víctimas de la represión en Atenco en 2006.

Las integrantes de Women´s Link detallaron que la demanda se basa en el principio de justicia universal que adoptó España en 2005, en el que se establece como requisito el que ninguna persona involucrada haya sido juzgada o exonerada por los delitos de los que se le señalan y aplica en los casos en los que el país en el que se violaron derechos de las víctimas no exista una respuesta del Estado a las demandas de justicia. Asimismo, no se exige el requisito de agotamiento de instancias o recursos como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, recordaron los casos del exdictador argentino Augusto Pinochet en 1996 y del exrepresor argentino Ricardo Miguel Cavallo a quien México extraditó a España en 2003 a solicitud de la Audiencia Nacional.

Destacan también que la expulsión de Cristina Valls fue ilegal ya que, al igual que otros cuatro extranjeros, contaba con un amparo que la protegía de la expulsión.

Las recomendaciones emitidas anteriormente sobre el caso Atenco fueron integradas a la demanda en la Audiencia Nacional, de tal forma que se señala a 140 funcionarios públicos de la Policía Federal Preventiva, de la policía estatal del Estado de México así como del Instituto Nacional de Migración como presuntos responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos de Cristina Valls, detalló Paloma Soria.

La definición de tortura en la que se apoya el caso corresponde a la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” adoptada en 1984 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España y México, así como en el Código Penal español en su artículo 174. De ambas definiciones resalta que el sufrimiento físico o mental cometido intencionalmente por una autoridad o funcionario público en funciones para obtener información es tortura.

Cristina Valls llegó a México en noviembre de 2005 para conocer la forma de trabajo de las comunidades autónomas de Chiapas y acudió a Atenco para documentar la lucha. El 4 de mayo un operativo policial de tres mil uniformados entró en San Salvador Atenco. Desde su detención hasta su expulsión ilegal del país transcurrieron 48 horas en las que Cristina Valls denuncia haber sufrido de forma continua tortura física, psicológica y sexual.

“En el momento en que la Audiencia Nacional decida tomar el proceso, se comprueben los hechos e impute a los acusados, España podría solicitar su extradición para ser juzgados”, destacó Viviana Waisman.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

Cristina Valls y Women's link

Cristina Valls, a través de su defensora la abogada Paloma Soria de Women´s Link Worldwide, presentó su petición ante la Audiencia Nacional de España bajo el principio de que en caso de tortura la justicia es universal, apoyando dicha afirmación en casos como el de Ricardo Caballo, represor argentino extraditado desde México a España por la misma audiencia, y el del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; por tanto, la justicia en el caso de Cristina puede ser exigida a instituciones que rebasan el ámbito nacional.

 

La definición de tortura en la que se apoya el caso corresponde a la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” adoptada en 1984 por la Asamblea General de la ONU, firmada y ratificada por España, así como en el Código Penal español en su artículo 174. De ambas definiciones resalta que el sufrimiento físico o mental cometido intencionalmente por una autoridad o funcionario público en funciones para obtener información es tortura.

 

Durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 la actuación policial se caracterizó por todo tipo de abusos. La tortura fue inflingida por los cuerpos policíacos a las detenidas y detenidos resaltando el tiempo de traslado desde la comunidad de Atenco hasta el Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito. Durante 6 horas de camino, en una distancia que se suele recorrer en solo 2 horas, se registraron actos de agresión sexual y violación según han declarado la mayoría de las mujeres detenidas. Entre las personas agredidas se encontraban 5 de nacionalidad extranjera, un hombre y una mujer chilenos, una alemana y 2 españolas, una de ellas Cristina.

 

A demás de Cristina Valls, 11 mujeres más representadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (asociación civil mexicana) han buscado que se haga justicia en instancias internacionales, en este caso el centro de derechos humanos acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado mexicano.

Experto petrolero echa por tierra afirmaciones del Ejecutivo

Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México, desmintió que el tesoro que tenemos en el fondo del mar (Frase usada por el presidente de México para referirse al petróleo en aguas profundas) sólo pueda ser explotado por las grandes trasnacionales dueñas de la tecnología de punta necesaria para llegar a dichos pozos y por tanto sea necesario aprobar la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo.

