martes, 28 de agosto de 2007

Acerca del Plan México con Estados Unidos:



Carlos Fazio.

Tras varios meses de incertidumbre, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora confirmó a mediados de agosto, que en el marco de la “guerra” a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo México y Estados Unidos vienen negociando un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia. Sin revelar mayores datos, el funcionario dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y que la asistencia estadunidense superará los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que el acuerdo contempla cursos de capacitación y el suministro de equipo y tecnología militar.
Las declaraciones de Medina Mora se produjeron un día después de que el Departamento de Estado estadunidense confirmara al diario The Washington Post, que el plan de ayuda, estimado entre 700 y mil 200 millones de dólares para los dos primeros años de ejecución, incluiría tecnología para espionaje y vigilancia −entre lo que destacan equipos para intercepciones telefónicas y radares para rastrear envíos de traficantes por aire−, aeronaves para transportar grupos de elite así como “diversos tipos” de entrenamiento militar y policial. Incluso, algunas fuentes mencionaron que se estaría negociando la “donación” de siete helicópteros Black Hawk artillados, ideales para el transporte de las tropas, y un incremento de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia.
Medina Mora, quien eludió referirse al contenido del plan −mismo que ha sido manejado por el gobierno mexicano en medio del mayor sigilo−, aseguró que “no habrá, bajo ninguna circunstancia, una injerencia externa” y que “la conducción operacional” estará a cargo de efectivos mexicanos. Los señalamientos del procurador general de México fueron una respuesta implícita a la información proporcionada por The Washington Post, según la cual quedan por definir algunos “puntos delicados”, en particular lo que tiene que ver con la presencia de instructores militares estadunidenses en territorio mexicano.
Rodeada de gran secrecía, la negociación de lo que ha dado en llamarse el Plan México se inició en enero pasado e involucra a distintas instancias del gobierno estadunidense (los departamentos de Estado y de Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, el FBI, la agencia antidrogas DEA) y al Congreso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la parte mexicana. El plan fue afinado en marzo pasado durante la visita del presidente Bush a Mérida, y en mayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y establecieron los términos de un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos.
Desde un principio quedó establecido que los costos de la “colaboración” correrán por parte de Washington, y pese a los desmentidos de Medina Mora y de la canciller de México, Patricia Espinosa, se trata de asistencia militar y policial condicionada. Dado los elevados montos de la subvención, que podría ascender a mil 200 millones de dólares para los primeros dos años −una cifra varias veces superior a los 45.67 millones de dólares de la ayuda antinarcóticos y antiterrorista de los acuerdos bilaterales vigentes−, el presidente Bush se verá obligado a llevar la aprobación de los fondos a votación del Congreso, en el corto periodo que se abre en septiembre. El mecanismo extraordinario para apropiar recursos por fuera del presupuesto regular, conocido como “suplemento de emergencia”, sería similar al utilizado por el presidente Bill Clinton en el año 2000, cuando solicitó mil 300 millones para dar inicio al Plan Colombia. En función de ello, el Plan México, igual que ocurre en Colombia, quedaría sujeto al escrutinio de los legisladores de Estados Unidos.

