lunes, 30 de junio de 2008

El que paga manda

Carlos Fazio


Como era previsible, el Plan México va. Dólares más, dólares menos, su aprobación nunca estuvo en duda porque se trata de una pieza clave de la estrategia geopolítica de Estados Unidos para el hemisferio. Con la coartada de la guerra al terrorismo y el crimen organizado –como enemigos míticos sustitutos del fantasma comunista–, la administración de George W. Bush militariza las Américas.

No hubo marcha atrás en el Capitolio. Estados Unidos no da cheques en blanco. La naturaleza policiaco-militar del Plan México y su enfoque contrainsurgente se mantienen. La seguridad invade la relación bilateral, con México en un plano subordinado. El régimen de Felipe Calderón sigue la agenda de la Casa Blanca. El “diferendo” entre el Congreso de EU y Calderón era sólo de forma. En los papeles, México no podía quedar como achichincle de Estados Unidos (Carlos Fuentes dixit). Ergo, había que distorsionar la imagen entreguista de Calderón. Se trataba de un mero problema de lenguaje, semántico, pues. Y se solucionó. La Cámara baja y el Senado estadunidense se pusieron de acuerdo para “suavizar” los candados y salvarle la cara a Calderón. La famosa “corresponsabilidad compartida” entre Estados Unidos y México, países asimétricos, es un engañabobos; forma parte de la matriz publicitaria del régimen, amplificada por la prensa patriotera cipaya.

El presidente Bush promulgará la ley HR6028 y Washington evaluará la marcha de los programas de seguridad diseñados para México por el Pentágono y la comunidad de inteligencia. Se acelerará la militarización de la sociedad mexicana. Según el documento legislativo devuelto a Bush para su aprobación, las fuerzas armadas y los distintos cuerpos policiales de México serán sometidos a vigilancia externa. No le hagan al cuento. Los círculos militares, de inteligencia y de seguridad estadunidenses penetrarán aún más a sus contrapartes en México, igual que hicieron antes en Colombia. Pero hay otros ganadores: grandes corporaciones del complejo militar industrial harán pingües negocios con sus aviones, sus helicópteros y sus programas de espionaje, control computarizado y entrenamiento.

Las estrategias militares, de interdicción y fumigación en materia de narcotráfico han fracasado. Allí está el espejo colombiano: desde 2000 Washington ha “invertido” en Colombia 6 mil millones de dólares, y el informe 2007 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen indica que la superficie de cultivo se incrementó 27 por ciento y el país andino se mantiene como principal proveedor de cocaína al mercado de Estados Unidos. Igual ocurre con el opio en Afganistán, bajo la ocupación del Pentágono y sus aliados. De la “guerra al terrorismo” ni se diga. Son programas fallidos, pero permiten a Washington fortalecer su influencia militar, a la vez que son útiles para imponer una “paz social” que dé seguridad a las políticas económicas en favor de las compañías multinacionales con casa matriz en el país vecino.

El Plan México se vendió como un plan de “asistencia” militar para tres años (2008-2010). Pero adquirirá carácter permanente. Igual ocurrió en Colombia. El asunto es más grave porque aquí ha sido incorporado de facto a “Norteamérica” como nueva dimensión geográfica, con su reminiscencia nazi de “espacio vital”. México forma parte del “perímetro de seguridad” de EU y su territorio está monitoreado por el Comando Norte. Poco a poco el Pentágono ha ido cerrando el “tercer vínculo” de la relación bilateral: el militar. Este aspecto, que tiene que ver con la “integración profunda” de México a Estados Unidos, los “corredores del TLCAN”, la militarización de la frontera y la migración indocumentada como sinónimo de terrorismo.

El Plan México será el brazo militar de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en su porción subdesarrollada. Como dijo el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, con el ASPAN “estamos blindando el TLCAN”. El ASPAN es el TLC militarizado. Y ahora, el Plan México será también el gendarme del Proyecto Mesoamérica (el ex Plan Puebla Panamá). Bajo el paraguas de la “ley Gestapo” y otras contrarreformas legales se militarizará la vida pública, y se incrementarán el espionaje interno y la criminalización de la protesta social y de “los jóvenes”. Desaparecerán las líneas divisorias entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los opositores políticos del régimen. La disidencia será estigmatizada como el “enemigo interno”. Persistirán las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura.

