domingo, 31 de agosto de 2008

OSC reclaman exclusión de los derechos humanos en el tema de Seguridad Pública

Boletines de Prensa | Difusión Cencos 

México D.F., 28 de agosto de 2008 (Cencos).- Representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos urgieron a que se identifique el tema de la seguridad pública con el del respeto a los derechos humanos ya que estos son necesariamente complementarios. 

“El tema de la seguridad publica hoy no se identifica con los grupos de derechos humanos, son otros los sectores sociales que lo encabezan y son dirigentes visibles; para nosotros es importante abrir un proceso de diálogo con estas otras organizaciones”, dijo Edgar Cortez Morales, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos, que integra a 52 organismos.

En conferencia de prensa donde también estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., el director de este último, Miguel Concha Malo, aclaró que “estamos preocupados en primer lugar porque el tema de derechos humanos quedó muy relegado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad la Legalidad y la Justicia, solamente hay dos menciones”.

En el punto XXVII del acuerdo firmado por representantes del Ejecutivo a nivel federal y estatal así como por otros actores con fuerte presencia política y económica, sólo se identifica el tema de derechos humanos cuando se comprometen a “incluir en los programas de estudio [de los cuerpos de seguridad] la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia”, y la otra mención corresponde al punto LXVI donde las asociaciones religiosas deberán fomentar los mismos temas.

En La seguridad que queremos, documento redactado por las OSC defensoras de Derechos Humanos, se señala que “el tema de la seguridad pública ha dado lugar a la percepción de que las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos son contrarias a los intereses de las víctimas de delitos” y que el enfoque y definición de seguridad pública que se da en el Acuerdo y en acciones como las próximas megamarchas “manifiesta la concepción de seguridad como un instrumento de limitación de derechos, algo de eso ya aparece en la reforma constitucional penal publicada en el Diario Oficial el 18 de junio pasado”.

Edgar Cortes también abundó en que “la preocupación [de la sociedad civil organizada] está en la ausencia de el tema y la perspectiva de los derechos humanos y no sólo en la reunión [del Consejo Nacional de Seguridad Pública]; a fin de cuentas, la reunión marca un plan o programa de trabajo [el Acuerdo] y lo que preocupa es que en ese plan el tema de derechos humanos está ausente, y está ausente en asuntos en los que hay numerosos instrumentos internacionales que el gobierno mexicano a suscrito y ratificado y que lo obligan, entre otras muchas cosas a garantizar acceso a la justicia en el caso de las víctimas, reparación del daño, cambios necesarios para que esto no continúe sucediendo”, subrayó.

Esta postura donde se aísla a los derechos humanos como parte inseparable y condicionante de la seguridad pública se suma a “una característica del actual gobierno federal en relación al tema de los derechos humanos que ha sido la de minimizar el tema, no darle relevancia”.

También, Rocío Culebro Bahena, del IMDHD, dijo al respecto de la propuesta para integrar un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Ciudad de México que las OSC de derechos humanos “si queremos participar, sí tenemos cosas que decir”.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Apela el FPDT nuevas sentencias de detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006

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México D.F., 29 de agosto de 2008 (Cencos).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), así como familiares de las y los luchadores sociales detenidos en el Penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, y en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, expresaron su repudio ante las sentencias a los detenidos durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

El 21 de agosto pasado, el juez primero penal de primera instancia de Texcoco, sentenció a 11 activistas del FPDT a casi 32 años de prisión, así como a 45 años a Ignacio del Valle, con lo que este último, líder del Frente, suma más de 112 años de reclusión.

Días después, Patricia Romero Hernández, comerciante de Texcoco, así como su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías, fueron sentenciados por el juez tercero a más de 3 años por los delitos de “ultrajes y lesiones”, que podrán alcanzar una fianza de alrededor de 50 mil pesos, ya que el Ministerio Público desistió de a la revisión, por lo que saldrán en libertad tras cubrir la fianza decretada en la sentencia.