Para sustentar dicha afirmación Barbosa recordó, durante su presentación en el foro Sin petróleo no hay Nación del IIEc que en anteriores sexenios ya se han hecho perforaciones a grandes profundidades y en lo que va del de Felipe Calderón Hinojosa no sólo se hizo una perforación en el golfo de México sino que ésta resultó altamente exitosa ya que se accedió a un pozo que contiene mil millones de pies cúbicos de gas natural.

Ante este hallazgo, comentó Barbosa, “la reacción de las empresas petroleras [contratadas por Pemex para la perforación…] ante esta gran éxito fue negarle los equipos a Petróleos Mexicanos a menos que reformularan los contratos que venían firmando y pudieran participar de los resultados… por eso cuando vimos las iniciativas de Calderón, una de ellas habla de ‘contratos incentivados’ que es la respuesta que el gobierno está dando a esta situación en el golfo de México”. Al momento, los trabajos en este pozo fueron suspendidos.

Tras nueve meses se hizo una exploración más y otra la semana pasada cuando se perforó a 500 metros bajo el nivel del mar y se encontró gas y crudo pesado. Ahora, “el área más importante en aguas profunda en golfo de México está frente a Catemaco, es una nueva zona que viene a modificar la geografía petrolera del país ya que ya pueden ser evaluados en 2.4 miles de millones de pies cúbicos de gas natural” el primer activo para su explotación fue constituido el pasado siete de marzo.

También presentada en la ponencia que organizó el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el pronunciamiento sobre el “patrimonio petrolero de México” del grupo Paz con Democracia desnuda la realidad de Petróleos Mexicanos y las intenciones de la iniciativa de reforma energética.

El grupo integrado por académicos entre los que se encuentran Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Ana Esther Ceceña y Miguel Concha (presentes en el Foro) señala en el pronunciamiento que hay alrededor de 30 mil millones de barriles de petróleo en las aguas profunda del golfo de México, que hacen que la posición geoestratégica del país tome relevancia en el plano internacional.

“Los cuatro primeros proveedores de Estados Unidos son Canadá, Arabia Saudí, México y Venezuela, pero mientras Venezuela pelea por su independencia y pierde el tercer lugar, México se entrega y se somete a la nueva conquista”, explican los académicos. Es debido a esta situación, además del saqueo que el gobierno realiza a Pemex, la corrupción al interior de la paraestatal, y la enorme privatización de facto a través de los contratos de Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiriegas), que Paz con Democracia reclama “con toda energía el respeto a los principios fundamentales de la Constitución de 1917” así como también se suman “a la exigencia de realización de un referéndum nacional para resolver si se aprueban o no las reformas propuestas y [se pronuncian…] por la institucionalización del referéndum como forma de consulta obligada, según señalan en el Pronunciamiento.

El Observatorio Eclesial defiende la libertad de decisión de católicas en folleto sobre el aborto


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México D.F., 27 de mayo de 2008 (Cencos).- El 85% de las mujeres que han recurrido a la interrupción del embarazo (desde la aprobación de las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF y hasta el 24 de abril) son católicas. De ahí la importancia del folleto “Aborto: aspectos sociales, éticos y religiosos”, que pone en la mesa de debate ésta temática evitando caer en polos extremos.

“Este folleto no defiende el aborto sino la libertad de conciencia” para que una mujer decida sobre la posible interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, aclaró el fraile Julián Cruzalta, dominico especialista en temas de moral.

La publicación realizada por el conjunto de organizaciones civiles que conforman el Observatorio Eclesial busca informar para dar mayores elementos de análisis a una discusión que se ha agudizado desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con miras a que se desechen las reformas que permite el aborto en el Distrito Federal.

“En la iglesia católica no ha habido una postura única en torno al aborto” recordó Aidé García de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. “Pareciera que sí por las posturas de la jerarquía católica, pero estas no representan las posturas de las y los católicos en general”, abundó en la presentación del folleto realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social.

En opinión de Cruzalta, las modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal del Distrito Federal que despenalizan el aborto en la ciudad de México “ampara el fuero interno” de cada mujer para que ellas sean las que decidan. “El aborto no es un delito tanto jurídicamente como teológicamente” dijo por su parte Aidé García durante la conferencia.

De entre las siete mil 820 mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, las mujeres católicas “no ven una radical oposición entre su fe y su decisión”, dijo Jaime Laines, teólogo del Centro Antonio de Montesinos, parte del Observatorio Eclesial.