Esa tendencia llevará a la constitución de un Estado policial y paramilitar en México, de tipo contrainsurgente y subordinado a las directivas del Pentágono. Es posible, como dice la canciller Patricia Espinosa, que en un comienzo no vengan militares de Estados Unidos ni se construyan bases yanquis en territorio mexicano. Pero llegarán disfrazados los ejércitos mercenarios de compañías privadas como Blackwater, Dyncorp, SyColeman y Triple Canopo, subcontratados por el Departamento de Estado para la guerra sucia y acciones encubiertas de desestabilización. Después, en 2009, oficiales de alto rango del Ejército y la Armada de México participarán en los juegos de guerra contra el terrorismo (Topoff 5), en Vancouver, junto a efectivos de Estados Unidos y Canadá. Y se cerrará el círculo.

Bush heredará un México totalmente alineado con las políticas imperiales, proclive a ser utilizado como cabeza de playa en la batalla ideológica contra Cuba, Venezuela y los países progresistas del área. Se trata de una estrategia peligrosa que pondrá en riesgo las relaciones de México con los países de América Latina. Además, de gratis, México se convertirá en “blanco” de los enemigos de Washington. ¿Qué hacer? La patria está en peligro. México no es Colombia.

Guarniciones en la gasolinera global

Michael T. Klare /II y último


La creación de una seguridad energética real

La realidad de la dependencia creciente de Estados Unidos hacia el petróleo del extranjero únicamente refuerza la convicción (existente en Washington) de que la fuerza militar y la seguridad energética son gemelos inseparables. Casi dos tercios de la cuota diaria de petróleo en el país son importados –y el porcentaje sigue creciendo–, por lo que no es difícil darnos cuenta de que los montos significativos de nuestro petróleo llegan ahora de áreas propensas a los conflictos como el Medio Oriente, Asia central y África (www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/).

Mientras este sea el caso, los planificadores estadunidenses instintivamente buscarán a los militares para garantizar la entrega segura de crudo. Es evidente que importa muy poco que el uso de la fuerza militar, especialmente en Medio Oriente, haya hecho mucho menos estable y menos confiable la situación energética, además de acicatear el “antiamericanismo”.

Ésta no se apega, por supuesto, a la definición de la “seguridad energética”, sino a su opuesto. Una aproximación viable, de largo plazo, no debería depender de una sola fuente de energía particular –en este caso el petróleo–, por encima de otras, ni exponer a los soldados estadunidenses, de manera regular, a mayores riesgos de daños, o a los contribuyentes estadunidenses a mayores riesgos de quiebra.

Una política energética estadunidense que tuviera sentido debería abrazar un enfoque holístico de la procura de energía y sopesar los méritos relativos de todas las fuentes potenciales de energía. Sería un enfoque que estuviera a favor del desarrollo de fuentes domésticas y renovables de energía, que no degraden el ambiente ni pongan en peligro otros intereses nacionales. Al mismo tiempo, una política que favoreciera un programa detallado y operativo de la conservación de energía –algo ausente en los últimos 20 años–, que ayude a cortar la dependencia de las fuentes extranjeras de energía en el futuro cercano y que frene o haga más lenta la acumulación atomosférica de gases con efecto de invernadero, que alteran el clima. El petróleo podría continuar teniendo un papel significativo en un enfoque así. El petróleo mantiene mucho atractivo como fuente de energía para la transportación (en particular la aérea) y como insumo de muchos productos químicos. Pero con la inversión y las políticas de investigación correctas –y la voluntad de aplicar algo más que fuerza en lo referente al abastecimiento de energía– comenzaría a llegar a su fin el papel histórico del crudo como el combustible único. Sería especialmente importante que los planificadores estadunidenses no prolongaran su papel de manera artificial, como ha sido el caso de las últimas décadas, en que se subsidió a las principales firmas petroleras estadunidenses, con gastos del orden de los 138 mil millones de dólares por año en protección de las entregas de crudo extranjero. Estos fondos, en cambio, podrían redirigirse a la promoción de la eficiencia energética, en particular al desarrollo de fuentes domésticas de energía.