Acompañados por Juan de Dios Hernández Monje, abogado defensor integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, y Javier Enríquez Sam, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, hicieron notar la ironía de que se acuse a muchos de los detenidos de “secuestro equiparado” cuando en realidad los propios detenidos fueron los secuestrados a manos de los elementos de seguridad pública.

Maribel Ramos Rojas, familiar de Patricia Romero, Arturo Sánchez y Raúl Romero Macías, detenidos mientras comerciaban el día del operativo policial en el mercado de Texcoco, pidió ser escuchada en sus quejas al igual que lo fue el empresario Alejandro Marti por el secuestro de su hijo, “él por ser un gran empresario y tener el dinero para poder hacerse escuchar. De la misma manera yo pido castigo para esos verdaderos secuestradores que matan, asesinan y torturan” dijo refiriéndose a “los policías protegidos por los altos mandos”.

Ante estos fallos del poder Judicial, la defensa de los detenidos, encabezada por Hernández Monje, dio a conocer que ya han apelado las sentencias a Del Valle y los otros 11 detenidos, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sin embargo, aunque siguen los procedimientos legales, aclaró que no confían en lo absoluto en el poder judicial e incluso explicó que en el Estado de México “hay una dependencia absoluta del poder Judicial respecto del Ejecutivo… de hecho si ustedes van a cualquier juzgado del Estado de México encontrarán que las oficinas de los jueces las presiden fotografías del pequeño dictador”, dijo refiriéndose a Enrique Peña Nieto, gobernador de dicha entidad.

Por su parte Enríquez Sam, recordó que los procesos a los y las luchadores sociales detenidos en San Salvador Atenco son “procesos plagados de irregularidades, de pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los derechos fundamentales plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México”. 

Los caminos que se siguen por la vía jurídica derivados de la represión a las movilizaciones sociales en la región Atenco-Texcoco, son parte de una estrategia de criminalización de la protesta social, “las sentencias se deben interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado. No se acepta la disidencia política y social en este país; en este sentido, [las sentencias] siguen la mima lógica de la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, la tortura procura intimidad y castigar a los detenidos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes”.

Aunado a la apelación de las sentencias, Nelly Gochicoa, madre de Héctor Galindo, detenido en El Altiplano, anunció que demandó a Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “puesto que a más de dos años de la represión argumentó que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Hernández al haber ordenado su traslado y permanencia al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano; sin embargo, no le dio efectos resolutivos a su resolución solicitando el traslado de los presos a un penal estatal lo que contraviene los principios para lo que fue creada esa institución”.

Ante la situación, el FPDT, a través de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, llamó a la movilización social ya que estos dos años de pasividad poco han servido para que se haga justicia ante la sistemática violación de derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

jueves, 21 de agosto de 2008

Dan a Ignacio del Valle 45 años más de prisión; a otros 10 integrantes del FPDT, más de 30


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México D.F., 21 de agosto de 2008 (Cencos).- El juez Jorge Alberto Cervantes del Juzgado Primero de lo Penal ubicado en el Reclusorio Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, por el delito de secuestro y ataque a las vías de comunicación. Con esta nueva sentencia, suman ya 112 años de prisión para el luchador social recluido en el penal de alta seguridad de Altiplano.

Además, sentenció con más de 30 años a otros 10 integrantes del FPDT, todos ellos recluidos en el penal de Molino de Flores desde su detención tras los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Antes del fallo se dio un despliegue policiaco en los alrededores del penal, en la carretera que lleva al mismo así como en la comunidad de San Salvador Atenco y en el campamento permanente del FPDT afuera del penal, donde llegará en próximas horas una marcha de la organización.

Ante esta delicada situación, los integrantes del FPDT han asegurado que esta injusticia no los hará callar y seguirán denunciando la falta de justicia para sus compañeros así como la violación a los derechos humanos de los hombres y mujeres que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad publica de todos los niveles de gobierno, afirmó Maria Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle,

La condena de 67 años que actualmente purga Ignacio del Valle en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se debió al delito de secuestro equiparado por la retención de funcionarios de gobierno entre febrero y abril de 2006 y fue imputada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El FPDT surgió en 2001 cuando el entonces presidente de la República, Vicente Fox, intento expropiar las tierras ejidales de dicho municipio para la construcción de un aeropuerto internacional sin consultar a la población de la zona Texcoco-Atenco que serían afectados y esgrimiendo argumentos como “se sacaron la lotería”.