“La institución eclesial ya no escucha más qué opina la gente, qué exige la gente hoy en día” a decir de la teóloga María Van Doren quién aclaró: “aunque soy una mujer creyente, tengo libertad”. En este marco, se da la necesidad de presentar este material didáctico cuyo objetivo es informar sobre los cambios a la Ley de Salud y al Código Penal del Distrito Federal respecto a la interrupción del embarazo y dar elementos para una discusión sobre la libertad de conciencia y el derecho a decidir de los y las católicas del Distrito Federal.

El material se distribuirá a través de las organizaciones que conforman el Observatorio Eclesial y buscará “generar una corriente favorable de opinión en torno a estos temas” para ayudar a romper con la idea de que al interior de la iglesia se piensa de la misma forma que en la jerarquía y también ayudar a las mujeres católicas a estar más informadas.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

Gobierno de Sonora censura de último momento a revista Proceso.


 

Por información de la misma revista se supo que entre el 27 de abril y el primero de mayo personal del gobernador Eduardo Bours realizaron compras masivas del ejemplar No. 1643 del semanario político dónde se publicó como tema central (en portada) El sospechoso gobernador multimillonario, reportaje de Ricardo Ravelo sobre la fortuna del mandatario sonorense realizada al amparo del poder político y la posible relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero (investigando en la PGR), según se lee en El sospechoso gobernador multimillonario.

 

Personas que dijeron ser empleados de gobierno compraron 3 mil 530 ejemplares en total. Los primeros mil 64, número de ejemplares que se suele distribuir en el estado, fueron solicitados por estos empleados de gobierno la noche del domingo 27 de abril y comprados en cuanto llegaron a la empresa encargada de su distribución (Publicaciones Citem). Después de realizaron compras masivas en locales cerrados como Sanborns, Cuencas y Wal-Mart, a los cuales se les envió 460 ejemplares más (solicitados por las mismas empresas) que llegaron entre el miércoles y el jueves sólo para ser comprados  de nueva cuenta por personal del gobierno estatal.

 

A demás a esto, Proceso envió otras mil 650 revistas que llegaron a Hermosillo el 30 de abril y fueron adquiridas en su totalidad directamente a la distribuidora para evitar su difusión. Luis Lugo, agente de Citem en la capital sonorense narra que en esta ocasión los empleados del gobierno de Bours le dijeron: “detén el asunto, porque ya compramos muchas”.

 

Este caso de censura se vio reforzado por llamadas telefónicas a la redacción de la revista, que se presume eran también de personal del gobierno de Sonora, solicitando información sobre cuando se daría el segundo envío (el de mil 650 ejemplares) con el propósito de detener su distribución.

 

Frente a esta situación Proceso pidió a su distribuidor en el estado que hiciera todo lo posible por que se repartieran los ejemplares a menos que esto representara un riesgo. Mauricio Ramírez, jefe de circulación de Proceso, explica que “por experiencia sabemos que los agentes prefieren venderla, para evitar riesgos y tener una venta del 100% con pago inmediato”.

Homenaje al periodista Miguel Ángel Granados Chapa


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México D.F., 19 de junio de 2008 (Cencos).- Bajo el implacable sol de medio día del cambiante clima de la Ciudad de México, se dieron cita los y las lectoras, radioescuchas, admiradores entusiastas de Miguel Ángel Granados Chapa para oír una vez más las palabras del periodista; en esta ocasión no desde los medios de comunicación donde se forjó como uno de los más destacados periodistas de México, sino en unas sencillas palabras con motivo de su propio homenaje y la presentación de su busto en el Paseo de los Periodistas Ilustres.

En su narración, elocuente e improvisada como amenizando una plática informal, Granados Chapa habló de los periodistas que han sabido ejercer su trabajo siempre en congruencia con la libertad de expresión que ha definido sus carreras profesionales.

Se refirió a Martín Luis Guzmán, José Pagés Llergo y a Francisco Martínez de la Vega, señalando a éste último como su primer mentor en el mundo periodístico. De Luis Guzmán resaltó su capacidad de cambiar de medio de comunicación para mantener su libertad de palabra y de Pagés Llergo, cuya estatua yace junto a los bustos de Granados Chapa y Lolita Ayala en el mencionado paseo, exaltó su trabajo en la revista Mañana durante el auge de la corrupción del gobierno del expresidente de México Miguel Alemán (1946-1952).