Algunos planificadores que concuerdan en la necesidad de desarrollar alternativas a la energía importada insisten en que dicho enfoque debe comenzar con la extracción de petróleo en la Reserva Nacional de la Vida Silvestre en el Ártico (Arctic National Wildlife Refuge o ANWR) y otras áreas protegidas (www.youtube.com/watch?v=pOZRrbE8Qao).

Aun reconociendo que esas perforaciones no reducirían sustancialmente la dependencia estadunidense hacia el petróleo extranjero, estas personas insisten, de todos modos, en que es esencial hacer todos los esfuerzos concebibles para sustituir las importaciones con existencias de crudo a nivel interno para conjuntar el abasto total de energía de la nación. Pero estos argumentos ignoran que los días del petróleo están contados, y que cualquier esfuerzo por prolongar su duración sólo complica la inevitable transición a una economía pospetrolera (www.peakoil.net/).

Un enfoque más fructífero, mejor diseñado para promover la autosuficiencia estadunidense y su vigor tecnológico en el mundo intensamente competitivo de mediados del siglo XXI sería enfatizar el uso del ingenio doméstico y las habilidades empresariales con el fin de maximizar el potencial de las fuentes de energía renovable, incluidas la energía solar, la del viento, la geotérmica y la de las olas. Esas mismas habilidades deberían aplicarse a desarrollar métodos de producir etanol de materia vegetal no alimenticia (etanol de celulosa), o utilizar el carbón sin liberar carbono a la atmósfera (vía la captura y almacenamiento de carbono, o CCS por sus siglas en inglés), miniaturizar las células combustibles de hidrógeno, e incrementar masivamente la eficiencia energética de vehículos, edificios y procesos industriales.

Todos estos sistemas de energía son muy promisorios, y como tal deberíamos decidirnos a otorgar el respaldo y la inversión necesarios para que jueguen un papel dominante en la generación de la energía estadunidense. En este momento no es posible determinar cuál de todas ellas (o cuál combinación) será la que mejor se posicione para la transición de la pequeña escala a una gran escala con desarrollo comercial. Así, todas ellas deben contar en un inicio con el suficiente respaldo con tal de probar su capacidad de efectuar esta transición.

Si se aplica la regla general, sin embargo, es importante que se le otorgue prioridad a las nuevas formas de combustibles para el transporte. Es aquí donde el petróleo ha sido por mucho tiempo el rey, y aquí es donde con más crudeza se sentirá la escasez de petróleo. Es sólo por esto que siguen creciendo los llamados a intervenir militarmente para garantizar un abasto adicional de crudo. Así que el énfasis debe ponerse en el rápido desarrollo de los biocombustibles, de los combustibles derivados de carbón en líquido (con el carbono extraído mediante CCS), el hidrógeno, la potencia de las baterías y otros modos innovadores de hacer andar los vehículos. Al mismo tiempo, es obvio que asignar alguna parte de nuestro presupuesto militar al desarrollo de un incremento masivo de transporte público podría ser un punto importante de la salud mental nacional.

Una aproximación de este tipo reafirmaría la seguridad nacional en múltiples niveles. Incrementaría el abasto confiable de combustibles, promovería el crecimiento económico en casa (en vez de enviar un verdadero raudal de dólares a los cofres de regímenes petroleros nada confiables) y disminuiría el riesgo de involucrarnos en guerras por el petróleo extranjero. No hay otro enfoque. Ciertamente no podemos confiarnos en el enfoque actual, tradicional, incuestionado, que nos hace depender de la fuerza militar para lograr esto. Hace ya mucho que pasó el tiempo de resguardar la gasolinera global.

Traducción: Ramón Vera Herrera

Michael T. Klare es profesor de estudios de paz y seguridad mundial en el Hampshire College y es autor de varios libros sobre política energética, incluyendo Resource wars (2001), Blood and oil(2004), y más recientemente, Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics of energy.