Asistencia militar: Mitos y realidades

En total sintonía con Medina Mora y la canciller Espinosa, analistas mexicanos con acceso a fuentes de inteligencia han puesto énfasis en que a diferencia del Plan Colombia, el mecanismo de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos no prevé la operación directa en el territorio nacional, de técnicos, instructores y asesores del Pentágono −y de las otras agencias que intervienen en el proyecto de manera pública o encubierta− en las tareas de capacitación y entrenamiento de soldados y policías mexicanos. Sin embargo, de hecho eso ya ocurre y está documentado en los casos de la DEA y el FBI, y las otras instancias lo hacen a través de los asesores de las empresas privadas de seguridad subcontratadas por la Secretaría de Defensa o el Departamento de Estado y/o de las compañías de armamento que proveen los equipos y tienen estrechos vínculos con el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense.
La estrategia del Plan Colombia, donde 80 por ciento de los 4.8 mil millones de dólares canalizados en los últimos siete años se han destinado a las Fuerzas Armadas, incluyendo la capacitación y dotación de recursos (armamento y helicópteros Black Hawk) para la creación de brigadas de aproximadamente 2 mil 600 soldados, permite que medio millar de militares estadunidenses estén estacionados en distintas bases castrenses del país y capaciten efectivos locales en el territorio colombiano; a lo que se suman unos cuatro mil “contratistas privados” (mercenarios) subcontratados por el Pentágono para realizar tareas de espionaje y entrenamiento de personal militar.
Más allá de los señalamientos oficiales acerca de que no se permitirá una injerencia militar y policial estadunidense en México, es bien conocido que el abastecimiento de tecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencional y coherente, y no periférico o accidental, de la diplomacia de guerra de Washington. En los años sesenta del siglo pasado, los llamados Documentos del Pentágono y otros informes desclasificados confirmaron que Vietnam del Sur había sido elegida como “campo de prueba” para ensayar la efectividad de la naciente estrategia de contrainsurgencia de la administración Kennedy.
Desde entonces, como parte de una estrategia global post-Vietnam y con el pretexto de fortalecer las defensas del “mundo libre” frente a la “amenaza comunista” −un enemigo elusivo y a modo sustituido después por las “guerras” a las drogas y al terrorismo que llegan hasta nuestros días−, distintos inquilinos de la Casa Blanca, en colusión con grandes empresarios del complejo militar industrial utilizaron el Programa de Ayuda Militar, el Programa de Ventas Militares al Extranjero y el Programa de Control de Narcóticos como mecanismos de penetración de los gobiernos, los ejércitos y las policías de los países del tercer mundo.
Junto a la relación de influencia política-dependencia que se establece entre el país vendedor y el país comprador de tecnología y equipo militar y de seguridad, el contacto entre las elites castrenses y policiales derivado de este tipo de convenios permite al proveedor (la mancuerna Pentágono/industria de defensa), a través de los programas de entrenamiento, contratos de servicios y mantenimiento y asistencia técnica, establecer relaciones interinstitucionales y personales duraderas con jefes militares y policiales de alto rango del país anfitrión o receptor de la ayuda, lo que en su larga historia de vínculos con América Latina llevó a Estados Unidos a establecer relaciones de poder y a involucrarse de manera directa en procesos de desestabilización, golpes de Estado, operaciones encubiertas y guerras de baja intensidad.
La ventaja política que se deriva para el vendedor de armamento y tecnología castrense es de simple comprensión. La mayoría de los armamentos modernos necesitan partes de recambio y asistencia en el entrenamiento y mantenimiento que únicamente puede obtenerse del productor. Cuando más complicada es el arma, más dependiente llega a ser el comprador de los servicios técnicos facilitados por el proveedor. Y como esos servicios se requieren a lo largo de toda la vida útil del producto (por ejemplo 15-20 años en materia de aviación), un convenio de armamento normalmente tiende a vincular políticamente al receptor con el donante durante ese tiempo, si se quiere mantener una cierta continuidad en la efectividad militar.
William Perreault, ex vicepresidente de la Lockheed −compañía que durante la guerra fría vendió decenas de Hercules C-130 a países latinoamericanos−, decía que “cuando se compra un avión, se compra también un proveedor y una línea de abastecimiento; en otras palabras, se compra un socio político”. A causa de la complejidad de la aviación moderna, explicó, “con sólo una pequeña pieza que no funcione, todo va mal” y el avión debe quedarse en tierra hasta que se sustituya. Eso fue lo que le ocurrió a México con la donación estadunidense de 73 helicópteros Huey al gobierno de Ernesto Zedillo en 1997; muy pronto la mayoría de los aparatos quedaron fuera de servicio e incluso varios se desplomaron ocasionando la muerte de sus tripulantes. Eso es lo que podría pasar sí, finalmente, de aprobarse el paquete, Estados Unidos provee a México helicópteros Black Hawk o Sikosky y aviones Citation, como ha solicitado la Sedena.