Acerca de su maestro refirió que siempre “ejerció con toda prestancia su oficio, ejerciendo su libertad cotidianamente y no sólo en los momentos en que se requería tomar decisiones fundamentales”, haciendo ver que el oficio del periodista debe estar trazado por su deontología personal.

Tras las elocuentes anécdotas que dieron el porqué de la presencia de estos comunicadores en el Paseo de los Periodistas Ilustres, el homenajeado se limitó a decirse gustoso de estar ahora entre ellos, “a mi humildad de pertenecer al mismo espacio donde brillan las figuras de Pagés Llergo, Martín Luis Guzmán y de Francisco Martínez de la Vega se suma el contraste con su grandeza, por eso agradezco que hayan venido a conocer este profundo contraste entre éste aprendiz de periodista [Granados Chapa] y esas figuras. Acepto el contraste”, dijo para concluir el acto.

El periodista comentó sentirse sorprendido al encontrarse con poco más de 200 que acudieron a la ceremonia; “supuse que iba a llover y eso lo iba a dejar escasamente poblado y sin embargo no, me sorprendió la calidad y la cantidad de las personas”.

Cual verbena popular los aplausos y vivas abarrotaron el aire del festejo; mientras, se quitó el velo del busto y de cañones laterales volaron miles de papeles. Atrás, oculta tras la tarima del evento, la banda musical soltó los estruendos más fuertes para darle el marco formal al momento cúspide de la celebración.

Al término del evento Miguel Ángel Granados Chapa hizo alusión a la libertad de expresión que vive México, de la que mencionó que “ha habido muchos cambios” y recordó que la prensa ha “tenido épocas de gran restricción, el gobierno del presidente Díaz Ordaz por ejemplo fue un gobierno muy autoritario o el gobierno de Echeverría, él echó a Julio Sherer del Excélsior”.

Los periodistas sufren una “modalidad atroz” de represión: la delincuencia organizada, “por lo que estamos peor que nunca”. Dijo que “la represión practicada por el gobierno es combatible ya que es denunciable pero la represión que se provoca con la impunidad que propicia el gobierno ante el crimen organizado no se puede enfrentar”. Así que, agregó, no hay más instrumento para el combate que la palabra misma desde la información por lo que hay que “intensificar nuestro esfuerzo por no quedarnos callados”.

Al evento le acompañó José Agustín Ortiz Pinchetti, a quien presentó como secretario de Relaciones Políticas del "gobierno del presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador", por lo que al cuestionarle si la sanción impuesta por el IFE a los partidos PRD y PT por el uso en sus promocionales de la frase “presidente legítimo” era una represión a la libertad de expresión contestó. “Es un acto limitado, cabe no exagerarlo, solo se les pide que en lo sucesivo se abstengan de utilizar en sus spots ésta denominación, formalmente es muy discutible pero materialmente va a carecer de significado; nadie de los que lo llaman así van a dejar de hacerlo”.

Granados Chapa nació en Mineral de Monte, Hidalgo, el 1 de marzo de 1941, es egresado de Derecho y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente esta por obtener el doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana.

Su labor como docente destaca en instituciones de educación superior como la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la escuela de Periodismo Carlos Septién García, así como consejero de la Unidad de Extensión Académica y universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, entre otros cargos.

Pero lo que sin duda deja huella es su trayectoria periodística, la que se refleja en su desempeño: director gerente del semanarioProceso, coordinador de noticieros del Canal Once, director general de Radio Educación, subdirector y director de la Agencia Mexicana de Información, coordinador editorial y subdirector de Unomásuno, subdirector y director de La Jornada así como colaborador de medios impresos nacionales como Excélsior, El Universal y El Financiero entre otros.

Ahora la figura en bronce del periodista mexicano queda como homenaje en vida al lado de otros grandes representantes de dicho oficio en el Paseo de los Periodistas Ilustres, dentro del parque del mismo nombre. Granados Chapa recorrió al lado de su esposa, José Agustín Ortiz Pichetti y Julio César Moreno, titular de la delegación Venustiano Carranza, la alfombra roja que lo introdujo y ahora lo saca del parque.