Guarniciones en la gasolinera global

Michael T. Klare /I


Hace mucho que los planificadores estadunidenses de políticas consideran la protección de las reservas de crudo en el extranjero como un aspecto indispensable de la “seguridad nacional”, que requiere del establecimiento de la amenaza –y alguna vez el uso– de una fuerza militar. Esto es ahora parte incuestionable de la política exterior de Estados Unidos.

Con esta premisa, el gobierno de Bush padre emprendió una guerra contra Irak en 1990-1991 y el gobierno de Bush hijo invadió Irak en 2003. Dado que hoy se disparan los precios globales del crudo y se espera que las reservas petroleras mengüen en los años por venir, parece seguro que cualquier gobierno que llegue a Washington en enero de 2009 considerará que la fuerza militar en los enclaves petroleros del planeta es la garantía última de nuestro bienestar. Pero al subir precipitadamente los costos –en sangre y en dólares– de las operaciones petroleras militarizadas ¿no es tiempo ya de impugnar dicha “noción”? ¿No es ya tiempo de preguntarnos si es razonable que el ejército estadunidense tenga algo que ver con la seguridad energética, o si en lo tocante a la política energética es práctico, costeable o justificable el confiarnos a una fuerza militar?

Cómo se militarizó la política energética

La asociación entre “seguridad energética” (como se le llama ahora) y “seguridad nacional” se estableció hace mucho tiempo. Fue el presidente Franklin D. Roosevelt quien primero forjó este vínculo desde 1945, cuando prometió proteger a la familia real de Arabia Saudita a cambio de un acceso privilegiado su petróleo para los estadunidenses (ver www.youtube.com/watch?v=9sqPDdk5XCg).

Esta relación adquirió expresión formal en 1980, cuando el presidente Jimmy Carter dijo al Congreso que era “interés vital” de Estados Unidos mantener un flujo ininterrumpido del petróleo procedente del golfo Pérsico, y que cualquier intento de las naciones hostiles por cortar dicho flujo se toparía con “cualquier medio necesario, incluida la fuerza militar” (www.youtube.com/watch?v=6L2nZL0KWgE).

Para poner en marcha esta doctrina, Carter ordenó la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta de Despliegue Rápido, específicamente designada para las operaciones de combate en el área del golfo Pérsico. Más tarde, el presidente Ronald Reagan convirtió esa fuerza en un organismo de combate regional a gran escala, el llamado Comando Central estadunidense o Centcom (www.centcom.mil).

Todos los presidentes a partir de Reagan han añadido responsabilidades al Centcom, dotándolo de bases adicionales, flotas, escuadrones aéreos y otros equipos militares. Como el país ha comenzado a depender del petróleo de la cuenca del mar Caspio y África en fechas más recientes, también se le inyecta fuerza a las capacidades militares estadunidenses en esas áreas.

El resultado es que el ejército estadunidense se ha convertido en el servicio global de protección del petróleo, vigilando ductos, refinerías e instalaciones de carga en Medio Oriente y otras partes (www.tomdispatch.com/post/1888/). Según una estimación de la National Defense Council Foundation (www.ndcf.org/), tan sólo la “protección” del crudo del Pérsico cuesta al Tesoro estadunidense 138 mil millones de dólares anuales –costaba 49 mil millones justo antes de la invasión de Irak (www.amazon.com/dp/0805080643/ref=nosim/?tag=nationbooks08-20).

Demócratas y republicanos por igual aceptan ahora como noción común el gastar tales sumas para proteger las reservas petroleras extranjeras, una noción que no vale la pena discutir o debatir seriamente. Un ejemplo típico de esta actitud puede encontrarse en un informe independiente respecto de la Fuerza de Tarea y las consecuencias de la seguridad nacional sobre la dependencia estadunidense hacia el petróleo (“Independent Task Force Report on the National Security Consequences of US Oil Dependency”www.cfr.org/publication/11777/national_security_consequences_of_us_oil_dependency.html), publicado por el Council on Foreign Relations (CFR) (www.cfr.org), en octubre de 2006. Encabezado por el ex secretario de Defensa, James R. Schlesinger, y por el ex director de la CIA, John Deutch, el informe CFR concluye que el ejército estadunidense debe continuar actuando como servicio global de protección en el futuro predecible. “Por lo menos en los próximos veinte años, el golfo Pérsico será vital para los intereses estadunidenses en las existencias de petróleo confiables”, se anota en el texto. Según el documento “Estados Unidos debe asumir y respaldar una fuerte postura que permita, de ser necesario, un rápido y conveniente despliegue en la región”.