La sombra del ASPAN

El Plan México se inscribe dentro de la tendencia hacia la militarización y transnacionalización de la “guerra a las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se suma, ahora, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra al terrorismo”.
Tal tendencia contribuye al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales militarizados similar al cumplido durante las dictaduras del Cono Sur y que provocó su desprestigio y condena por la dramática incidencia sobre los derechos humanos. Así, la “guerra a las drogas” facilita una intervención de las fuerzas armadas en cuestiones domésticas con eje en el “enemigo interno” y el (re)establecimiento de alianzas militares bi y multilaterales bajo el control del Pentágono, al amparo de una redefinición dudosa de la “seguridad continental”, supuestamente amenazada por el narcotráfico.
La “guerra” produce a su vez una serie de “daños colaterales”, esto es, operaciones militares acompañadas de violaciones a los derechos humanos, legislaciones represivas que atentan contra los derechos civiles (como la ley antiterrorista en México), perpetuación de la cultura de impunidad, creación de nuevos cuerpos de seguridad y estructuras de inteligencia con escaso o nulo control parlamentario y/o ciudadano.
La experiencia del Plan Colombia ubica a ese país sudamericano como un laboratorio reproducible y exportable. México, que durante la guerra fría constituyó una excepción −junto con Cuba, por otro tipo de consideraciones− en cuanto al tipo de las relaciones del Pentágono con los países del área, parece estar próximo a dar vuelta la página y se encamina a acentuar la dependencia militar de Estados Unidos e incluso aceptar −así sea de manera encubierta o mediante la tercierización o mercenarización de la asistencia−, la participación de militares estadunidenses en los programas de ayuda. No sólo eso, sino que como anticipó el procurador Eduardo Medina Mora, el pacto con Estados Unidos “será más importante” que el Plan Colombia.
La confirmación de que Felipe Calderón viene negociando con el gobierno de Estados Unidos un programa de asistencia en materia de seguridad similar al Plan Colombia, parece abonar la teoría de que el país vive un larvado proceso de militarización del Estado, avalado por Washington. El plan, formalmente titulado Iniciativa de Seguridad Regional, tiene entre sus objetivos de corto plazo aumentar de manera significativa la ayuda estadunidense para fortalecer los sistemas de telecomunicaciones y el monitoreo del espacio aéreo de México. También contempla el apoyo para combatir a las bandas transnacionales del crimen organizado y terroristas potenciales, así como el fortalecimiento de programas ya existentes destinados a profesionalizar a la policía y proveer a las agencias gubernamentales tecnologías que les permitan enfrentar a grupos delincuenciales equipados con armas modernas y sistemas de monitoreo electrónico y aéreo.
Inicialmente, la información fue divulgada en marzo pasado por The Dallas Morning News. El periódico estadunidense comparó el tipo de compromiso que negocian México y Washington con el paquete de ayuda antinarcóticos que a finales de la década de los 90 y por iniciativa del entonces presidente Clinton, aprobó el Congreso estadunidense para Colombia. Dicho programa, que tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington fue ampliado al combate contra las guerrillas de las FARC y el ELN, permitió canalizar 4.8 mil millones de dólares al país sudamericano −en su mayor parte los recursos fueron destinados a las fuerzas armadas− bajo determinados condicionamientos, incluido el adiestramiento por parte de oficiales del Pentágono, el FBI y la DEA al ejército y la policía locales dentro del territorio colombiano.