Atrás de él quedan las y los periodistas y fotógrafos tomando las últimas impresiones del evento; más atrás, algunos admiradores y admiradoras que, para no arriesgarse a los empujones del tumultuoso halo que siguió a Granados Chapa, prefirieron sacarse una fotografía junto a la reproducción en bronce de su periodista de cabecera.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

Rosario Ibarra llama a proceder contra la reforma judicial


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México D.F., 26 de junio de 2008

Boletín de prensa

Rosario Ibarra de Piedra hizo un llamado a los diputados federales para emprender una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en justicia penal promulgada el pasado 20 de junio. “La aprobación y promulgación de esta reforma constituye un grave paso en la vulneración y limitación de derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco”, dijo la senadora de la República que preside la Comisión de Derechos Humanos en la cámara alta.

El anuncio, expuesto en conferencia de prensa, busca que cuando menos un tercio de los diputados federales se declaren en contra de la reforma judicial para así poder presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La publicación de esta reforma, dijo, se opone a la posición no sólo popular sino de los “defensores y defensoras de derechos humanos, de organismos de este tipo a nivel nacional e internacional, e incluso a las observaciones dirigidas a los grupos parlamentarios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Para que sea posible emprender esta acción por parte de la Cámara de Diputados, es necesario que se presente ante la SCJN durante los 30 días naturales siguientes a la publicación de la reforma por lo que la fecha límite es el 18 de julio próximo.

Entre los artículos de la Constitución mexicana que se violan con la reforma de justicia penal destacan el primero, del tercero al noveno, además de los artículos 16, 17, 19, 20 y 21, que se refieren principalmente a los derechos de los y las mexicanas. “La reforma de justicia penal viene a traducir en el terreno legal el curso autoritario y violatorio de derechos humanos que ya ocurre en la práctica”.

Estos cambios a los códigos penales federales aumentan la crisis de representación política de las instituciones, ya que al desprestigio del poder Ejecutivo se suma ahora el del poder Legislativo cuando “se repite la contradicción entre mayoría legislativa y mayoría popular expresada antes en la reforma a la ley del ISSSTE”.

Además de estos dos poderes de la Unión, otra instancia que resalta por su silencio ante el tema es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que “cuenta con un alto presupuesto y muchísima gente para trabajar, tienen muchos abogados, un equipo muy amplio y debería tener una posición férrea contra estos abusos gubernamentales y me parece que no la hay”, señaló la integrante y fundadora del Comité Eureka y el Frente Nacional Contra la Represión.

El abogado Hugo Rosas, parte del equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, adelantó que “ésta acción de inconstitucionalidad le podrá parecer a muchos abogados como improcedente porque éste recurso solo es para impugnar leyes o tratados internacionales, no normas constitucionales”, sin embargo aclaró que en el fondo “la acción esta diseñada para impugnar normas generales y nosotros consideramos que [esta reforma] vulnera el núcleo de derechos humanos que aparece en la propia Constitución” por lo que puede ser considerada como contradictoria a la Carta Magna.

El artículo 105 de la Constitución en su fracción segunda señala que: la acción de inconstitucionalidad procede únicamente si se trata de leyes federales y locales o tratados internacionales. Y en este caso se intentará impugnar para que se declare inconstitucional una reforma a la propia constitución.

“Hago un llamado a los ministros de la SCJN a que superen los principios anquilosados que en muchas ocasiones ocupan al momento de elegir sus resoluciones y den un paso para utilizar criterios de avanzada para estos casos”, dijo Hugo Rosas con miras a que la acción no sea considerada improcedente por el máximo órgano de justicia de la nación.

Durante el llamado se enfatizaron cuatro puntos de la reforma publicada que la convierten en inconstitucional: primero, se constitucionaliza el arraigo lo que contradice al principio de presunción de inocencia del individuo; segundo, se eleva a nivel constitucional una definición de delincuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de la criminalización de la protesta y lucha social, así como de la solidaridad entre los y las que luchan en defensa de sus derechos; tercero, con dicha definición se crea un régimen de excepción que permite prácticas de la época porfirista como los traslados de detenidos o presos a lugares lejanos y diferentes, como los que ya se han visto durante la represión en Oaxaca y que no podrán ser impugnados como anticonstitucionales y; cuarto, se constitucionaliza la orden de detención por parte del Ministerio Público sin contar con la orden de un Juez.