Ante este intento de despojo por parte del gobierno mexicano los y las pobladoras de la región se organizaron en el FPDT e impidieron el avance del proyecto. Más tarde, en mayo de 2006, la organización apoyó las protestas de un grupo de floricultores y cerró una carretera federal. Ante esto hubo una reacción desmedida por parte de las fuerzas de seguridad pública que tuvo como desenlace la muerte de dos estudiantes, la detención, tortura (física y psicológica) de hombres y mujeres, activistas y defensores de derechos humanos.

En un marco de discusión pública sobre la crisis de la seguridad y el acceso a la imparticion de justicia en México, este hecho deja claro que la justicia no ésta diseñada para aquellos y aquellas que disienten de las decisiones de gobierno, y que son castigados y castigadas utilizando el marco del estado de derecho desde el cual se vulneran los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

El uso de seguridad privada en infraestructura estratégica violaría derechos humanos: CESP


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México D.F., 21 de julio de 2008 (Cencos).- Poner en manos de compañías privadas la seguridad pública, implica la violación del derecho humano a la seguridad, sostuvieron expertos del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde se presentó el estudio La invasión de empresas militares privadas como parte de la privatización petrolera.

“La seguridad es un derecho fundamental del ser humano, y la seguridad nacional es la conjunción de ese derecho individual transformado en colectivo, nosotros no podemos poner en riesgo el derecho de la seguridad para convertirlo en una mercancía” dijo José Suárez del Real, integrante del consejo consultivo del CESP durante el evento donde también se dio a conocer al CESP como organismo de la sociedad civil.

Adolfo Miranda, presidente del CESP, presentó dos escenarios posibles bajo los cuales se podría privatizar la seguridad publica en México. El primero supone la llegada de las compañías contratistas en su mayoría estadounidenses (Blakwater, Kellogh, Brown and Roth, Globlal Risk, Skycoleman, Dincorp, también llamadas de mercenarios) para asumir la protección de infraestructura estratégica vinculada al petróleo de aprobarse la reforma energética actualmente en discusión, para después ocupar otros ámbitos de la seguridad publica mexicana; el segundo y menos probable, es que se implantará un modelo como el que actualmente opera en Ecuador donde la trasnacional española Repsol contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano para que asumiera la función de vigilar sus instalaciones desvirtuando así el propósito de la institución militar en aquel país debido a que responden a las órdenes de la empresa petrolera extranjera y no a los intereses de su nación.

Ninguno de estos escenarios “son compatibles con el estado democrático de derecho”, aclaró Miranda, “por que no es legítimo que un ciudadano de un país interfiera militarmente en otro país sin el control del gobierno, es decir, hay una discusión en el escenario público de qué se hace con la fuerza civil, la fuerza la usa y la utiliza quien la puede pagar y así se protegen los intereses privados sin respetar la ley”.

Bajo ese escenario ya se pueden identificar casos de actividades de este tipo de empresas en nuestro país. Este mes se expuso en medios de comunicación el entrenamiento en tortura que recibían cuerpos de la policía de León, Guanajuato, por parte de la empresa Global Risk, y en agosto de 2007 un diputado veracruzano filtró que se pretendía contratar a las empresas Skycoleman Co. y Blakwater para vigilar infraestructura en el puerto de Veracruz. Además, este último grupo de seguridad militar privada inició el mes pasado operaciones de adiestramiento de un equipo Swat en San Diego, Estados Unidos, a sólo 500 metros de la frontera con México.

A estos casos se suman la contratación para la vigilancia de algunos ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por parte de la Compañía Logística de Hidrocarburos, cuya casa matriz se localiza en España, sin importar que según la Ley de Seguridad Nacional se designe esta función a los cuerpos de seguridad nacional y que de hecho la Gerencia de Seguridad Física de la paraestatal esté a cargo tradicionalmente del Ejercito Mexicano.

