miércoles, 2 de julio de 2008

Cristina Valls y Women's link

Cristina Valls, a través de su defensora la abogada Paloma Soria de Women´s Link Worldwide, presentó su petición ante la Audiencia Nacional de España bajo el principio de que en caso de tortura la justicia es universal, apoyando dicha afirmación en casos como el de Ricardo Caballo, represor argentino extraditado desde México a España por la misma audiencia, y el del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; por tanto, la justicia en el caso de Cristina puede ser exigida a instituciones que rebasan el ámbito nacional.

 

La definición de tortura en la que se apoya el caso corresponde a la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” adoptada en 1984 por la Asamblea General de la ONU, firmada y ratificada por España, así como en el Código Penal español en su artículo 174. De ambas definiciones resalta que el sufrimiento físico o mental cometido intencionalmente por una autoridad o funcionario público en funciones para obtener información es tortura.

 

Durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 la actuación policial se caracterizó por todo tipo de abusos. La tortura fue inflingida por los cuerpos policíacos a las detenidas y detenidos resaltando el tiempo de traslado desde la comunidad de Atenco hasta el Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito. Durante 6 horas de camino, en una distancia que se suele recorrer en solo 2 horas, se registraron actos de agresión sexual y violación según han declarado la mayoría de las mujeres detenidas. Entre las personas agredidas se encontraban 5 de nacionalidad extranjera, un hombre y una mujer chilenos, una alemana y 2 españolas, una de ellas Cristina.

 

A demás de Cristina Valls, 11 mujeres más representadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (asociación civil mexicana) han buscado que se haga justicia en instancias internacionales, en este caso el centro de derechos humanos acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado mexicano.

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