México D.F., 13 de mayo de 2008 (Cencos).- El estado mexicano debe responder a la petición del juez Fernando Grande-Marlaska, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional española, en relación a la denuncia que presentó la ciudadana de dicho país Cristina Valls, por las violaciones a sus derechos humanos en San Salvador Atenco, Estado de México, entre el 3 y el 5 de mayo de 2006.
El 25 de enero de 2008 Cristina Valls, a través de la organización no gubernamental Women´s Link Worldwide interpuso una querella ante la Audiencia Nacional española en la que se denuncia el delito de tortura, incluidas la agresión sexual y la violación que sufrió junto con otras mujeres a manos de elementos de la policía durante la represión en Atenco.
Al respecto, el pasado 3 de marzo y antes de pronunciarse sobre la admisión de la querella, el juez Grande-Marlaska dictó un auto en el que solicita que las autoridades mexicanas le informen, a la brevedad posible, sobre los procesos judiciales abiertos por estos mismos hechos y sobre la situación procesal y migratoria de Cristina Valls, a quien se le expulsó del país con prohibición de regresar en un plazo de cinco años sin garantizarle el derecho a debido proceso, como al resto de las mujeres detenidas.
A dos meses de la comunicación del auto dictado por el juez Grande-Marlaska, Cristina Valls a través de Women´s Link reclama a las autoridades mexicanas que atiendan la petición de colaboración judicial española. Cabe destacar que el sentido de la respuesta de las autoridades mexicanas no es condicionante al proceso de la demanda.
De visita en México Viviana Waisman directora ejecutiva de Women`s Link, Paloma Soria abogada litigante de la organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres a través del derecho internacional, los derechos humanos y litigio estratégico, Jacqueline Saénz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Bárbara Italia, testigo de la querella presentada en España y peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron la falta de justicia para las víctimas de la represión en Atenco en 2006.
Las integrantes de Women´s Link detallaron que la demanda se basa en el principio de justicia universal que adoptó España en 2005, en el que se establece como requisito el que ninguna persona involucrada haya sido juzgada o exonerada por los delitos de los que se le señalan y aplica en los casos en los que el país en el que se violaron derechos de las víctimas no exista una respuesta del Estado a las demandas de justicia. Asimismo, no se exige el requisito de agotamiento de instancias o recursos como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, recordaron los casos del exdictador argentino Augusto Pinochet en 1996 y del exrepresor argentino Ricardo Miguel Cavallo a quien México extraditó a España en 2003 a solicitud de la Audiencia Nacional.
Destacan también que la expulsión de Cristina Valls fue ilegal ya que, al igual que otros cuatro extranjeros, contaba con un amparo que la protegía de la expulsión.
Las recomendaciones emitidas anteriormente sobre el caso Atenco fueron integradas a la demanda en la Audiencia Nacional, de tal forma que se señala a 140 funcionarios públicos de la Policía Federal Preventiva, de la policía estatal del Estado de México así como del Instituto Nacional de Migración como presuntos responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos de Cristina Valls, detalló Paloma Soria.
La definición de tortura en la que se apoya el caso corresponde a la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” adoptada en 1984 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España y México, así como en el Código Penal español en su artículo 174. De ambas definiciones resalta que el sufrimiento físico o mental cometido intencionalmente por una autoridad o funcionario público en funciones para obtener información es tortura.
Cristina Valls llegó a México en noviembre de 2005 para conocer la forma de trabajo de las comunidades autónomas de Chiapas y acudió a Atenco para documentar la lucha. El 4 de mayo un operativo policial de tres mil uniformados entró en San Salvador Atenco. Desde su detención hasta su expulsión ilegal del país transcurrieron 48 horas en las que Cristina Valls denuncia haber sufrido de forma continua tortura física, psicológica y sexual.
“En el momento en que la Audiencia Nacional decida tomar el proceso, se comprueben los hechos e impute a los acusados, España podría solicitar su extradición para ser juzgados”, destacó Viviana Waisman.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
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