Esta nueva reforma de justicia penal inició sus vaivenes el nueve de marzo de 2007 cuando el Ejecutivo la envió como iniciativa al Senado de la Republica. En diciembre de 2007 fue votada y aprobada por el Congreso de la Unión; posteriormente, a principios de 2008 la mayoría legislativa tuvo que retirar partes de la propuesta por presiones de la opinión pública y, sin embargo, para el 28 de mayo de este año se anuncio en el Senado que la mayoría de los congresos locales la habían aprobado por lo que se podía dar paso a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fue publicada y promulgada el 20 de junio pasado y lo que podría seguir, si se logra la acción de inconstitucionalidad, es su revisión por parte de la SCJN, la cual no tiene un plazo límite para declararse y por lo tanto podría pasar mucho tiempo antes de que se avance en este tema.

“Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma, para que por lo menos un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados presenten esta acción de inconstitucionalidad”, señaló Hugo Rosas y detalló que la acción puede ser presentada a más tardar el 18 de julio por lo que dentro de 22 días deberá presentarse la acción de inconstitucionalidad.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

Promulga Bush la Iniciativa Mérida

México D.F., 1 de julio de 2008

Boletín de Prensa

La Iniciativa Mérida ha salido a la luz tras ocho meses de negociaciones y desde que se nombrara por primera vez en marzo de 2007. Fue promulgada ayer por George W. Bush, presidente de Estados Unidos, al firmar la Ley H.R. 2642 de asignaciones suplementarias. La medida autoriza la transferencia de apoyo en seguridad a México por 400 millones de dólares (mdd).

La misma ley también incluye 65 mdd dentro de la Iniciativa para los países centroamericanos y otros gastos dentro del esquema de seguridad internacional de EU que proporcionen “los fondos necesarios para apoyar a nuestras tropas mientras llevan a cabo operaciones militares en Iraq, en Afganistán y otros teatros en la guerra contra el terrorismo”, según dijo Bush a la prensa en la oficina Oval.

Los 400 millones de dólares fueron aprobados luego de distintos vaivenes en el poder Legislativo estadounidense. El 28 de mayo pasado la Cámara de Representantes fue la primera en aprobar la iniciativa por 350 millones de dólares. Más tarde, el 10 de junio, el Senado la autorizó por 400 mdd. Finalmente hace cinco días el Congreso el su conjunto la aprobó por la misma cantidad y la envió a la Casa Blanca para su promulgación o veto.

Durante este proceso, las negociaciones se caracterizaron por la preocupación de la sociedad civil de que al gobierno mexicano no le fuera condicionada la entrega de estos para que respetara los derechos humanos de la población mexicana. Frente a esto el gobierno mexicano llegó a declarar, a través de su secretario de gobernación, que no aceptaría condiciones que implicaran una reforma constitucional, entre ellas la de turnar a tribunales del fuero civil los casos de militares que violaran los derechos humanos, permitir la vigilancia de organismos de la sociedad civil y la prohibición de la tortura para obtener testimonios.

Durante todo el proceso de negociación, aunque participaron distintos actores gubernamentales de ambos países, los únicos capaces de tomar decisiones al respecto fueron el poder Legislativo y Ejecutivo de Estados Unidos. Esto se debe a las formas legales sobre la cuales se implemento la Iniciativa.

Se trata de presupuesto de EU que será aceptado por el ejecutivo mexicano sin pasar por la aprobación del Senado mexicano debido a que la negociación sostenida inicialmente entre Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, y George W. Bush no se trata de un acuerdo o tratado firmado entre ambos países; sino, como señala Antonio O. Garza, embajador de EU en México, de una “conversación entre nuestros presidentes”, según apunto en un mensaje escrito tras la promulgación de la Ley H.R. 2642.

Cronología rumbo a la aprobación de la Iniciativa Mérida (8 meses):

13-14 de Marzo de 2007: durante la visita de George W. Bush, presidente de Estados Unidos, a México, se habló de implementar un Plan México. El plan buscaba otorgar 500 millones de dólares para el año fiscal 2008, y un total de mil 400 millones de dólares para 3 años.

22 de octubre de 2007: Se publica la declaración conjunta bajo su nombre actual de Iniciativa Mérida. En el documento se resalta como un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad. Inician las negociaciones para la autorización por parte del poder legislativo estadounidense.