Fuentes consultadas por el Dallas Morning indicaron que en el caso del Plan México no ha habido “absolutamente ninguna conversación sobre el involucramiento del ejército de Estados Unidos” en territorio mexicano. Pero eso tampoco estuvo planteado en los comienzos del Plan Colombia. Más allá de la información proporcionada por el diario texano, es evidente que en los últimos años los organismos de seguridad estadunidenses −incluidos los de la llamada “comunidad de inteligencia”−, han consolidado su presencia en México. La penetración de los distintos cuerpos de seguridad, entre ellos, el FBI, la DEA, la CIA y diversas instancias militares y de espionaje del Pentágono, se ha venido incrementando desde la firma, en 2005, del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
El ASPAN es el TLC militarizado y responde a la agenda de Estados Unidos. Fue diseñado por el gobierno de Washington y empresas transnacionales del complejo militar industrial para afianzar y profundizar el largo proceso de integración silenciosa, subordinada, de México y Canadá a Estados Unidos. Y lo que es peor: el ASPAN funciona con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. ¿Si es la panacea y generará prosperidad, por qué la agenda del ASPAN es cerrada, semisecreta? ¿Por qué la información sobre los contenidos del ASPAN está clasificada? ¿Por qué la falta de transparencia? ¿Por qué no hay rendición de cuentas de manera pública? La agenda del ASPAN es secreta, porque bajo la cobertura gubernamental, son las grandes empresas las que llegan a acuerdos, mientras los gobiernos funcionan como meros ejecutores o facilitadores de los designios del gran capital privado.
A partir de ese acuerdo suscrito a nivel de los poderes ejecutivos por Estados Unidos, Canadá y México, cuyo objetivo estratégico es la construcción de Norteamérica como un solo espacio geográfico bajo el control de Washington, México quedó integrado al llamado “perímetro de seguridad” de Estados Unidos. Al calor del ASPAN, funcionarios de los tres países han suscrito una batería de cerca de 400 regulaciones −en su mayoría vinculadas al área de seguridad− que, entre otros rubros, contienen la homologación de las políticas de monitoreo de viajeros y bienes que lleguen de terceros países, incluidos los sistemas de visado, así como una categorización de “viajeros de alto riesgo” y “viajeros confiables”. Prevé, además, la futura aplicación de una “tarjeta inteligente” o de identificación biométrica para todos aquellos que quieran transitar con celeridad a través de las fronteras comunes de la región.
Como quedó establecido desde entonces, la creciente cercanía y coordinación de los aparatos de seguridad e inteligencia que esas regulaciones y otras medidas promueven, no se dan sólo por la “amenaza externa” (potenciales acciones terroristas), sino también por la “inseguridad interna”, que en el caso de México remite a la violencia desatada por el crimen organizado y la irrupción de nuevas formas de protesta social que son ilegalmente asimiladas al terrorismo. Como parte de las regulaciones firmadas, México y Estados Unidos acordaron combatir en forma binacional al crimen organizado con la creación de grupos de inteligencia para actuar en la frontera común. Como ocurrió ya en el caso de los agentes migratorios y aduanales estadunidenses, esa “regulación” abrirá, previsiblemente, la posibilidad de que agentes de seguridad e inteligencia de Estados Unidos operen en México, como lo han hecho siempre, pero ahora con cobertura legal.