Esto resulta preocupante además por que México tampoco cuenta con leyes que puedan regular esta actividad mercenaria internacional “está mucho menos regulada de lo que está en EU. En México no tenemos absolutamente ninguna disposición en materia de compañías privadas de seguridad militar […], no hay ningún control o mecanismo con respecto a estas empresas”, aclaró Victoria Unzueta, asesora del CESP y coautora del primer informe de este centro.

Alfonso Miranda recordó que sí “hay un consenso internacional para inhibir y frenar esta acción” de empresas privadas de seguridad militar, pero México no lo ha adoptado. Se trata del establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1989 en la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

En el convenio se cataloga como delito las actividades de mercenarios y también prohíbe a los Estados Parte a contratar este tipo de servicios y los obliga a tomar medidas factibles para que se eviten este tipo de actividades dentro de sus fronteras, esto debido a “que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos”, como lo establece la declaración de la Convención que nuestro país no ha ratificado y por tanto desprotegido.

“Estas empresas están avanzando de forma importante hacia México” y el petróleo es sólo la punta de la madeja, advirtieron los integrantes del CESP.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

El TLA expondrá diez casos de conflictos hídricos en México


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México D.F., 29 de julio de 2008 (Cencos).- Como una forma de justicia alternativa serán expuestos mañana, 30 de julio, diez casos de conflictos sociales por el agua que resultan representativos en nuestro país. Entre ellos destacan la contaminación de la bahía de Zihuatanejo, el caso del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, y la amenaza de contaminación de los recursos hídricos en San Luis Potosí (SLP) por la Minera San Javier.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia internacional autónoma, dibuja un México conflictivo para el acceso al agua. Coloca a los conflictos por el agua en su dimensión jurídica y política dejando en claro que los problemas de los hombres y mujeres para ejercer su derecho al agua, tanto en México como en toda Latinoamérica, se centran en la mala gestión de ésta y no en su escasez. Utilizando este espacio, en el ex templo de Corpus Cristo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, representantes y defensores de los distintos conflictos hídricos que ya inundan la geografía nacional dejarán oír sus reclamos.

Los niveles de agua disponible en México son bastante buenos comparados con los de más países del mundo, dijo Javier Bogantes, director del TLA, en conferencia de prensa. El agua dulce que corresponde a cada mexicano y mexicana en un año asiente a los 4 mil 416 metros cúbicos; sin embargo, hace 50 años le correspondían 18 mil 35 metros cúbicos de agua dulce a cada uno de los 50 millones de habitantes. Esta disminución revela, tomando en cuenta la gran diferencia demográfica, que el agua está siendo sobreexplotada, dijo Bogantes, lo cual revela que los problemas de agua se ubican más en la arena política y de su adecuada gestión.

De los 653 acuíferos localizados en territorio mexicano, la sexta parte (104 acuíferos) presentan altos niveles de sobreexplotación, de ellos se extrae el 60% del agua que se usa en el país.

El agua no es una política prioritaria y se está dejando su gestión a empresas privadas, apuntó refiriéndose a los negocios de gestión de los sistemas de agua públicos y a las grandes compañías embotelladoras de agua. Esta última actividad es en extremo exitosa para las compañías que tienen funciones en México, de todo el mercado latinoamericano de agua embotellada en México está el 52%, es el mejor negocio que podemos encontrar.

La obligación del Estado mexicano de garantizar y respetar el derecho humano al agua de todas las y los mexicanos se ve cada vez más desplazada y abandonada con el objetivo de dejar que las compañías privadas administren en acceso, uso y usufructo de este liquido necesario para que se cumplan el Derecho a la vida, a una vida digna, el derecho a la salud y a la alimentación así como a un medio ambiente sano. Las compañías privadas no se atienen a ninguna legislación, a nivel local o internacional, que les obligue garantizar estos derechos a la población y sus actividades son causa, entre muchas otras, del estallido de conflictos sociales de pobladores que se ven diezmados en estos derechos.