14 de noviembre de 2007: Thomas A. Shannon, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, presenta la iniciativa ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

8 de abril de 2008: el Departamento de Estado de EU publica una hoja informativa sobre la iniciativa. Se habla de 450 millones de dólares para México y 100 millones más para Centroamérica para el Año Fiscal 2009. En esta se menciona el apoyo a México a través de inspecciones para interceptar el trafico de drogas, armas, dinero y personas; transferencia de tecnologías para mejorar los sistemas de comunicación sobre información criminal en México; asesoramiento y entrenamiento técnico para reforzar las instituciones de justicia y para examinar a las nuevas fuerzas policiales; helicópteros y aeronaves de vigilancia para apoyar actividades de intervención y respuesta rápida de las fuerzas mexicanas, entre otras.

22 de mayo de 2008: el Senado de EU aprueba un proyecto de ley de presupuesto suplementario, dentro del cual se incluyen los fondos para la Iniciativa. La aprobación sólo autorizaba 350 millones de dólares, 100 millones menos que lo pretendido inicialmente para 2009.

29 de mayo de 2008: Más de 25 organizaciones de la sociedad civil envían a legisladores de EU que trabajan en la redacción de la Iniciativa Mérida, una carta pidiendo mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos por parte del gobierno mexicano al momento de ejercer los fondos de la iniciativa Mérida. Estas medidas comprenden la vigilancia por parte de representantes de la sociedad civil para garantizar que no se violen derechos humanos, que los militares que los violen sean juzgados en tribunales civiles, y que se prohibiera el uso de testimonios obtenidos por medio de la tortura.


2 de junio de 2008: Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, dijo que el gobierno mexicano no aceptaría la iniciativa si esta contenía medidas o evaluaciones unilaterales que exigieran una reforma a la constitución mexicana para su aplicación. Esto como reacción ante el hecho de que el texto de la iniciativa pretendía condicionar al gobierno mexicano en materia de derechos humanos, aplicación de justicia y pleno respeto al estado de derecho.

3-6 de junio de 2008: John Dimitri Negroponte, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, visita Centroamérica para cabildear la Iniciativa.

8 de junio: se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León la 47 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. El tema principal fue la Iniciativa Mérida. Se buscó suavizar las medidas de control y la idea de que los militares fueran juzgados por tribunales civiles, y que se buscara la intervención de organismos no gubernamentales para las verificaciones del respeto a los derechos humanos quedaron descartadas.

10 de junio de 2008: la Cámara de Representantes de EU aprueba una versión del proyecto con 400 millones de dólares para México.

27 de junio de 2008: El Congreso de Estados Unidos aprueba el Proyecto de Ley de presupuesto suplementario finalizado, que incluye la ayuda para la Iniciativa. Los fondos aprobados son 465 millones de dólares para 2009 de los cuales 400 millones corresponden a México y el resto a países de América Central.

30 de junio de 2008: George W. Bush promulga la Ley H.R. 2642 de asignaciones suplementarias, 2008. Dentro de esta se encuentran los fondos por 465 millones de dólares para la Iniciativa Mérida (400 millones son para México).

Una Página en Blanco

El silencio ha sido usado tradicionalmente como una forma de protesta pacífica, como muestra de indignación ante un suceso. El silencio como protesta rebela que “no hay nada más que decir” frente a lo que se reacciona. Esta reacción refleja el rechazo, es el extremo opuesto a “lo dicho” por alguien o algunos.

En el diseño editorial, la forma de representación de este silencio de protesta es la página en blanco. Esta presente en publicaciones de todo tipo aunque resalta en periódicos y revistas. Adquiere su relevancia si se toma en cuenta que en el diseñó editorial de los medios de comunicación impresa cada espacio debe ser utilizado al máximo (no impreso al máximo). Así, la página en blanco es algo muy raro de encontrar y precisamente por ello llama mucho la atención cuando aparece. Cabe obviar que depende de su contexto para ser valorada.

Hay casos de los cuales es posible que se de el origen de la pagina en blanco como protesta, este es precisamente la página en blanco como consecuencia de la censura. Han existido en la historia momentos en que la censura del Estado sobre los medios se aplica de manera deliberada en último momento contra la información contenida en ediciones de periodismos que ya estaban a punto de ser impresos, como consecuencia se retira la nota censurada y queda la página en blanco.

