viernes, 11 de julio de 2008

Ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, exponen abusos de minera canadiense


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México D.F., 10 de julio de 2008 (Cencos).- Campesinos del ejido Huizopa, en Chihuahua, acompañados por el escritor Carlos Montemayor, Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República, e integrantes del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), revelaron los abusos de la minera trasnacional canadiense que explota tierras en dicho ejido pese a la relación injusta e inequitativa que mantiene con los comuneros.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), David de la Rosa y David Peña, dos representantes de la Asamblea Permanente de Ejidatarios, expusieron la problemática que sufre su comunidad en el municipio de Maderas. Relataron que la compañía Minera Dolores, subsidiaria de la trasnacional canadiense Minefinders, instalada en el este lugar desde hace 14 años gracias a la concesión otorgada por la Secretaria de Economía, ha incurrido en un sin número de abusos contra la población y contra el medio ambiente.

En la actualidad los ejidatarios han emprendido acciones de resistencia pacífica y exigen la revisión del contrato de usufructo que firmaron con la Minera, planteando tres necesidades primordiales: un plan de desarrollo comunitario para que al salir la minera haya otras actividades económicas que permitan subsistir a las mujeres y hombres de Huizopa, la integración de una comisión mixta para el cuidado del medio ambiente, y un plan de desarrollo económico que permita al pueblo cobrar una renta anual a la minera por el uso de las tierras.

Este último punto pretende corregir la situación que se ha mantenido hasta la actualidad ya que en un principio Minefinders sólo pagó 39 millones de pesos por el derecho a explotar la zona durante 16 años, engañando a los ejidatarios ya que las ganancias estimadas por Mark Bailey, presidente de esta trasnacional, con la explotación de estas tierras –que luego quedarán inservibles– se calculan en más de 3 mil millones de dólares. El total de reservas de la Mina Dolores es de 2.4 millones de onzas de oro y 126 millones de onzas de plata.

Otro de los abusos cometidos por la empresa consiste en la apropiación de facto de más de 2 mil hectáreas de terreno. Originalmente tenía permitido trabajar en mil 200 hectáreas, pero a la fecha se ha detectado que realizan actividades en un total de 3 mil 498 hectáreas. Ante esta situación la comunidad ha solicitado que se mida con peritos oficiales la cantidad de superficie en que desarrollan sus actividades para constatar dicho abuso pero sólo han recibido negativas de la compañía.

Las actividades mineras, por la cercanía de los minerales (oro y plata) a la superficie del terreno, se realizan bajo la forma de explotación a cielo abierto lo cual modifica drásticamente las tierras del ejido. El método utilizado se denomina de piletas de lixiviación, las cuales para ser accionadas requieren de cianuro de sodio; dicho compuesto resulta altamente riesgoso para la salud de los y las campesinas de Huizopa, además de afectar gravemente al medio ambiente provocando la desaparición de flora y fauna de la zona además de la posibilidad de contaminación de los mantos acuíferos a través de la filtración.

Debido a esto, los ejidatarios han solicitado los inicios de diálogo respetuoso con la empresa pero ante la falta de escuchas iniciaron el 26 de mayo pasado un plantón pacífico el cual fue reprimido por el Ejército y la Policía Federal Preventiva. Integrantes de esta resistencia fueron atacados con gases lacrimógenos y dos de ellos fueron detenidos. Tras esto, el 4 de junio se iniciaron negociaciones pero éstas no han significado una respuesta positiva de parte de la minera a las demandas de la población.

Gracias al acompañamiento del Prodesc, los comuneros y comuneras han identificado la violación a su derecho a estar informados, el derecho a un medio ambiente sano y su derecho a la salud sólo por mencionar algunas violaciones ocurridas. Ante esta situación no han dudado en organizarse para exigir el pleno respeto de sus derechos frente a instancias gubernamentales así como también frente a organismos internacionales como es el caso de la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y representantes de la embajada canadiense en la ciudad de México.

Aunado al caso de abuso de Minefider el escritor Carlos Montemayor recordó que otros casos, en San Luis Potosí (con la subsidiaria Minera San Javier) y próximamente en Chiapas, donde el gobierno acaba de autorizar la explotación de más de 5 mil hectáreas por parte de otras 3 compañías canadienses, cuentan con “varios rasgos que podríamos llamar característicos de un modus operandi de estas compañías: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobreexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico en miles de hectáreas por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación”.

Ante esta situación, continuó Montemayor, resulta “imposible comprender que esta depredación del país, esta destrucción de las trasnacionales canadienses… este despojo, robo brutal a la nación, pueda ser visto por autoridades federales y estatales como parte del progreso económico de nuestra nación”.

A modo de colofón, doña Rosario Ibarra de Piedra señaló que más que mediador entre los ejidatarios y la compañía minera, el gobierno juega un papel “más bien de alcahuete a favor de éstas”.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

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