Así, en México se encuentran múltiples casos en que las actividades de empresas privadas provocan conflictos relativos al uso del agua. En América Latina, según datos presentados por el TLA, el primer causante de conflictos relativos a este recurso estratégico es la industria minera con 18%, a ésta le siguen la construcción de embalses y trasvases con 17% (caso La Parota). La vulneración de acuíferos 13%, afectación costero-marina, principalmente por la industria del Turismo, 8% (caso de Zihuatanejo), contaminación por empresas petroleras 5% (contaminación de playas y el río Coatzacoalcos en Veracruz), y la privatización del agua con 3%, entre otros muchas causas de conflictos registrados entre los años 2000 y 2007.

Además de los casos mencionados, el TLA también ha trabajado con movimientos en Morelos (contaminación del pozo El Calvario en Cuautla), contra el deterioro de la región del río Lerma-Chapala-Santiago, la contaminación industrial del río Atoyac, daños a la salud en pobladores del Salto y Juanacatlán por la excesiva contaminación del río Santiago en Jalisco, y el caso de las comunidades mazahuas y otras Ecocomunidades por el trasvase del sistema Cutzamala en el Estado de México.

Durante el foro Sustentablidad hídrica en México: los casos atendidos por el TLA, se abrirá un espacio de dialogo para exponer qué se está haciendo por parte de distintas organizaciones y movimientos civiles y se hará un recuento de los instrumentos jurídicos que se pueden utilizar para exigir al Estado la solución de estos problemas.

Centro Nacional de Comunicación Social AC.

La falta de actuación del Estado mexicano, principal causa de la violencia de género: AI


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México D.F., 1 de agosto de 2008 (Cencos).- La situación de indefensión de las mujeres por parte del Estado resulta alarmante según un informe presentado por Amnistía Internacional (AI) sobre la lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Aunque México a firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, desde que entró en vigor en 1981, esta grave violación a los derechos humanos persiste, según se apunta en las conclusiones del informe.

El Estado falta a sus obligaciones adquiridas en el artículo dos de la Convención en donde los Estados firmantes adquieren la obligaciones de tomar medidas de carácter legislativo, político y administrativo o de otra índole que resulten necesarias para el logro de igualdad de los derechos de las mujeres dijo María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El informe recoge investigaciones de AI en Morelos, Oaxaca, Chiapas y Sonora dónde se asientan testimonios de 20 casos de violencia familiar y se analiza las acciones que se han realizado para el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

A pesar que desde al año pasado fue promulgada una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta no ha significado que a nivel estatal se reproduzcan leyes similares ya que solamente 16 de las 32 entidades federativas han publicado sus leyes para prevenir la violencia contra las mujeres y sólo tres, Yucatán, San Luis Potosí y Aguascalientes, cuentan con reglamentos para aplicarlas.

Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos AC., expuso la situación que viven las mujeres en el estado de Morelos donde al igual que en otros, las mujeres se encuentran desprotegidas cuando intentan denunciar que han sido violentadas sobretodo al interior de sus familias.

La creciente violencia de genero no sólo no esta siendo detenida por el gobierno estatal sino que su falta de actuación sobre los casos hace que el clima sea ideal para el crecimiento de este tipo de violencia, hay una insistente presión para que no mantengan su denuncia, explicó Quintanilla al exponer la situación a la que se enfrentan las morelenses al momento de acudir con las autoridades. Esta impunidad, es especialmente notoria al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado.

La Procuraduría integran de manera raquítica los expedientes, no investigan, dejan huellas sueltas, el lugar donde son los hallazgos de los cuerpos de mujeres no se revisan con puntualidad[…] a pesar de que tiene una fiscalía para atender homicidios contra mujeres no hace como debiera hacer el trabajo. Eso ha permitido que los agresores sigan actuando con coba, protegiéndose con algunos conocidos de la Procuraduría, con algunos ministerios públicos… la corrupción impera en materia de justicia. Sólo de 2005 a la fecha se han registrado 122 homicidios de mujeres en el estado, 19 en 2006, 29 en 2007 y lamentablemente para lo que va de este año ya se han registrado 22 casos, superando al promedio de la entidad.