El Pentágono como Inseguridad SA

Estos puntos de vista, muy compartidos, entonces y ahora, por las figuras más importantes de ambos partidos principales, dominan –o para ser más precisos, cubren– el pensamiento estratégico estadunidense. Y sin embargo, la utilidad real de la fuerza militar como medio de garantizar seguridad energética todavía no ha sido demostrada.

Tomemos en cuenta que, pese al despliegue de más de 160 mil efectivos estadunidenses en Irak y al gasto de cientos de miles de millones de dólares allí, ese es un país sumido en el caos; el Departamento de Defensa ha sido rampantemente incapaz de evitar el sabotaje recurrente de los oleoductos y las refinerías efectuados por varios grupos y milicias insurgentes; hay un pillaje sistemático de las existencias gubernamentales, perpetrado por los funcionarios petroleros de alto rango supuestamente leales al gobierno central respaldado por Estados Unidos –y que custodian con gran riesgo los soldados estadunidenses (www.nytimes.com/2006/02/05/international/middleeast/05corrupt.htm).

Cinco años después de la invasión estadunidense, Irak está produciendo tan sólo unos 2.5 millones de barriles diarios, más o menos la misma cantidad producida en los peores días de Saddam Hussein, en 2001. Es más, The New York Times informa que “al menos un tercio, y posiblemente más, del combustible de la refinería más grande de Irak… es desviado al mercado negro, según fuentes militares estadunidenses”. ¿Es ésta una manera conducente de concretar la seguridad energética estadunidense? (www.nytimes.com/2008/03/16/world/middleeast/16insurgent.html).

Estos mismos decepcionantes resultados son palpables en otros países donde los militares respaldados por Estados Unidos han intentado proteger las vulnerables instalaciones petroleras. En Nigeria, por ejemplo, las tropas gubernamentales equipadas por los estadunidenses intentan aplastar a los rebeldes en la región del delta del Níger, rica en petróleo, pero lo único que han logrado es inflamar la insurgencia, mientras disminuye la producción nacional de crudo (www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Nigeria/Background.html). Entre tanto, el ejército nigeriano, al igual que el gobierno iraquí (y sus milicias asociadas), ha sido acusado de robarse miles de millones de dólares en petróleo y de venderlo en el mercado negro. En realidad, el uso de la fuerza militar para proteger las existencias de crudo extranjero logra cualquier cosa menos “seguridad”. De hecho, puede disparar violentas consecuencias contra Estados Unidos. Por ejemplo, la decisión del presidente Bush, padre, de mantener una enorme y permanente presencia militar estadunidense en Arabia Saudita después de la Operación Tormenta del Desierto en Kuwait, es ahora vista por muchos como una fuente importante de virulento “antiamericanismo” y fue un primordial instrumento de reclutamiento usado por Osama Bin Laden en los meses previos a los ataques terroristas del 11 de septiembre. “Por más de siete años”, proclamaba Bin Laden, “Estados Unidos ha ocupado las tierras del Islam en el más sagrado de los lugares, la península arábiga, predando sus riquezas, dando órdenes a sus gobernantes, humillando a su pueblo, aterrorizando a sus vecinos y haciendo de sus bases en la península una punta de lanza mediante la cual luchar contra los pueblos musulmanes circundantes” (www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm). Para repeler este ataque contra el mundo musulmán, atronaba, “es un deber individual de todo musulmán el matar a los estadunidenses” y expulsar a sus ejércitos “de todas las tierras del Islam”.