La Verint Technology Incorporation, una avanzada del Plan México

Derivado de esos acuerdos, entre mayo de 2006 y mayo de 2007, al menos dos mil 100 agentes mexicanos de corporaciones federales, estatales y locales fueron entrenados por la DEA en cursos especializados en “el combate a las metanfetaminas” (drogas sintéticas). La DEA transfirió seis camiones para ser utilizados en operaciones contra los laboratorios de producción de ese tipo de drogas. No parece un dato baladí que David Gaddis, actual jefe de la oficina de la DEA en México, haya encabezado antes la misión de la agencia en Colombia. Asimismo, de acuerdo con un informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), en los últimos años las fuerzas armadas de México han sido las principales beneficiarias de los fondos antiterroristas de Estados Unidos en América Latina.
A su vez, un ejemplo concreto de tercierización o mercenarización de las tareas de seguridad del Estado mexicano en el territorio nacional, es la subcontratación de la empresa Verint Technology Incorporation por el Departamento de Estado estadunidense, para que realice espionaje en materia de comunicaciones desde unas instalaciones especialmente acondicionadas en la sede de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (Siedo), en la colonia Guerrero de la capital mexicana.
Según denuncias públicas recogidas por La Jornada, la empresa neoyorquina especializada en inteligencia y constituida por ex militares del Pentágono y ex agentes del FBI, funciona en los hechos como una avanzada del Plan México en las oficinas de la PGR en Reforma y Violeta. Su misión es monitorear o “captar” todas las comunicaciones privadas (correos, chat y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas) con el pretexto de combatir “el crimen organizado y el terrorismo”. La Verint, que ganó un contrato millonario publicado el 23 de febrero pasado en el sitio web de la administración pública estadunidense, se rige por los lineamientos impuestos desde la embajada de Estados Unidos en México en el marco de un proyecto del Buró Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley del país vecino. Es decir, la PGR hace la “talacha” y Estados Unidos se queda con la información producto del “espionaje de cuello blanco” que realiza una empresa privada. Por esa vía, el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense acentúan la dependencia de México en un área sensible para la seguridad nacional.
En ese contexto, la puesta en práctica del Plan México, con el monitoreo del espacio aéreo mexicano y el control de las telecomunicaciones, incluidas labores de escucha telefónica, así como los cursos de adiestramiento in situ en materia de terrorismo para policías y militares locales, sería una nueva vuelta de tuerca en pro de la formalización de la presencia de agentes de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en el territorio mexicano. Dicha tendencia, sumada al nuevo protagonismo de las fuerzas armadas en la vida nacional, permite conjeturar acerca de una virtual “colombianización” de México.
Otra de las recomendaciones en materia de seguridad provenientes del aparato policíaco-militar estadounidense y dirigida a los parlamentos o congresos de los tres países, era introducir modificaciones a las leyes penales para sancionar al “terrorismo internacional”. De eso ya se encargo el Senado mexicano a finales de abril.
A partir de todos estos antecedentes, y como advirtió en estas páginas John Saxe-Fernández, no queda duda que las contrarreformas calderonistas en materia de seguridad son parte de “la agenda policial-militar-judicial-penal” de Washington, ya que se encaminan no sólo a la adopción de medidas similares a las del “Estado de excepción” de Estados Unidos (Ley Patriota, de Comisiones Militares, Ley Marcial, etcétera), sino también, vía la eventual modificación o derogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, a permitir la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo, militar y terrestre, incluyendo las fuerzas especiales), en nuestro territorio y espacios marítimo y aéreo. Según las tendencias en curso, ello facilitaría tal vez en un futuro no muy lejano, el estacionamiento de portaviones y otras naves de guerra extranjeras en aguas territoriales de México, e incluso podría llegar a permitir, mediante autorización del Ejecutivo, la entrada de tropas extranjeras al país y la creación de bases militares tipo Manta, en el pacífico ecuatoriano o como Guantánamo en Cuba.
Huelga decir que por la gran asimetría con Estados Unidos, la militarización y transnacionalización de los “esfuerzos conjuntos” así como otros planes para el combate contra el crimen organizado y el terrorismo, impuestos por Washington mediante la presión y el chantaje, significan para México una mayor cesión de soberanía. De allí que sería deseable acabar con una conceptualización del problema de las drogas y la delincuencia organizada en término de “guerra”, y por extensión, de la supuesta “amenaza a la seguridad nacional o regional”. Cualquier tratado o convenio, formal o informal, de cooperación internacional militar, policial o judicial, a nivel operativo o de inteligencia, debería sujetarse por lo menos y previamente a una discusión y decisión parlamentaria abierta y de cara a la opinión pública.

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