Ante esta situación por parte del Estado y el gobernador [se ] a minimizado, se ha ridiculizado, se a negado que exista esa violencia.
Esto contribuye a las conclusiones del informe de AI donde se muestra que muchas autoridades de alto nivel, especialmente en el ámbito estatal, todavía no entienden o no reconocen suficientemente que la violencia contra las mujeres constituye una violación grave a los derechos humanos y que el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas adecuadas para prevenirla

Centro Nacional de Comunicación Social AC.

A siete años del encarcelamiento de los hermanos Cerezo, continúan siendo hostigados

http://cinoticias.com/2008/08/20/a-siete-anos-del-encarcelamiento-de-los-cerezo-sus-defensores-continuan-siendo-hostigados/

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México D.F., 19 de agosto de 2008 (Cencos).- Faltando 178 días (menos de seis meses), para la liberación de Antonio y Héctor Cerezo Contreras, presos políticos del sexenio foxista, y tras siete años de su confinamiento en el reclusorio de alta seguridad del Altiplano, por crímenes de los cuales ya han sido exonerados, la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México continúa resistiendo frente a las continuas amenazas, agresiones y hostigamientos a los cuales se ven expuestos por sus labores de resistencia según informaron en conferencia de prensa.

Durante el acto de recuerdo por los 7 años que los hermanos Cerezo llevan presos desde el 13 de agosto de 2001 en que fueron detenidos, torturados e inculpados de detonar unos petardos en una sucursal de Banamex, Paco Ignacio Taebo II, escritor y activista, recordó que “hasta la fecha no hay ninguna evidencia que sustente que los hermanos cerezo hayan incurrido en ningún tipo de acción [delictiva]; ergo, la suposición de que los hermanos Cerezo sean guerrilleros [hecha por el Estado mexicano] sólo parte de que en su casa se encontró propaganda”.

Estos datos salen luego de que, gracias a la colaboración de los “Cerezos de afuera”, como llama Taebo II a los hermanos libres, el escritor de novelas policiacas pudo revisar todo el expediente del caso en el cual encontró 75 incoherencias, lo cual es el mayor indicativo de la presunta construcción del caso inculpatorio por el cual se detuvo a los también estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De entre las varias incoherencias y contradicciones encontradas resaltó que hay un testimonio dado por una “señora” no identificada, “la señora es una especie de ente metafísico como de los creados para las amañadas elecciones panistas”, bromeó el escritor ante la falta de mayores datos sobre la testigo.

Además aclaró que de ser cierta la afirmación de que los hermanos Cerezo son militantes de un grupo guerrillero, “su vida guerrillera debió ser una vida guerrillera pinchisima, discúlpenme”, ya que ambos hermanos eran estudiantes dedicados de tiempo completo, incluso uno de ellos llevaba dos carreras profesionales y poco tiempo le hubiera quedado para dedicar a la guerrilla.

A decir del Comité Cerezo México, Antonio y Héctor (y en su momento Alejandro Cerezo contreras y Pablo Alvarado Flores, también detenidos pero ahora en libertad), forman junto con otros presos políticos como Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y Flavio Sosa, de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, y los cuando menos 23 presos políticos del calderonismo (Contralinea, segunda quincena junio de 2008), parte del ciclo de criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos.

Este ciclo se compone de los mexicanos y mexicanas que viven debajo de las líneas de pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio, 19, 25.7 y 48.9 millones de hombres y mujeres respectivamente (casi 90 por ciento de la población), que al ser violentados por el Estado con el incumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recurren, cada vez con mayor frecuencia, a ejercer su derecho de protesta (parte de los derechos civiles y políticos) y frente a esta ebullición de conflictividad social el Estado construye un imaginario social basado en la inseguridad para legitimar ante la opinión pública y la misma sociedad mexicana la suspensión de los derechos humanos en pos de la seguridad.