Como confirmación de la veracidad del análisis de Bin Laden acerca de las intenciones estadunidenses, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, voló a Arabia Saudita el 30 de abril de 2003 para anunciar que las bases estadunidenses ahí ya no serían necesarias, debido a que la invasión de Irak, entonces de un mes de antigüedad, había sido un éxito. “Rumsfeld declaró que “ahora la región es más segura por el cambio de régimen en Irak”. Y añadió: “La aviación y todo su equipo pueden ahora retirarse”. Y mientras hablaba en Riad, sin embargo, ocurrían en Irak acciones que serían contraproducentes para Estados Unidos: a su entrada en Bagdad, las fuerzas estadunidenses tomaban y custodiaban la sede del Ministerio de Petróleo pero permitían que las escuelas, los hospitales, los museos fueran saqueados con gran impunidad (www.tomdispatch.com/post/4710/chalmers_johnson_on_robbing_the_cradle_of_civilization ).

Desde ese momento, la mayoría de los iraquíes ha llegado a la conclusión de que dicha decisión (que garantizó que el resto de la ciudad fuera saqueada) expresa del modo más acabado los principales motivos del gobierno de Bush para invadir su país. Se han dado cuenta de que aunque la Casa Blanca alega estar comprometida con los derechos humanos y la democracia, sus palabras son meras hojas de parra que cubren apenas su urgencia por saquear el petróleo de Irak. Nada de lo que han hecho desde entonces los funcionarios de Washington borra esa impresión, que continúa motivando llamados a que se retiren los estadunidenses.

Y éstos son sólo algunos ejemplos de las pérdidas en seguridad nacional de Estados Unidos producidas por un enfoque minuciosamente militarizado de la seguridad energética. Y sin embargo, las premisas de una política global así continúan sin ser cuestionadas, aun cuando los planificadores estadunidenses persisten en depender de la fuerza militar como respuesta última a las amenazas que penden sobre la producción y la transportación de petróleo (en condiciones de seguridad). La continua militarización de la política energética únicamente multiplica las amenazas que hacen que esa militarización parezca indispensable.

La espiral de la inseguridad militarizada se agrava. Así ocurre con la expansiva presencia militar de Estados Unidos en África –una de las pocas áreas del mundo donde se espera un incremento en la producción de crudo en los años venideros. Este año, el Pentágono activará el Comando Africano estadunidense (Africom) (www.africom.mil), un nuevo comando de combate en el extranjero, el primero desde que Reagan creara el Centcom hace un cuarto de siglo. Aunque los funcionarios del Departamento de Defensa son renuentes a reconocer públicamente cualquier relación directa entre la formación del Africom y la creciente dependencia estadunidense del crudo de ese continente, se inhiben menos en sus reuniones privadas. En una sesión celebrada en la National Defense University, por ejemplo, el comandante adjunto, el vicealmirante Robert Moeller, indicó que la “perturbación petrolera” en Nigeria y África Occidental constituiría uno de los primeros desafíos que tendría que enfrentar la nueva organización.

Africom y extensiones semejantes de la Doctrina Carter en las nuevas regiones productoras de crudo lo único que lograrán es provocar más estallidos y acciones contraproducentes, al tiempo de comprometer más decenas de miles de millones de dólares del ya congestionado presupuesto del Pentágono (ver www.tomdispatch.com/post/174936/frida_berrigan_the_pentagon_takes_over ).

Tarde o temprano, si las políticas no cambian, este precio incluirá la pérdida de vidas estadunidenses, conforme más y más soldados se vean expuestos a fuego hostil o a explosivos, por proteger el petróleo en instalaciones vulnerables, en áreas convulsionadas por conflictos étnicos, religiosos o sectarios. ¿Por qué pagar un precio así? Dada la evidencia tan vasta y tan inevitable de la ineficacia tan grave de implicar una fuerza militar para proteger las existencias de crudo, ¿no es tiempo de repensar las suposiciones dominantes en Washington en cuanto a la relación entre seguridad energética y seguridad nacional? Después de todo, aparte de George W. Bush y Dick Cheney, ¿quién alegaría que cinco años después de la invasión de Irak, son más seguros Estados Unidos y su abasto de petróleo?

Traducción: Ramón Vera Herrera

Michael T. Klare es profesor estudios de paz y seguridad mundial en Hampshire College y es autor de varios libros sobre política energética, incluyendo Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy.