Así paso con el diario “La República” de Perú en la edición del lunes 6 de abril de 1992, la nota daba cuenta del arresto domiciliario de varios líderes y miembros del poder legislativo ante la disolución del congreso, dando Fujimorí así un golpe de estado a Peru. La noche anterior un grupo de militares tomo la redacción y se ordenó retirar la nota de primera plana. Los periodistas la quitaron pero decidieron no sustituirla con nada para dar cuenta de la censura.


http://sambuk.blogspot.com/2007/06/una-pagina-en-blanco-y-un-mensaje-para.html

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.pdpfiles.com/images/books/1102_EDA0009.jpg&imgrefurl=http://www.paginasdelperu.com/eStore/product.php%3Fproductid%3D100031%26cat%3D0%26page%3D2&h=259&w=190&sz=48&hl=es&start=3&um=1&tbnid=caoSUYe1svhXtM:&tbnh=112&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dpagina%2Ben%2Bblanco%2Bprotesta%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN.

Organizaciones sociales presentan manifiesto contra la criminalización de la solidaridad, la conciencia social y el pensamiento

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México D.F., 3 de junio de 2008 (Cencos).- Padres, madres, compañeros, compañeras y activistas solidarios con los estudiantes mexicanos muertos en la invasión militar del ejército colombiano a Ecuador que tenía por objetivo integrantes de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado primero de marzo, se manifestaron en contra de la criminalización de la protesta social en el Foro contra la criminalización de la solidaridad, la conciencia social y el pensamiento crítico organizado en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Marcelo Franco, padre de Fernando Franco Delgado, habló en nombre de las madres y padres de los cuatro alumnos asesinados y de Lucía Morett quién resulto gravemente herida en el bombardeo del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, hablo de la creciente criminalización de la que han sido objeto tanto sus hijos e hijas muertos: “no nos intimida, sabemos que todo lo que hagamos no tiene absolutamente ningún tipo de violaciones a la ley” y denunció “esa guerra mediática que ha ejercido el gobierno federal en contra de nuestros compañeros tratando de hacerlos parecer siempre como narcotraficantes, guerrilleros y criminales”.
En el foro también se anunció que el grupo de progenitores partirá en las próximas semanas a una gira internacional para exponer los hechos donde se criminaliza la labor de investigación que hacían sus hijos cuando fueron sorprendidos en el campamento de las FARC por el ejército de Colombia. Sus labores de denuncia los llevarán a Ecuador y Colombia donde se reunirán con organizaciones sociales que les han expresado su solidaridad.
El acto contó con la participación de Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República; Ambrosio Velasco Gómez; director de la FFyL; Edgard Sánchez, abogado defensor de derechos humanos; Carlos Fazio, analista y periodista político; Patricia Muñoz, representante de la Universidad Autónoma Chapingo y amigos, amigas y familiares de los y las estudiantes mexicanos que perdieron la vida en la invasión del ejército colombiano a territorio ecuatoriano, entre otros.
Rosario Ibarra indicó que el equipo de abogados de la Comisión de Derechos Humanos que preside en el Senado ya tramitó los amparos para varios estudiantes a quienes José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac presidentes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, A.C. respectivamente, organizaciones relacionadas con la ultraderecha en México, intentan acusar de terrorismo, terrorismo internacional y apología del delito ante la Procuraduría General de la República por su supuesta vinculación con las FARC. La senadora hizo entrega de los amparos a algunos de los estudiantes que se encontraban presentes.
Patricia Muñoz, en representación de la Universidad Autónoma de Chapingo, habló que hay una tendencia a criminalizar también a la educación pública y dijo que los ahí presentes están “para defender a nuestras instituciones, instituciones de carácter publico, y que en este contexto del actual gobierno se criminalizan día con día”, y recordó que Chapingo se distingue por solidarizarse con otras luchas como la del pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México, contra la construcción el aeropuerto durante la administración del expresidente Vicente Fox.
Al concluir el foro los asistentes presentaron un manifiesto firmado por los ponentes así como por varios de los asistentes al encuentro, en el que se resalta que “es la solidaridad de los hombres y mujeres para con las causas y luchas de otros sujetos y movimientos sociales la que la derecha y su gobierno pretenden criminalizar identificándola con terrorismo”. Al igual asentaron que: “quienes suscribimos este manifiesto, nos oponemos de forma terminante a la intención de criminalizar la conciencia, el pensamiento crítico, la investigación social y la vocación solidaria con las luchas de los pueblos latinoamericanos”.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

MAPA GEOPOLÍTICO del OLAG

MEDIATICO

PRENSA LATINA