Así, encuentran justificación y cierto grado de legitimidad las modificaciones a las leyes secundarias y nuestra constitución, como sucedió con la reciente reforma judicial, lo cual permite la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos. La judicialización de las protestas y la sistemática violación a los derechos humanos de los luchadores sociales, como es el caso de los hermanos Cerezo, implican a gran escala una gradual descomposición del tejido social y el ciclo se reproduce de nueva cuenta, explica el Comité Cerezo en el documento “Criminalización de la protesta social”.

Basado en la búsqueda de la justicia y la verdad histórica el Comité, dijo Francisco Cerezo Contreras, continuará sus trabajos de defensa de presos políticos y de conciencia, dijo en la conferencia dónde también mostraron su solidaridad Dolores González Sarabia, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y Miguel Ángel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Centro Nacional de comunicación Social AC

lunes, 18 de agosto de 2008

Desaparición forzada de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz: Comisión de Mediación


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México D.F., 14 de agosto de 2008 (Cencos).- La Comisión de Mediación entre el Gobierno Federal y el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), presentó su informe con los principales avances de sus actividades así como las primeras conclusiones que surgen tras el análisis de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz ambos militantes del PDPR-EPR.

En dicho informe se confirma que si bien no se puede identificar a los autores materiales de estas desapariciones, sí se puede concluir que en ambos casos fueron “forzadas” y por lo tanto la responsabilidad recae en el Estado mexicano.

Poco antes de la presentación de este informe, la Secretaria de Gobernación emitió el boletín de prensa No. 216 en el cuál informa que la “Procuraduría General de la República desarrolla sus investigaciones sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona” con lo cual se descartan otras hipotesis de la desaparición.

Cabe destacar que en el boletín de la Secretaría de Gobernación se reconoce por primera vez la existencia y labor de la Comisión de Mediación.

Las conclusiones detallan que, según asentó la Comisión de Mediación en el documento Análisis de Desaparición Forzada de Personas entregado el pasado 13 de junio al Gobierno Federal, “las características de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integran los elementos constitutivos del delito de lesa humanidad tipificado en las Convenciones Internacionales como desaparición forzada”.

Agrega también dentro de sus conclusiones el proceso de mediación “necesita ahora aclaren con toda nitidez la actitud que están dispuestas a asumir las dos partes interesadas: el Gobierno Federal y el PDPR-EPR. Necesitamos una reconfirmación de la tregua del PDPR-EPR y una real voluntad política del Gobierno Federal que se refleje en la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y que en adelante permita el diálogo directo de la Comisión de Mediación con Sedena, el CISEN y la PGR”.

Asimismo, en su anexo técnico destaca cinco puntos que señalan la posición de la Comisión de Mediación frente a los delitos delesa humanidad y la obligación del Estado a respetar los derechos y hacer cumplir los tratados internacionales en la materia:

1.- La desaparición forzada de personas es unos de los crímenes más infames que puede cometerse, porque es en sí mismo causante de tortura para la víctima directa y para su familia.

2.- Existe una tendencia internacional a investigar y sancionar severamente a los criminales de lesa humanidad, conocidos como perpetradores.

3.- La Comunidad Internacional ha pugnado durante décadas porque se establezcan normas coactivas de orden internacional, para obligar a los Estados a sancionar a los culpables de detenciones - desapariciones y a establecer normas e instituciones que aseguren que nunca vuelva a repetirse ese terrible fenómeno.

4.- México es signatario de numerosos instrumentos jurídicos internacionales que tienden a abolir la práctica de la desaparición. Paradójicamente, no ha habido en el país una sola sentencia por tortura, ni mucho menos por desaparición forzada. Esta impunidad propicia la repetición de la inhumana práctica.

5.- Para la Comisión de Mediación, la solución positiva del conflicto que ocasionó la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, podría abrir caminos para avanzar en la tarea por construir una cultura de respeto a los Derechos Humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

En informe, Misión Internacional da cuenta de los obstáculos a la libertad de prensa en México


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México D.F., 18 de agosto de 2008 (Cencos).- La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentran en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura. La responsabilidad directa de esta situación recae en el gobierno mexicano, apunta la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación en el informe Libertad de prensa en México: la sombra de la impunidad y la violencia.