Con 2 pactos internacionales revocan sentencia a indígena

■ Por primera vez en México un magistrado recurre a esa vía

Con 2 pactos internacionales revocan sentencia a indígena

■ Durante su proceso, el otomí nunca contó con un traductor

Alfredo Méndez

Un hombre llamado Margarito García Castro, de 31 años de edad, que dijo ser originario de Chulchitlán, Hidalgo –una comunidad indígena donde al menos el 40 por ciento de sus habitantes sólo hablan una de las ocho variantes del otomí–, fue sentenciado a 60 años de prisión por se parte de una banda de secuestradores.

Lo peculiar del caso es que durante los dos años en que fue procesado en primera instancia, el indígena jamás pudo defenderse ni refutar a la Procuraduría General de la República (PGR) su supuesta coparticipación en cinco plagios, debido a que nunca entendió los cargos que le imputaron, pues no habla ni comprende ciento por ciento el español.

El caso de Margarito, que consta en autos del expediente judicial 81/2005-II –en poder de La Jornada–, sentó precedente en la justicia de nuestro país debido a que un tribunal de apelaciones, en una resolución sostenida por primera vez, se valió de dos tratados internacionales para echar abajo la sentencia condenatoria.

El primer tribunal unitario penal de la ciudad de México canceló el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que aún y cuando Margarito sea un presunto delincuente, deben respetarse sus derechos legales inherentes al hecho de pertenecer a una comunidad indígena.

El magistrado Jorge Fermín Rivera citó dos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y uno del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La resolución es inédita porque nunca antes un magistrado federal había utilizado en México el derecho internacional para obligar en un juicio de carácter penal a que se respeten los derechos legales de los pueblos indígenas.

Los artículos 2 y 20 de la Constitución, así como los numerales 124 bis, 128 y 154 del Código Federal de Procedimientos Penales obligan a todos los jueces mexicanos a ordenar que un perito traductor auxilie a cualquier procesado que no hable español, para que entienda los cargos penales que enfrenta y pueda presentar las pruebas que considere necesarias para defenderse.

Hubiera bastado con que el magistrado Fermín Rivera citara estos artículos de las leyes mexicanas para echar abajo la sentencia de primera instancia, pero decidió ir mas allá, y optó por utilizar el derecho internacional para fundamentar su fallo, lo que no es frecuente entre el trabajo cotidiano de juzgadores de nuestro país.

En su resolución judicial, fechada el pasado 25 de junio, el titular del primer tribunal unitario del Distrito Federal aprovechó para llamar la atención de su compañero de menor jerarquía, el juez séptimo de distrito de procesos penales federales, José Reynoso Castillo.

“Es evidente que la autoridad jurisdiccional de primera instancia debió designar un perito traductor del otomí al español; pero el juez no lo hizo así, y con ello incumplió con su obligación procesal”, sostiene el fallo de segunda instancia.

Seguirá en prisión

Esto no significa que Margarito sea inocente de los cinco secuestros en grado de coparticipación que le imputa la PGR, sino que el juez Reynoso está obligado a reponer el procedimiento del juicio penal, y para ello debe designar un perito traductor que auxilie al acusado para que éste se defienda correctamente.

En su declaración preparatoria, rendida el 11 de septiembre de 2005 frente a la rejilla de prácticas del juzgado séptimo de distrito, Margarito dijo que no sabe leer ni escribir, que es casado, carece de instrucción escolar y que trabajaba como cargador en la central de abastos de la ciudad de México donde gana unos 100 pesos semanales.

La PGR lo acusa de ser partícipe en una banda de secuestradores: su labor era cuidar a las víctimas que eran privadas de su libertad, en una casa de seguridad ubicada en el Distrito Federal, según la acusación.

El indígena permanece encarcelado en una celda del Reclusorio Preventivo Sur debido a que el delito que se le imputa es grave y no tiene derecho a la libertad provisional bajo caución. García Castro deberá esperar al menos otro año detenido antes de que conozca la nueva sentencia de primera 

MAPA GEOPOLÍTICO del OLAG

MEDIATICO

PRENSA LATINA