Tras entrevistarse con víctimas, familiares, autoridades a nivel federal y estatal, y organizaciones de derechos humanos en cinco ciudades de la República, la Misión Internacional relata que como principales obstáculos a la libertad de prensa se encuentran “el crimen organizado que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra periodistas y garantizar su seguridad”.

Los tres ejes en que articulan los resultados de la misión incluyen análisis sobre la seguridad y protección, autocensura y la impunidad, de tal forma que primero se expone el contexto y la situación en que las agresiones a los y las periodistas, así como a los propios medios de comunicación, suceden; y más adelante, se detallan el grado de autocensura por parte de los propios comunicadores y comunicadoras como “medida de autoprotección” así como una evaluación sobre la impunidad en que se perpetran los crímenes contra la libertad de prensa, ya sea por los distintos gobiernos o por el crimen organizado y otros actores sociales.

Dentro del eje “seguridad y protección” se evalúa que buena parte de las agresiones a medios de comunicación comunitarios o de poco alcance se dan en primer lugar por que el gobierno ni siquiera los considera medios de comunicación y por lo tanto los deja desprotegidos, “una de las formas de poner en riesgo a los medios de comunicación es marginarlos y restarles legitimidad” dice el informe frente a casos como el de Radio Bemba, medio que ha sido acosado y atacado por el crimen organizado.

Los mecanismos de acción para proteger a los periodistas por parte del gobierno parten de un sistemático despojo de la protección, ya que “las indagaciones se centran en confirmar que el periodista no cumple con los requisitos legales que lo acreditan como tal, en vez de emprender acciones positivas para prevenir los ataques o investigar las causas de estos”. Entre otros problemas que identifican es la falta de organización dentro del sector de los medios de comunicación para proteger a sus trabajadores así como el insuficiente número de denuncias realizadas por los comunicadores agredidos frente al creciente número de agresiones.

Tras la relatoría sistematizada de las experiencias que la Misión pudo recoger entre el 19 y el 26 de abril de 2008, en el Informe se dan observaciones y recomendaciones que, dirigidas al Estado Mexicano, buscan presionar para que se tomen medidas urgentes que frenen al acelerado deterioro de las condiciones de los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en nuestro país y se den condiciones para evitar la violación a la libertad de prensa que afecta no sólo a los y las trabajadoras de los medios de comunicación sino a la sociedad que deja de recibir la información o que la recibe distorsionada también por el fenómeno de la autocensura.

En éstas, la Misión Internacional, pide al Estado, la comunidad de periodistas y medios de comunicación, así como a la sociedad civil organizada, que se promueva “un ambiente abierto, diverso y pluralista para el ejercicio de la libertad de prensa”, se impulse “el ejercicio de un periodismo independiente, profesional y objetivo” que empodere a la sociedad mexicana, que se adopten medidas para “poner un alto a las amenazas, hostigamientos, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales”, así como también se investigue efectiva y transparentemente las agresiones (asesinatos, desapariciones, amenazas, etcétera) a los y las periodistas; y finalmente afirma que sin importar el origen de las violaciones ala libertad de prensa, el responsable de “prevenir, investigar y castigar a los autores materiales a intelectuales” es el Estado mexicano.

Se solicita también al jefe del Ejecutivo mexicano, Felipe Calderón, por parte de las organizaciones que integran la misión, Article 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Comité para la Protección de Perioditas (CPJ), Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), la Fundación Rory Peck Trust, Instituto Internacional de la Prensa (IPI), International Media Support (IMS), Open Society Foundation (OSF), Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la UNESCO, “una explicación oficial y una disculpa” porque durante su visita, integrantes de la misión fueron confrontados por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, cuando se reunieron con él 21 de abril pasado.

Otra de las aristas del informe recoge tangencialmente una reflexión de la Misión provocada a propósito de la regulación de los medios de comunicación en México donde se puntualiza la importancia de que prospere una nueva legislación en materia de medios, tema que aún se mantiene vigente tras la caída de la ley Televisa.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

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